Por Audrey Gaughran, directora de Asuntos Temáticos Globales de Amnistía Internacional
Acabo de salir de Katanga, en la República Democrática del Congo, donde mi colega Lisa Tassi y yo hemos dado seguimiento al trabajo de Amnistía internacional sobre minería y derechos humanos en la región.
En algunos aspectos, es fácil hacerlo. Además de la minería –en su mayor parte de cobre y cobalto–, bien poco sucede en el sur de Katanga. Pero se emplean dos métodos muy diferentes para extraer estos minerales.La minería industrial, en la que intervienen grandes compañías multinacionales, se gestiona desde oficinas con aire acondicionado y se lleva a cabo con maquinaria pesada; la minería artesanal en pequeña escala la llevan a cabo, con frecuencia en condiciones de calor sofocante, hombres (y en algunos casos chicos de menos de 18 años) que trabajan con herramientas básicas.
La minería artesanal puede ser un pésimo negocio. Además de padecer duras condiciones de trabajo, muchos creuseurs –término francés que significa “excavadores” y que se emplea en la zona para designar a los mineros– son explotados sin piedad por comerciantes que les compran el mineral en una cadena de suministro en gran medida opaca. En teoría, el Estado ejerce cierta supervisión sobre el sistema, pero la realidad es muy diferente.
Amnistía internacional ha publicado este mismo año un informe (no disponible en español) que saca a la luz las terribles condiciones en una explotación minera artesanal de Katanga llamada Tilwezembe. Una de las cosas que intentamos desentrañar en nuestra nueva visita es el verdadero destino de los minerales de yacimientos como Tilwezembe. Los comerciantes son clave en este proceso.
Pero la cadena de suministro para sacar de Katanga los minerales extraídos por los creuseurs es compleja. Funciona prácticamente sin ninguna supervisión, y sin ningún rastro documental digno de mención que permita seguir la trayectoria desde la fuente hasta la exportación.
Entre los comerciantes de minerales de Katanga, hay personas que compran y venden a título individual además de empresas comerciales independientes, algunas de las cuales también se ocupan del tratamiento del mineral. En algunos casos, los creuseurs trabajan en yacimientos mineros controlados por estas empresas comerciales. El Estado (o la compañía minera estatal, Gécamines) concede el control a estas empresas, pero parece imponer pocas salvaguardias. Y así, los creuseurs que trabajan en el yacimiento –en muchos casos mediante un acuerdo entre el comerciante y una cooperativa minera artesanal– están obligados a vender directamente a la empresa comercial, sin que exista ningún sistema que garantice que obtienen un precio justo.
Los creuseurs, que pueden trabajar bajo tierra durante muchas horas al día, denuncian regularmente que se sienten engañados por este sistema en el que tienen que aceptar lo que se les ofrece sin posibilidad de cuestionar a los comerciantes. Como tienen que sobrevivir, no les queda otra elección que aceptar estas condiciones comerciales injustas.
También se ha hecho muy poco para garantizar la seguridad en los yacimientos mineros artesanales, y cada año decenas de creuseurs pierden la vida o resultan gravemente heridos. Aunque SAESSCAM –la agencia del gobierno encargada de proporcionar formación y asistencia a los mineros artesanales– está presente generalmente en estos yacimientos, no dispone de recursos suficientes y su poder es limitado.
En esta última semana hemos intentado averiguar qué camino siguen el cobre y el cobalto que se extrae en condiciones tan terribles. Gran parte se envía a China, pero ¿quién lo compra? ¿Podemos hablar con los compradores? La respuesta es no, porque el complejo conducto comercial de Katanga hace casi imposible seguir la trayectoria del mineral mientras cambia de manos de un yacimiento minero artesanal a un comerciante, a una empresa de tratamiento, a la exportación, y mucho menos seguirle la pista hasta el destino final.
En Kolwezi, centro de gran parte del comercio de cobre y cobalto, visitamos un almacén donde decenas de comerciantes (congoleños y extranjeros) compran a los creuseurs que llegan en bicicleta con sacos de minerales. Algunos creuseurs nos dicen que aquí no se hacen preguntas: llevan mineral y lo venden; ningún comprador sabe de dónde viene el mineral. Ellos, por su parte, no tienen modo de medir la concentración del mineral que han extraído. Y aceptan el precio. Pero nos dicen que aquí, al menos, tienen libertad para ofrecer su mineral a diversos comerciantes y venderlo al mejor postor.
En cambio, los creuseurs que trabajan en yacimientos controlados por empresas comerciales se enfrentan a un monopolio. Un hombre al que conocimos en el almacén de Kolwezi nos dijo que trabajaba en un yacimiento controlado por un comerciante y que había sacado a escondidas un poco de mineral para venderlo en el almacén, pues el precio en el yacimiento era demasiado bajo para las horas de trabajo invertidas y pensaba que no le ofrecían un trato justo.
Hablamos con algunos compradores en uno de los muchos puestos comerciales del almacén; en este caso, un grupo de chinos y congoleños que habían montado un mostrador improvisado y tenían una balanza, una calculadora y una caja registradora. No se mostraron demasiado contentos al vernos, y con educación –pero con firmeza– eludieron nuestras preguntas sobre la procedencia y el destino del mineral. Viene de todo Katanga y va a diversas compañías de tratamiento, dicen. No podemos ver ningún papel, y cuando preguntamos por el registro documental, los comerciantes no responden.
Los comerciantes venden a otros dentro de Katanga, donde se lleva a cabo el tratamiento (o no) del mineral antes de enviarlo fuera del país, a menudo en camiones que cruzan la frontera con Zambia. La documentación relativa a la exportación se cumplimenta y se presenta, pero en esta fase del proceso se ha ocultado ya el origen de los minerales.
La vida del creuseur es dura. Las autoridades congoleñas pueden –y deben– hacer más para proteger a estas personas de las condiciones de trabajo nocivas y de explotación. Pero quienes compran el mineral a lo largo de la cadena de suministro también pueden marcar la diferencia si insisten en conocer de qué yacimientos proceden los minerales, las condiciones reinantes en el yacimiento y las condiciones en las que se comercializa. Hay que hacer preguntas clave y verificar la información. Sin embargo, esta clase de diligencia debida es imposible si no existen un registro y una supervisión adecuados, y si los comerciantes pueden comprar y exportar sin que nadie pueda saber si los minerales se han extraído en condiciones atroces.
En otras zonas de la República Democrática del Congo, como los Kivus, Maniema y el norte de Katanga, se ha introducido un sistema para seguir la trayectoria del estaño, el tantalio, el tungsteno y el oro y para elaborar documentación. Si se puede hacer en estas zonas, ¿por qué no extender el programa al sector del cobalto y el cobre de Katanga?
Las iniciativas para garantizar unas condiciones de trabajo justas para los creuseurs deben tener en cuenta el hecho de que para muchos habitantes de Katanga no existe prácticamente ningún otro medio de subsistencia. La respuesta no es impedir la minería artesanal sino convertirla en un negocio más seguro y justo hasta que se encuentren soluciones a más largo plazo.
Más información:
La industria minera china contribuye a la comisión de abusos en la República Democrática del Congo (comunicado de prensa, 19 de junio de 2013)
Profits and loss: Mining and human rights in Katanga, Democratic Republic of the Congo (noticia e informe, 19 de junio de 2013)