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Irán: Las fuerzas de seguridad utilizan munición real y perdigones para sofocar las protestas de Juzestán

Las fuerzas de seguridad iraníes han desplegado fuerza ilegítima, que ha incluido disparos de munición real y perdigones, para sofocar las protestas mayoritariamente pacíficas que se están celebrando en la provincia meridional de Juzestán, manifestó hoy Amnistía Internacional. Imágenes de vídeo de la semana pasada unidas a relatos coincidentes recabados sobre el terreno indican que las fuerzas de seguridad utilizaron armas automáticas mortales, disparos con munición de efecto intrínsecamente indiscriminado y gas lacrimógeno para dispersar las manifestaciones.

Desde el estallido de las protestas en Juzestán el 15 de julio por la grave escasez de agua, las fuerzas de seguridad han matado al menos a ocho manifestantes y transeúntes, incluido un adolescente, en siete ciudades distintas. Según declaraciones oficiales, en Mahshar también murió por disparos un agente de policía. Decenas de personas, incluidos niños y niñas, han resultado heridas, incluso de perdigones, y hay varias hospitalizadas en estado crítico debido a heridas de bala. Las fuerzas de seguridad e inteligencia se han llevado a decenas de manifestantes y activistas, entre ellos muchos de la minoría árabe ahwazí, en detenciones masivas.

“El uso de munición real contra manifestantes desarmados que no constituyen un daño inminente para la vida es una violación horrenda por las autoridades de su obligación de proteger la vida. En Irán, los manifestantes que salen a la calle a expresar agravios económicos y políticos legítimos son recibidos con una avalancha de disparos, gas lacrimógeno y detenciones”, afirmó Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Las autoridades de Irán tienen un historial estremecedor de utilizar fuerza letal ilegítima. Los sucesos que se están produciendo en Juzestán recuerdan terriblemente a los de noviembre de 2019, cuando las fuerzas de seguridad cometieron cientos de homicidios ilegítimos de manifestantes y transeúntes por los que nunca fueron obligados a responder. Acabar con la impunidad es esencial para evitar un mayor derramamiento de sangre.” 

El uso de munición real contra manifestantes desarmados que no constituyen un daño inminente para la vida es una violación horrenda por las autoridades de su obligación de proteger la vida.

Diana Eltahawy, Amnistía Internacional

Amnistía Internacional pide a las autoridades iraníes que cesen inmediatamente en el uso de armas automáticas y de escopetas de perdigones, que tienen efectos indiscriminados, causan lesiones graves y dolorosas y son completamente inapropiadas para su uso en todas las situaciones de actuación policial. También deben dejar en libertad a todas las personas detenidas sólo por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de reunión y proteger de la tortura y otros malos tratos a todas las que están bajo custodia. Las autoridades también deben garantizar que las personas heridas pueden acceder a atención médica en hospitales de manera segura, sin correr peligro de detención arbitraria. Las autoridades iraníes también deben poner fin a las interrupciones y cierres intencionados de Internet en toda la provincia para restringir los derechos humanos.

En años recientes, se ha producido en Irán un agravamiento de la crisis del agua que ha privado a la población de su derecho al agua limpia y potable y ha desembocado en protestas en varios lugares, incluida la provincia de Juzestán. Investigadores ambientales afirman que las autoridades no han tomado medidas suficientes para abordar la crisis.

Pruebas de uso ilegítimo de la fuerza

Según los análisis realizados por el experto en armas de Amnistía Internacional, se oye el sonido de disparos efectuados con armas automáticas en varios de los vídeos relacionados con las protestas de la provincia de Juzestán —en concreto de las ciudades de Izeh, Ahvaz, Kut-e Abdollah, Susangerd y Shoushtar— que circulan en las redes sociales desde el 15 de julio.

Vídeo: disparos de armas automáticas

En otros vídeos —de Ahvaz, Khorramshahr, Mahshahr, Shavur, Shoush y Susangerd— se oye el sonido de disparos sueltos que sólo pueden corresponder a la descarga de munición real, perdigones o munición menos letal como proyectiles de impacto cinético.

Vídeo: disparos de escopetas 

En un vídeo en el que se escuchan disparos sueltos, se ve avanzar a efectivos de las fuerzas de seguridad con equipos antidisturbios, algunos de ellos en motocicleta, hacia una concentración de manifestantes desarmados. Mientras se escuchan los disparos, se ve cómo los manifestantes huyen en la dirección contraria. En otro vídeo, se ve a un miembro de las fuerzas de seguridad disparar una escopeta a un objetivo fuera de cámara. En otro vídeo, se ve a un agente de policía correr hacia una multitud abriendo fuego con una escopeta mientras que miembros armados de las fuerzas de seguridad cercanos disparan lanzagranadas.

En al menos un vídeo, se ve a varios hombres armados persiguiendo a un manifestante que huye hacia una calle lateral tranquila mientras que de fondo se oye una mezcla de disparos de armas automáticas y disparos individuales. Se ve cómo el manifestante se desploma en el suelo durante la huida. Según la información recibida por Amnistía Internacional de un defensor de los derechos humanos de la minoría árabe ahwazí, los hombres armados eran miembros de las fuerzas de seguridad que detuvieron al manifestante.

Aunque Amnistía Internacional no pudo verificar la identidad de quienes efectúan los disparos en todos los vídeos, en algunas de las imágenes se escucha decir a los manifestantes filmados o a quienes filman que las fuerzas de seguridad están disparando contra los manifestantes o al aire.

En todos menos dos de los fragmentos de vídeo que examino Amnistía Internacional, los manifestantes están desarmados y claramente no representan ninguna amenaza para la vida que alcance el umbral de uso de fuerza letal que establece el derecho internacional. Abundantes imágenes de vídeo indican que las manifestaciones fueron mayormente pacíficas, aunque en algunos lugares, al intensificar las fuerzas de seguridad la represión, algunos manifestantes cortaron las carreteras con neumáticos ardiendo, arrojaron piedras e incendiaron y dañaron vehículos estatales. En algunos vídeos se oyen disparos mientras los manifestantes huyen, por lo que no podían representar ningún peligro para las fuerzas de seguridad.

Los dos fragmentos de vídeo mencionados supra, supuestamente del 20 en Ahvaz, fueron publicados por la agencia de noticias Fars, afín al Estado iraní. En el primero se ve a un único hombre armado disparando fuera de cámara de pie junto a un grupo de hombres desarmados; en el otro se ve a un hombre sentado en el asiento trasero de una motocicleta en marcha disparando al aire.

Víctimas identificadas

Según la información obtenida de fuentes bien informadas, las fuerzas de seguridad han matado al menos a ocho manifestantes y transeúntes, incluido un adolescente, desde el comienzo de las protestas.

Son Mostafa Asakereh (Naimavi), en Shadegan; Ghassem Naseri (Khozeiri) en Kut-e Abdollah; Isa Baledi y Meysam Achrash, en Taleghani; Hamzeh (Farzad) Fereisat, en Ahvaz; Mehdi Chanani, en Shoush; Hamid Mojadam (Jokari), en Chamran; y un adolescente, Hadi Bahmani, en Izeh. Las muertes se produjeron a raíz de incidentes los días 16, 19, 20 y 21 de julio.

Defensores y defensoras de los derechos humanos sobre el terreno han informado de que, en varias ciudades de la provincia, muchos manifestantes heridos no acuden al hospital para recibir tratamiento por temor a ser detenidos. Un defensor de los derechos humanos contó a Amnistía Internacional que el 21 de julio, agentes de seguridad e inteligencia detuvieron a varios manifestantes heridos en un hospital de Susangerd.

Desmentido y encubrimiento del Estado

Hasta ahora, los funcionarios del gobierno iraní y medios de noticias afines al Estado sólo han reconocido la muerte de “cuatro miembros del público”. Han culpado de las muertes a “alborotadores” armados no identificados sin presentar pruebas, como ya hicieran tras las protestas de noviembre de 2019 celebradas en todo el país. 

El 17 y el 18 de julio, la agencia de noticias Fars publicó sendas entrevistas en vídeo a familiares de Mostafa Asakereh (Naimavi) y Ghassem Naseri (Khozeiri), dos de los hombres muertos en las manifestaciones. Dijeron que sus seres queridos fallecidos “no eran el tipo de personas que se involucran en disturbios” y eximieron de responsabilidad al gobierno.

Una fuente con conocimiento directo de Irán contó a Amnistía Internacional que agentes de inteligencia vestidos de civil visitaron a los familiares de Ghassem Naseri (Khozeiri) poco después de su muerte y los coaccionaron para que leyesen a cámara una declaración previamente elaborada.

Los medios informativos del Estado iraní, en colaboración con sus cuerpos de seguridad e inteligencia, tienen una larga trayectoria de elaborar y difundir vídeos de propaganda con declaraciones de víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares hechas bajo coacción.

“Hemos pedido una y otra vez el fin de la impunidad sistemática que sigue perpetuando el derramamiento de sangre, como se ha visto en la represión brutal de las protestas de Juzestán. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe establecer urgentemente un mecanismo de recogida y análisis de pruebas de los crímenes más graves de derecho internacional a fin de facilitar unas actuaciones penales justas e independientes”, manifestó Diana Eltahawy.

Metodología

El personal investigador de Amnistía Internacional y el Evidence Lab del Programa de Respuesta a las Crisis de la organización analizaron decenas de vídeos de lugares de protesta de toda la provincia de Juzestán que han circulado en las redes sociales desde el 15 de julio.

La organización también examinó varias fotografías y dos vídeos en los que se aprecia el patrón de rociado clásico de las heridas provocadas por perdigones en el cuerpo de varios manifestantes.

Además, Amnistía Internacional habló con dos fuentes primarias sobre el terreno que poseían información directa sobre dos de las personas fallecidas, así como con cuatro defensores de derechos humanos y dos periodistas radicados fuera de Irán que se habían comunicado con testigos presenciales, activistas y periodistas locales, y familiares, vecinos y amigos de las víctimas. La interrupción de los servicios de Internet en la provincia desde que comenzaron las protestas ha impedido a Amnistía Internacional realizar más entrevistas exhaustivas a fuentes sobre el terreno. 

Amnistía Internacional también hizo un seguimiento de los medios de noticias iraníes afines al Estado y de medios de comunicación independientes radicados fuera del país.