Aún estaba oscuro afuera cuando la policía irrumpió por la puerta del piso de los padres de Amar, en las afueras de París, de madrugada. “Me esposaron y me empujaron al suelo”, recuerda. “Cuando pregunté por qué lo hacían, sólo dijeron que yo podía ser una amenaza”. El registro no condujo a ninguna investigación penal contra Amar, pero el recuerdo de esa redada antes del amanecer continúa atormentándolos a él y a su familia.
Los parlamentarios y parlamentarias franceses están a punto de votar un nuevo proyecto de ley que —en caso de aprobarse— amenaza con incorporar una serie de medidas represivas al derecho ordinario.
Marco Perolini
Este hecho ocurrió en noviembre de 2015, inmediatamente después de los horrendos atentados de París. El estado de excepción introducido posteriormente otorgaba a las autoridades nuevas facultades excepcionales, entre ellas, la de registrar cualquier lugar -—sin supervisión judicial— por motivos sumamente vagos y muy por debajo del umbral exigido por el derecho penal francés.
Casi dos años después, los parlamentarios y parlamentarias franceses están a punto de votar un nuevo proyecto de ley que —en caso de aprobarse— propiciará el fin de la Ley sobre el Estado de Excepción que ensombrece a Francia desde hace tiempo. Pero en vez de marcar el inicio de un período de recuperación de las libertades civiles, la legislación amenaza con hacer lo contrario al incorporar una serie de medidas represivas al derecho ordinario.
Esto se aleja mucho del enfoque expuesto en julio por el recientemente elegido presidente Macron. Al hablar ante el Parlamento, en Versalles, Emmanuel Macron prometió “restaurar las libertades de los franceses” y “garantizar el pleno respeto de las libertades individuales”. Pese a esto, Macron y su gobierno han contribuido a tramitar por vía rápida un proyecto de ley que otorga al ministro del Interior y a los prefectos —representantes locales del Estado— facultades para imponer medidas muy similares a las actuales medidas excepcionales, por motivos vagos y con una supervisión judicial limitada.
Los prefectos podrán ordenar “operaciones de allanamiento y decomiso” —en la práctica, redadas— así como cerrar lugares de culto y establecer zonas de seguridad, donde las personas estén sujetas a controles de identidad y registros. Se le otorgarán al ministro del Interior nuevos poderes de control para vigilar a las personas y restringir su libertad de circulación. Entre estas facultades discrecionales, sólo los allanamientos deberán ser autorizados por un juez. Resulta clave esta salvaguardia adicional, ausente bajo el estado de excepción, pero no va lo suficientemente lejos.
Esto se aleja mucho del enfoque expuesto en julio por el recientemente elegido presidente Macron.
Marco Perolini
Así como lo viene permitiendo el estado de excepción, cualquiera de las nuevas medidas antiterroristas puede utilizarse para limitar los derechos y las libertades de las personas por razones muy vagas, como “glorificar el terrorismo” o por una mal definida “amenaza a la seguridad nacional”. La vaguedad de estos motivos, combinada con las facultades altamente discrecionales otorgadas a las autoridades administrativas, plantea serias preocupaciones sobre la aplicación de estas medidas. Para evitar abusos, es crucial que se impongan sólo por motivos claros y precisos, y cuando exista un vínculo evidente con la comisión de un acto de violencia relacionado con el terrorismo.
De hecho, ya hay pruebas de que las medidas de excepción se han aplicado de manera desproporcionada y discriminatoria. Se han utilizado para atacar a personas musulmanas, a menudo sobre la base de sus creencias y prácticas religiosas en vez de alguna evidencia concreta de comportamiento delictivo.
“Tengo la impresión de que, si uno hace patente su religión, lleva barba o una prenda o símbolo religioso, o reza en una mezquita determinada, es considerado ‘radical’ y se actúa en su contra”, contó Amar. “Si intentas no exhibir demasiado tu religión, entonces piensan que ocultas algo”.
Las preocupaciones no se han disipado, pese a las salvaguardias adicionales incorporadas al proyecto de ley que se somete a votación, en particular, el requisito de contar con la autorización de un juez para realizar allanamientos y de sólo utilizar las medidas con el fin de luchar contra el terrorismo. Las autoridades seguirán teniendo la facultad de imponer medidas restrictivas contra personas que no hayan cometido ningún delito, sin las salvaguardias obligatorias inherentes a todos los procesos penales.
El estado de excepción se ha renovado cinco veces y ha normalizado una serie de medidas intrusivas emitidas en nombre de la lucha contra el terrorismo. Estas medidas incluyen restricciones desproporcionadas de los derechos a la libertad de circulación y de culto, a la privacidad y a las reuniones pacíficas, lo que ya ha afectado a miles de personas. De aprobarse en su forma actual, la nueva ley incorporará la esencia de estas medidas de excepción —previstas como una respuesta temporal y excepcional a un riesgo intensificado— como característica permanente de la legislación nacional francesa.
La necesidad de proteger a las personas de esta violencia gratuita es obvia. Pero esto no se puede lograr pisoteando los mismos derechos que el gobierno tiene la obligación de defender.
Marco Perolini
Desde 2015, más de 240 personas han muerto en varios atentados contra la población en Francia. Estos crímenes no sólo constituyen ataques contra las personas, sino que también representan un ataque a las libertades y los derechos humanos. La necesidad de proteger a las personas de esta violencia gratuita es obvia. No obstante, esto no se puede lograr pisoteando los mismos derechos que el gobierno tiene la obligación de defender.
La necesidad de una legislación tal —que no ofrece suficiente protección contra los abusos— es altamente cuestionable, dados los poderes legales y judiciales ya existentes para combatir los delitos relacionados con el terrorismo. Si los miembros del Parlamento aprueban el proyecto de ley, no deben hacerlo sin antes modificarlo para garantizar el respeto de las obligaciones constitucionales e internacionales de Francia en materia de derechos humanos y libertades fundamentales. Descartando cualquier concepto que apunte a limitar los derechos para garantizar la seguridad, deben en cambio defender el principio de garantizar la seguridad para que las personas puedan gozar de sus derechos.
Francia se encuentra en una encrucijada. La dirección que elija tendrá un impacto duradero y profundo sobre su ciudadanía y sobre los derechos y libertades de los que ésta goza.
Este artículo fue publicado por primera vez aquí por The Huffingon Post.