Entre abril y julio de 2009, agentes de policía efectuaron incursiones en los pueblos de las tierras altas de Papúa Nueva Guinea, desalojando a la fuerza a las personas de sus casas, incendiándolas y destruyendo sus pertenencias, sus huertos y su ganado. Estos incidentes tuvieron lugar en la zona del contrato especial de arrendamiento minero (CEAM) dentro de la cual la empresa conjunta Porgera Joint Venture (PJV) explota una de las mayores minas del país.
