Por Duncan Tucker y Jan-Albert Hootsen*

Una pequeña cruz de metal, casi escondida entre la maleza reseca, señala el lugar donde el periodista Gustavo Sánchez Cabrera fue abatido a tiros. Este modesto memorial, en el que sólo está escrito su nombre en letras mayúsculas blancas, se alza al borde de una carretera sin pavimentar que lleva al pueblo de Morro de Mazatán, donde Sánchez vivía con su esposa y su hijo de 15 años, en el estado sudoccidental de Oaxaca.

Sánchez viajaba en su motocicleta con su hijo hacia las 8 de la mañana del 17 de junio de 2021 cuando dos hombres que circulaban en un automóvil los embistieron y les hicieron caer por tierra. Los asesinos dispararon al menos 15 proyectiles de 9 milímetros y mataron a Sánchez de un disparo en la cabeza. Su hijo sobrevivió al ataque.

Sánchez informaba sobre delincuencia y política en la región del Istmo de Tehuantepec para Panorama Pacífico, un medio informativo en Facebook radicado en al cercano complejo turístico costero de Huatulco, y en su página personal de Facebook Noticieros Minuto a Minuto. El Istmo, que es un núcleo industrial y escenario de varios megaproyectos gubernamentales, es rico en recursos naturales y un lucrativo corredor para el narcotráfico y el tráfico ilícito de migrantes. Estos factores han atraído al crimen organizado a la región en los últimos años, lo que ha dado lugar a una oleada de asesinatos de activistas contrarios a estas actividades.

Sánchez fue asesinado a pesar de haberse incorporado poco antes al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la instancia federal de México. El Mecanismo condenó su asesinato y pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que llevara a cabo una investigación independiente.

Se pudo haber evitado todo, si las autoridades correspondientes hubieran actuado antes, cuando él solicitó la ayuda.

Marilú Salinas Zárate

La Comisión concluyó que Sánchez había solicitado la incorporación al Mecanismo y había presentado pruebas de amenazas y agresiones en su contra el 2 de mayo de 2020. Más adelante sobrevivió a un tiroteo por el que tuvo que ser hospitalizado el 13 de julio y después sufrió amenazas y acoso ese mismo año. Pero el Mecanismo ni siquiera evaluó su caso hasta el 13 de enero de 2021.

Cinco días más tarde, el Mecanismo accedió a incorporar a Sánchez en virtud de un “procedimiento extraordinario” ante el grave peligro que corría. Según las reglas del Mecanismo, éste debe resolver los casos urgentes de esta naturaleza y aprobar medidas de protección en cuestión de horas desde que recibe la solicitud.

Pero Sánchez no recibió ninguna medida de protección. El Mecanismo no le asignó escoltas, no ayudó a proteger su casa, ni siquiera le proporcionó un botón de pánico. Le dijeron que se le facilitaría el número de teléfono de un contacto en la comisaría de la policía estatal de Oaxaca al que podía llamar en caso de emergencia. Pero ni siquiera cumplieron esa promesa.

Mientras tanto, las agresiones continuaron. El 22 de abril, Sánchez envió al Mecanismo capturas de pantalla de amenazas de muerte que había recibido a través de Facebook Messenger. El 16 de mayo, les comunicó que el hombre que le había disparado el año anterior acababa de dispararle de nuevo cuando regresaba a casa en su motocicleta con su hijo. Sánchez dijo al Mecanismo que había llamado al 911 y a la Fiscalía General de Oaxaca pero ni uno ni otra lo ayudaron.

Sánchez solicitó en reiteradas ocasiones un chaleco antibalas, sin éxito. El 4 de junio, dijo a Reporteros Sin Fronteras: “A pesar de estar ya bajo la protección del Mecanismo, no he recibido ninguna medida concreta. La policía siempre dice que no tiene recursos. […] No sé cómo van a protegerme. Temo por mi vida, pero lamentablemente tengo que salir a trabajar, para mantener a mi familia. Si alguien viene a mi casa, estoy completamente desprotegido.”

El 16 de junio, Sánchez escribió por correo electrónico al Mecanismo para quejarse de que aún no había recibido ninguna medida de protección. Habían pasado ya más de 13 meses desde que solicitó protección por primera vez. Un funcionario respondió: “Se hicieron las notificaciones correspondientes al plan de protección dictado por la Junta de Gobierno. Estamos en tiempo de que se implementen dichas medidas”.

Esa fue la última interacción de Sánchez con el Mecanismo. A la mañana siguiente fue asesinado.

En noviembre de 2022, su esposa, Marilú Salinas Zárate, dijo a Amnistía Internacional y al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) que Sánchez mostraba ansiedad y estaba pálido los días previos a su muerte.

“Nos sentimos preocupados, porque Gustavo no recibía la ayuda que él pedía”, dijo. “Él solicitó el chaleco antibalas, la protección, que vinieran a cuidarlo […] pero nunca le llegó nada a él”.

El Mecanismo había instalado una cámara de seguridad y barras de metal en su domicilio en respuesta a amenazas 6 o 7 años antes, dijo Salinas, pero retiró la cámara al cabo de tres años tras decidir que ya no corría peligro.

Vuelvo a traer la zozobra, vuelvo a traer la inseguridad, un temor. Yo no duermo normal.

Hiriam Moreno

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que personal del Mecanismo había cometido reiteradas omisiones que acreditaban negligencia y que “incurrieron en notorias irregularidades y omisiones que impactaron de manera directa en su vida, integridad y seguridad personal”. A pesar de disponer de recursos para proteger con eficacia a Sánchez y su familia, desde el Mecanismo “no hicieron nada para protegerlos” y los dejaron “en absoluto estado de indefensión”.

Hiriam Moreno, otro periodista local que sobrevivió tras ser tiroteado en el cercano puerto de Salina Cruz en 2019, dijo a Amnistía Internacional y al CPJ que el asesinato de Sánchez fue un ejemplo claro de las carencias del Mecanismo y de la necesidad de reformas.

Moreno señaló que el Mecanismo le había proporcionado escoltas en varias ocasiones, pero se los retiró meses más tarde y sólo le quedó un botón de pánico. Esta reducción del nivel de su protección fue profundamente inquietante, dijo: “Vuelvo a traer la zozobra, vuelvo a traer la inseguridad, un temor. Yo no duermo normal. Cuando escucho un ruido a la 1 o a las 4 me espanto”.

Moreno afirmó que México es “un cementerio para periodistas”, y agregó que los ataques lo habían obligado a autocensurarse y a dejar de investigar la delincuencia y la corrupción. Esto le ha costado ingresos, ha dejado de hacer vida social y evita los lugares públicos.

Los familiares de Sánchez también continúan luchando para adaptarse a su nueva vida.

“Ha impactado mucho, porque él era el que traía sustento a la casa. Y mis hijos pues también estuvieron muy tristes. Hoy me toca hacer de los dos, de papá y mamá. […] Es muy difícil que ya no esté”, dijo Salinas. “Se pudo haber evitado todo, si las autoridades correspondientes hubieran actuado antes, cuando él solicitó la ayuda.”

*Duncan Tucker es el jefe de prensa para las Américas de Amnistía Internacional. Jan-Albert Hootsen es el representante para México del Comité para la Protección de los Periodistas