En respuesta a la adopción de la resolución sobre rendición de cuentas en materia climática aprobada hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas por abrumador consenso, Camile Cortez, directora de campañas sobre Justicia Climática de Amnistía Internacional, ha declarado:
“La votación de hoy constituye un importante paso adelante para progresar hacia la justicia climática. Al adoptar esta resolución, los Estados han reconocido que tienen el deber legal de abordar la profunda crisis de derechos humanos generada por el cambio climático, tal como se expuso en la opinión consultiva emitida en 2025 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Esta resolución da un nuevo impulso para garantizar la rendición de cuentas por los daños causados a los derechos humanos por cambio climático, y para proteger a las generaciones actuales y futuras”.
En un momento en el que la fragmentación entre naciones es más visible que nunca, la resolución de la ONU respaldando la opinión de la CIJ sobre el clima ofrece una nueva vía para la cooperación internacional. Las decisiones políticas y autoritarias de algunos dirigentes mundiales, como la de dar marcha atrás a protecciones climáticas y revocar normativas sobre la eliminación gradual de los elementos que provocan el cambio climático, han debilitado el progreso global justo cuando necesitamos una acción climática más enérgica. Solamente la infraestructura de los combustibles fósiles representa riesgos para la salud y los medios de vida de al menos 2.000 millones de personas en el mundo, aproximadamente una cuarta parte de la población mundial.
“Esta nueva resolución de la ONU allana el camino para que los gobiernos muestren que defienden la justicia climática, y tiene el potencial de moldear la rendición de cuentas global en materia climática en los años venideros.”
Esta nueva resolución de la ONU allana el camino para que los gobiernos muestren que defienden la justicia climática, y tiene el potencial de moldear la rendición de cuentas global en materia climática en los años venideros.
Camile Cortez, directora de campañas sobre Justicia Climática de Amnistía Internacional
Información complementaria:
La resolución de la ONU sobre rendición de cuentas en materia climática trata de convertir la opinión consultiva de la CIJ sobre las obligaciones de los Estados en relación con la “amenaza urgente y existencial” que representa el cambio climático en una hoja de ruta para la adopción de medidas concretas y la rendición de cuentas.
Vanuatu, que ha advertido en reiteradas ocasiones de que podría desaparecer ante el aumento del nivel del mar, lideró los esfuerzos para que se aprobara la resolución. La nación insular y archipiélago del Pacífico también había encabezado anteriormente la ofensiva diplomática en favor de la opinión consultiva de la CIJ de 2025 mediante una campaña activa iniciada por un grupo de jóvenes estudiantes de Derecho. En una poco habitual opinión unánime, la CIJ dejó claro que proteger el sistema del clima global es una obligación legal, no una opción política. No hacerlo amenaza los derechos humanos y el bienestar de las generaciones actuales y futuras. La CIJ también declaró que los países deben actuar de forma conjunta para remediar los daños existentes y prevenir más estragos climáticos.
En un intento de “poner en funcionamiento” esta opinión consultiva de la CIJ, un grupo principal de Estados, con representación interregional de Vanuatu, Barbados, Burkina Faso, Colombia, Jamaica, Kenia, las Islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia, el Reino de los Países Bajos, Palau, Filipinas, Singapur y Sierra Leona, contribuyó a la primera versión del “borrador cero” de la resolución adoptada hoy. Pueden consultar nuestro documento explicativo sobre la resolución de la ONU en materia climática aquí.