Las autoridades egipcias no han mostrado una verdadera voluntad de reconocer, y mucho menos de abordar, la arraigada crisis de derechos humanos del país, a pesar de haber lanzado hace un año una Estrategia Nacional de Derechos Humanos. Por el contrario, han seguido reprimiendo las libertades y cometiendo crímenes de derecho internacional en el periodo previo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
En el nuevo informe “Disconnected from Reality”: Egypt’s National Human Rights Strategy covers up human rights crisis, Amnistía Internacional presenta un análisis detallado de la estrategia a la luz de la situación de los derechos humanos sobre el terreno, revelando que las autoridades la utilizan como herramienta de propaganda para ocultar la creciente represión de cualquier forma de disidencia antes de la COP27 de noviembre de 2022.
Las autoridades egipcias han creado la Estrategia Nacional de Derechos Humanos como una brillante tapadera de sus incesantes violaciones de los derechos humanos, pensando que así engañarían al mundo de cara a la COP27. Pero a la cruda realidad de su notorio historial de derechos humanos no se le puede lavar la imagen con un truco de relaciones públicas”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“La comunidad internacional no debe dejarse engañar por los intentos de Egipto de ocultar la magnitud de la crisis de derechos humanos en el país. Por el contrario, debe presionar a las autoridades egipcias, en público y en privado, para que tomen medidas significativas que pongan fin al ciclo de abusos e impunidad, empezando por dejar en libertad a los miles de personas críticas con el gobierno o que se oponen a él que están recluidas arbitrariamente en las cárceles egipcias, aflojar su control sobre la sociedad civil y permitir las protestas pacíficas.”
El nuevo informe de Amnistía Internacional se basa en amplia documentación de constantes de violaciones de derechos humanos cometidas en Egipto desde la llegada al poder del presidente Abdel Fattah al Sisi, así como en información de diversas fuentes —incluidas víctimas, testigos, defensores y defensoras de los derechos humanos y profesionales del derecho— recopilada desde el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos. La organización también examinó documentos oficiales, pruebas audiovisuales e informes de organismos de la ONU, entre otra documentación. Las conclusiones y recomendaciones se entregaron a las autoridades egipcias el 7 de septiembre de 2022.
Una imagen engañosa
Desde el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos, las autoridades egipcias se han referido repetidamente a ella en público y en reuniones privadas con otros gobiernos como la prueba de su compromiso con los derechos humanos. La estrategia quinquenal fue redactada por el gobierno sin consultar a las organizaciones de derechos humanos independientes ni contar con la participación de la sociedad, y presentaba una imagen profundamente engañosa de la crisis de derechos humanos en Egipto. Absuelve a las autoridades de toda responsabilidad y culpa a las amenazas a la seguridad, a los problemas económicos y a la propia ciudadanía egipcia de “no entender” ni ejercer sus derechos.
La estrategia alaba el marco constitucional y jurídico, pero ignora la introducción y aplicación por parte de las autoridades de una serie de leyes represivas que penalizan o restringen gravemente el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Esta legislación erosionó aún más las garantías de un juicio justo y consolidó la impunidad de las fuerzas de seguridad y militares.
Desde 2013, miles de personas han sido detenidas arbitrariamente o procesadas injustamente por las autoridades, un historial pésimo que la estrategia también ignora. Sólo en los dos últimos años, decenas de personas han muerto en prisión tras negárseles deliberadamente la asistencia sanitaria y recluirlas en condiciones crueles e inhumanas.
En los últimos meses, en un paso positivo pero muy limitado, se ha excarcelado a decenas de presos y presas de conciencia y otras personas recluidas por motivos políticos. Sin embargo, las autoridades siguen deteniendo arbitrariamente a decenas de otras personas críticas con el gobierno o que se oponen a él, y prohibiendo viajar a muchas de las que han quedado en libertad.
Desde 2013, las autoridades también han censurado cientos de sitios web, han registrado y cerrado medios de comunicación independientes y han detenido a decenas de periodistas por expresar opiniones críticas o simplemente por hacer su trabajo.
La Estrategia Nacional de Derechos Humanos alaba el compromiso del Estado con “los principios de igualdad y no discriminación” y enumera algunas iniciativas de organismos oficiales. Amnistía Internacional ha concluido que las autoridades siguen sometiendo a hombres, mujeres y niños y niñas a violaciones de los derechos humanos por razón de su sexo, identidad de género, orientación sexual y creencias religiosas.
“Ninguna estrategia protegerá nuestro derecho a la libertad de expresión ni logrará la convivencia pacífica de las personas a menos que deje en libertad a todas las personas que están encarceladas por su opinión, por las ideas que expresaron y por tener un discurso diferente al impuesto por el Estado”, dijo la destacada activista de los derechos humanos Mona Seif a Amnistía Internacional. Su hermano Alaa Abdelfattah ha estado encarcelado arbitrariamente durante la mayor parte del mandato del presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi.
La Estrategia exagera los logros autodeclarados por el gobierno en materia de derechos socioeconómicos, que contrastan fuertemente no sólo con la inacción de las autoridades a la hora de hacer progresivamente efectivos estos derechos, sino también con sus implacables ataques a quienes expresan sus quejas socioeconómicas, incluidos los trabajadores y trabajadoras, profesionales de la medicina y residentes en asentamientos informales.
En general, la Estrategia también exagera las garantías constitucionales y jurídicas, pero no explica que éstas no se ajustan a las obligaciones internacionales de Egipto y que en la práctica se incumplen ampliamente. Pasa completamente por alto las constantes de violaciones de derechos humanos actuales o pasadas e ignora el papel de las fuerzas de seguridad, la fiscalía y la judicatura en la comisión o facilitación de violaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional acoge con satisfacción algunas de las modestas recomendaciones de la Estrategia, presentadas como “resultados objetivo”, incluidas la revisión de los delitos punibles con la pena de muerte y las alternativas a la detención en espera de juicio, así como la introducción de legislación integral para combatir la violencia contra las mujeres. Sin embargo, en general, sus “resultados objetivo” no llegan a abordar la magnitud de la crisis de derechos humanos e impunidad en el país. Para que haya un avance significativo de los derechos humanos en Egipto, las autoridades deben empezar por dejar en libertad a los miles de personas detenidas arbitrariamente por ejercer pacíficamente sus derechos humanos. Deben cerrarse todas las investigaciones penales contra defensores y defensoras de los derechos humanos por motivos políticos, y deben levantarse todas las prohibiciones de viajar, la congelación de activos y otras restricciones. Deben iniciarse investigaciones penales sobre los crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad — entre ellos los homicidios ilegítimos de cientos de manifestantes y ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas—, y debe llevarse a los responsables ante la justicia.
“El presidente Abdel Fattah al Sisi debe reconocer la magnitud de la crisis de derechos humanos, de la que su gobierno es responsable, y tomar medidas concretas para resolverla. Dada la magnitud de la crisis de derechos humanos y de impunidad y la falta de voluntad política para dar marcha atrás, la comunidad internacional debe respaldar las iniciativas de establecer un mecanismo de vigilancia y presentación de informes sobre la situación de los derechos humanos en Egipto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, dijo Agnès Callamard.
Información complementaria
Egipto se dispone a acoger la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27, en Sharm el Sheikh en noviembre. Los grupos ecologistas y de derechos humanos han expresado su preocupación por la limitación de las protestas a las “zonas designadas” y por la capacidad de la sociedad civil egipcia de participar de forma significativa sin temor a represalias.