- Un nuevo informe concluye que las autoridades iraníes cometieron crímenes de lesa humanidad durante su sangrienta represión del levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022
- Una investigación en profundidad saca a la luz la cadena de mando responsable de aplicar la política estatal de uso de fuerza letal para sofocar las protestas e identifica a 87 altos cargos que deben ser objeto de investigación por crímenes de lesa humanidad
- Las autoridades iraníes dirigieron de forma desproporcionada su represión letal contra las comunidades kurda y baluchi y las sometieron al crimen de lesa humanidad de persecución
- La Asamblea General de la ONU debe crear un mecanismo de justicia penal internacional para combatir la impunidad por los reiterados homicidios masivos de manifestantes, que culminaron en las masacres cometidas durante las protestas de enero de 2026
- El informe se publica en medio de las hostilidades armadas que se prolongan desde los ataques ilegales de Estados Unidos e Israel, lo que subraya la necesidad de un alto el fuego duradero y de rendición de cuentas por las violaciones de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional humanitario
En un nuevo e histórico informe que se publica con motivo del cuarto aniversario del inicio del levantamiento Mujer, Vida, Libertad, Amnistía Internacional advierte de que los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos para sofocar brutalmente las protestas que se extendieron por todo Irán en 2022 siguen controlando hoy la mortífera maquinaria estatal de represión del país.
El informe, Arquitectos de atrocidades: cómo la maquinaria estatal organizó crímenes de lesa humanidad en el levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022 en Irán, de más de 1.000 páginas, detalla cómo las autoridades iraníes cometieron los crímenes de lesa humanidad de asesinato, tortura, desaparición forzada, encarcelamiento, violación y persecución por motivos políticos, de género, étnicos y religiosos para sofocar el levantamiento. Asimismo, documenta operaciones letales de represión de protestas y estructuras de mando, e identifica a 87 altos cargos que deben ser objeto de investigación penal por crímenes de lesa humanidad.
Amnistía Internacional pide la creación urgente de un mecanismo de justicia penal internacional por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la ONU, con el fin de garantizar que las autoridades iraníes responsables de crímenes de lesa humanidad rindan cuentas y de impedir nuevas atrocidades, como las masacres a gran escala de manifestantes cometidas los días 8 y 9 de enero de 2026.
Ante las hostilidades en curso tras los ataques ilegales de Estados Unidos e Israel contra Irán, Amnistía Internacional reitera también su llamamiento en favor de un alto el fuego duradero y de investigaciones independientes sobre los ataques cometidos durante el conflicto. La organización pide a la ONU que aborde la rendición de cuentas por las violaciones de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional humanitario, incluidos posibles crímenes de guerra.
“Las abundantes pruebas recopiladas y analizadas en nuestro informe no dejan lugar a dudas: las autoridades iraníes cometieron crímenes de lesa humanidad para sofocar el levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022. Lanzaron un ataque generalizado y sistemático contra una población civil que exigía dignidad, derechos humanos y un cambio político fundamental, de conformidad con una política estatal de uso de fuerza letal para aniquilar la disidencia”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Nuestro informe revela cómo los crímenes de lesa humanidad en Irán se sustentan en una arquitectura de impunidad integrada en los marcos constitucional, legislativo, político y judicial del país.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
“Nuestro informe revela también cómo los crímenes de lesa humanidad en Irán se sustentan en una arquitectura de impunidad integrada en los marcos constitucional, legislativo, político y judicial del país. El espantoso resultado ha sido la intensificación de los ciclos de homicidios masivos de manifestantes, que culminaron en las masacres de miles de manifestantes en tan sólo 48 horas, los días 8 y 9 de enero de 2026. La Asamblea General de la ONU debe poner fin a la inadmisible normalización de los homicidios masivos de manifestantes en Irán y crear un mecanismo de justicia penal internacional destinado a procesar a las personas más implicadas en crímenes de lesa humanidad.
“Este informe se publica mientras la población de Irán se enfrenta también a las devastadoras consecuencias de los ataques ilegales de Estados Unidos e Israel. Amnistía Internacional se opone inequívocamente a las violaciones del derecho internacional por todas las partes y rechaza cualquier intento de instrumentalizar el sufrimiento de las víctimas de violaciones de derechos humanos en Irán para justificar ataques ilegales que causan más daños a la población civil.
“Durante años, la población iraní ha sufrido represión brutal, persecución e impunidad a manos de sus propias autoridades. Hoy, muchas personas soportan además el coste humano de la acción militar ilegal de Estados Unidos e Israel. Una respuesta basada en principios exige rechazar tanto la impunidad por los crímenes de lesa humanidad como el uso ilegítimo de la fuerza. La comunidad internacional debe aplicar estrategias diplomáticas centradas en las personas que sitúen en su núcleo la protección de la población civil, la prevención de atrocidades, la justicia y la rendición de cuentas. Tras más de seis meses de ataques aéreos que han causado muertos y heridos entre la población civil, han dañado el medio ambiente y han provocado una destrucción considerable de infraestructuras civiles, se necesita con urgencia un alto el fuego duradero, junto con investigaciones independientes y medidas de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la ONU para abordar la rendición de cuentas por las violaciones de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional humanitario y los posibles crímenes de guerra cometidos por todas las partes en el conflicto”.
El informe de Amnistía Internacional, publicado cuatro años después de que la muerte bajo custodia de Zhina Mahsa Amini a manos de la policía “de la moral” desencadenara protestas en todo el país, documenta cómo las autoridades iraníes movilizaron a fuerzas de seguridad equipadas con armas de fuego de uso militar y escopetas cargadas con perdigones de metal, y emitieron órdenes que facilitaron el homicidio ilícito de centenares de manifestantes y transeúntes, entre ellos decenas de niños y niñas. Los crímenes de lesa humanidad también incluyeron la detención arbitraria, la desaparición forzada y la tortura u otros malos tratos de miles de hombres, mujeres, niños y niñas, así como la persecución de los familiares de las personas fallecidas.
Junto con el informe, Amnistía Internacional publica también Lives Cut Brutally Short: Victims of Crimes Against Humanity During Iran’s 2022 Woman Life Freedom Uprising, un documento que registra la muerte de 377 manifestantes y transeúntes, 56 de ellos niños y niñas, basado en la información y las pruebas recopiladas en el marco de la investigación de la organización sobre los patrones de homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad en todo el país. El documento incluye fotografías de las víctimas e imágenes de sus lugares de enterramiento cuando se dispone de ellas.
Además de instar a la Asamblea General de la ONU a crear un mecanismo de justicia penal internacional, habida cuenta del bloqueo político en el Consejo de Seguridad de la ONU, la gravedad y la escala de los crímenes cometidos y el alto riesgo de recurrencia, Amnistía Internacional insta también a los Estados a que pidan al Consejo de Seguridad de la ONU que remita la situación de Irán a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
La organización insta también a las autoridades fiscales de todo el mundo a que inicien investigaciones, en virtud de la jurisdicción universal u otras formas de jurisdicción extraterritorial, contra los altos cargos iraníes presuntamente responsables de crímenes de lesa humanidad, incluidos los nombrados en este informe, y a que, cuando existan pruebas suficientes, dicten órdenes de detención.
La investigación que Amnistía Internacional ha llevado a cabo durante años para este informe incluyó entrevistas con 270 personas, entre ellas manifestantes, personas que habían estado detenidas, familiares de personas muertas o detenidas, testigos presenciales, profesionales de la abogacía, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y personal sanitario. La organización también analizó más de 2.000 vídeos y abundante documentación probatoria, incluidas declaraciones oficiales, documentos oficiales filtrados, órdenes de enjuiciamiento, sentencias judiciales y documentación forense.
Amnistía Internacional escribió al líder supremo de Irán y a altos cargos de seguridad para comunicarles sus conclusiones y notificar a los 87 altos cargos identificados en el informe. En el momento de la publicación, no había recibido respuesta alguna.
Un ataque a escala nacional de conformidad con una política estatal
Las investigaciones de Amnistía Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos para sofocar el levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022 revelaron que dos fuerzas de seguridad principales, la Guardia de Seguridad de la Revolución Islámica (IRGC) y la Jefatura de Policía de la República Islámica de Irán (conocida por su acrónimo persa, FARAJA), dirigieron dispersiones letales de protestas en aplicación de la política estatal concebida a través del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el Consejo de Seguridad del Estado y los consejos de seguridad provinciales y comarcales.
Los agentes de la FARAJA y de la IRGC dispararon reiteradamente contra multitudes, utilizando fusiles de asalto de uso militar, pistolas y escopetas cargadas con perdigones de metal. Además de disparar contra multitudes, persiguieron a manifestantes y transeúntes que huían, acorralaron a víctimas desarmadas que no representaban ninguna amenaza para las fuerzas de seguridad ni para otras personas, y las mataron disparándoles a corta distancia.
Entre las ramas de la FARAJA implicadas estaban la Policía de Prevención, incluidas sus Unidades de Asistencia, y las Unidades Especiales. Entre las ramas de la IRGC implicadas estaban las divisiones operativas, las Unidades de Seguridad provinciales y diversos batallones Basij, como los Batallones Imam Ali y los Batallones Beit Al-Moghaddas. Estas ramas operaban bajo el mando del correspondiente cuerpo provincial de la IRGC, supervisado a su vez por un cuartel general regional de esta fuerza.
Las declaraciones oficiales y los documentos filtrados analizados en el informe revelan la política estatal, reflejada en reuniones estratégicas, órdenes vinculantes, planes de despliegue, asignaciones de dinero y armas, e instrucciones para dar una respuesta “firme y severa”. Una orden filtrada indicaba a las fuerzas que debían “responder sin piedad y llegar incluso a causar la muerte”.
Los testigos describieron reiteradamente calles que parecían campos de batalla a causa de los disparos incesantes de las fuerzas de seguridad. Mahshid, que participó en las protestas de Mahabad, provincia de Azerbaiyán Occidental, contó a Amnistía Internacional: “Nunca había visto escenas semejantes […] La situación daba mucho miedo, era como una zona de guerra. Las fuerzas de seguridad no dejaban de disparar”.
La mayoría de los 377 manifestantes y transeúntes cuya muerte registró Amnistía Internacional murieron a manos de las fuerzas de seguridad durante dispersiones de protestas entre septiembre y diciembre de 2022. Otras personas murieron bajo custodia, tras quedar en libertad o en circunstancias sospechosas que sugieren la responsabilidad del Estado.
En consonancia con sus arraigados patrones de negación y encubrimiento, las autoridades han reconocido sólo 202 muertes y han atribuido falsamente la mayoría a agentes no estatales, “alborotadores” o “terroristas armados”, pese a las abrumadoras pruebas en sentido contrario. Lejos de actuar para detener los crímenes a medida que se acumulaban las pruebas, altos cargos elogiaron reiteradamente a las fuerzas de seguridad y ordenaron que continuaran las operaciones.
Un total de 87 altos cargos identificados para investigación penal
Amnistía Internacional ha identificado a 87 altos cargos iraníes que deben ser objeto de investigación penal por crímenes de lesa humanidad, basándose en la documentación detallada de las fuerzas de seguridad implicadas y en un análisis en profundidad de sus estructuras de mando.
La lista, aunque no es exhaustiva, abarca desde las más altas instancias del aparato de seguridad de Irán hasta cargos que ejercen sus funciones en el ámbito provincial y comarcal.
La lista de 87 personas comprende 62 mandos de las fuerzas de seguridad (33 de la IRGC y 27 de la FARAJA) y 25 altos cargos del Ministerio del Interior, incluidos gobernadores provinciales y comarcales. Entre ellas hay 10 altos cargos de ámbito nacional y 77 cargos de ámbito regional, provincial y comarcal con responsabilidades relacionadas con las 17 comarcas de las provincias de Kurdistán, Kermanshah y Azerbaiyán Occidental sobre las que Amnistía Internacional llevó a cabo investigaciones en profundidad.
Entre las personas identificadas figuran el difunto líder supremo y comandante en jefe de todas las fuerzas armadas, Ali Jamenei, y el difunto jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Mohammad Bagheri, que murieron en febrero de 2026 en ataques aéreos llevados a cabo durante la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán. Amnistía Internacional también nombra al entonces ministro del Interior, Ahmad Vahidi, que desde entonces ha pasado a ser general al mando de la IRGC, y al entonces viceministro del Interior para asuntos policiales y de seguridad, Majid Mir Ahmadi.
Esta investigación pone al descubierto las capas de mando y coordinación que hay detrás de la represión mortífera de las protestas por parte de las autoridades iraníes.
Agnès Callamard
“Esta investigación pone al descubierto las capas de mando y coordinación que hay detrás de la represión mortífera de las protestas por parte de las autoridades iraníes. Los agentes desplegados en las calles operaban dentro de una cadena de mando jerárquica y coordinada que los vinculaba con altos cargos que dirigieron, permitieron, facilitaron y respaldaron crímenes cometidos a escala masiva”, ha declarado Agnès Callamard.
“Los altos cargos nombrados siguen fuera del alcance de la justicia en Irán. La mayoría continúa en puestos desde los que puede desatar una nueva represión mortífera, y algunos incluso han ascendido en la cadena de mando tras los crímenes de lesa humanidad de 2022. El coste de la impunidad continuada ha sido devastador. Ya es más que hora de establecer un mecanismo de justicia penal internacional para Irán, antes de que se produzca otra masacre de manifestantes”.
Un impacto devastador en las comunidades kurda y baluchi
Las personas manifestantes de las perseguidas comunidades baluchi y kurda de Irán sufrieron la represión letal de forma devastadora: representan el 62% del total de víctimas registradas, pese a constituir, respectivamente, el 5% y entre el 10% y el 15% de la población del país.
Amnistía Internacional registró el homicidio ilícito de 106 manifestantes y transeúntes baluchis, entre ellos 20 niños y niñas, a manos de las fuerzas de seguridad en la provincia de Sistán y Baluchistán (el 33% de las víctimas registradas). Tan sólo el 30 de septiembre de 2022, 87 personas fueron víctimas de homicidio ilícito cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego tras los rezos del viernes en Zahedán, en una operación de represión ampliamente conocida como el “Viernes Sangriento”.
La organización también documentó las circunstancias que rodearon el homicidio ilícito de 95 manifestantes y transeúntes kurdos, entre ellos 13 niños y niñas, en el contexto de dispersiones de protestas o en zonas militarizadas cercanas a protestas que se estaban celebrando o se habían celebrado hacía poco tiempo, en 17 comarcas de las provincias de Kurdistán, Kermanshah y Azerbaiyán Occidental (el 29% de las víctimas registradas). La mayoría murieron por disparos; otras personas murieron por palizas, por el impacto de botes de gas lacrimógeno o atropelladas deliberadamente por vehículos de las fuerzas de seguridad.
Iman, testigo presencial en Sanandaj, provincia de Kurdistán, contó: “Los agentes disparaban a quien entrara en su campo de visión, daba igual que fueran mujeres, niños, niñas, transeúntes o manifestantes”.
Amnistía Internacional constató que, en las provincias de Kermanshah, Kurdistán y Azerbaiyán Occidental, las fuerzas de seguridad desplegaron de forma sistemática fusiles de tirador designado, fusiles de asalto, metralletas y ametralladoras pesadas montadas en camionetas.
Amnistía Internacional ha concluido que se cometieron actos de asesinato y tortura contra manifestantes kurdos y baluchis con intención discriminatoria por motivos políticos y étnicos, y que se cumplen los requisitos para determinar que se ha cometido el crimen de lesa humanidad de persecución contra estos grupos.
Impunidad intencionada
En Irán, la impunidad por los crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos es sistémica e intencionada.
La Constitución de Irán sitúa el sistema de justicia bajo el control directo del líder supremo, que no sólo es el comandante en jefe de las fuerzas de seguridad, sino que además nombra al presidente de la Magistratura, quien a su vez nombra a los jueces y fiscales de mayor rango. Los casos de violaciones graves de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad los tramitan fiscalías y tribunales militares, en los que los propios jueces y fiscales pueden proceder de las fuerzas de seguridad y se basan habitualmente en las versiones de los mismos organismos de seguridad implicados en los crímenes.
La Ley sobre el Uso de Armas de Fuego por las Fuerzas Armadas en Casos Necesarios de Irán permite el uso de armas de fuego para dispersar protestas, en flagrante desprecio del derecho internacional, que sólo permite el uso de armas de fuego como último recurso para hacer frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. La ley también exime, con carácter general, a los agentes del Estado de responsabilidad civil y penal.
“Los sobrevivientes y las familias de las víctimas en Irán han quedado atrapados en un sistema en el que las mismas instituciones destinadas a impartir justicia están controladas por autoridades con las manos manchadas de sangre. Las familias que buscan verdad y justicia son perseguidas”, ha declarado Agnès Callamard.
Dirigir las peticiones de rendición de cuentas a unas autoridades judiciales iraníes que son cómplices de crímenes de lesa humanidad es algo alejado de la realidad. La comunidad internacional debe impulsar vías internacionales hacia la justicia ahora mismo.
Agnès Callamard
“Dirigir las peticiones de rendición de cuentas a unas autoridades judiciales iraníes que son cómplices de crímenes de lesa humanidad es algo alejado de la realidad. La comunidad internacional debe impulsar vías internacionales hacia la justicia ahora mismo. La Asamblea General de la ONU debe hacer frente a la crisis de impunidad que expone a la población de Irán a homicidios masivos de manifestantes cada vez más frecuentes y graves”.
Información complementaria
Amnistía Internacional publica este informe mientras la población de Irán corre el riesgo de sufrir crímenes de derecho internacional en dos frentes. En uno de ellos, está expuesta a violaciones del derecho internacional humanitario desde que Estados Unidos e Israel atacaron ilegalmente a Irán, en violación de la Carta de las Naciones Unidas, el 28 de febrero de 2026.
En el otro, corre el riesgo de sufrir nuevos crímenes de lesa humanidad en el contexto de la represión de las protestas. Las autoridades iraníes han utilizado el pretexto de las “condiciones bélicas” para intensificar la represión interna: han militarizado aún más los espacios públicos, han amenazado abiertamente con cometer matanzas masivas de manifestantes y disidentes, y han recrudecido las ejecuciones arbitrarias por motivos políticos.
Irán se ha visto sacudido por sucesivas oleadas de protestas contra el sistema desde diciembre de 2017, con manifestantes que han salido reiteradamente a las calles para exigir derechos humanos, dignidad, libertad, el fin del sistema de la República Islámica y la transición a un nuevo sistema de gobierno que respete los derechos. La amplia investigación de Amnistía Internacional sobre la respuesta de las autoridades a las sucesivas oleadas de protestas de diciembre de 2017-enero de 2018, noviembre de 2019, septiembre-diciembre de 2022 y enero de 2026 revela un patrón recurrente de homicidios ilícitos masivos, tortura, desaparición forzada y otros crímenes de derecho internacional.