Ante la aclaración de Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, de que la gran mayoría del personal militar salvadoreño desplegado recientemente en Haití no forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, y queda fuera del mandato y de los mecanismos de seguimiento de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH), Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró:
“El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, deben garantizar que todas las operaciones de las fuerzas salvadoreñas en Haití respeten el derecho internacional de los derechos humanos. El compromiso del primer ministro haitiano de no tolerar violaciones debe traducirse en garantías efectivas. Ambos gobiernos deben hacer público el acuerdo que ampara el despliegue y explicar cómo supervisan a las fuerzas desplegadas, qué reglas rigen el uso de la fuerza, ante quién rinden cuentas y cómo puede la población denunciar posibles violaciones sin temor a represalias”.
“El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, deben garantizar que todas las operaciones de las fuerzas salvadoreñas en Haití respeten el derecho internacional de los derechos humanos.”
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
“La población haitiana tiene derecho a vivir sin violencia y sin miedo. Las operaciones de seguridad pueden agravar los riesgos para comunidades que ya enfrentan una profunda crisis humanitaria, especialmente cuando se desarrollan cerca de viviendas, escuelas y hospitales. Ambos gobiernos deben adoptar medidas efectivas para proteger la vida y la integridad de la población, prevenir desplazamientos forzados y garantizar el acceso a alimentos y atención médica. El uso de la fuerza debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La protección de niñas y niños, incluidos quienes han sido reclutados por bandas armadas, exige personal capacitado en derechos humanos, protocolos específicos y atención especializada”.
“Las autoridades de ambos países deben garantizar investigaciones prontas, independientes e imparciales sobre toda denuncia de violaciones de derechos humanos, llevar ante la justicia en juicios justos a las personas sospechosas de responsabilidad penal y asegurar reparación a las víctimas. Al mismo tiempo, debe esclarecerse la suerte y paradero de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre y, si están en poder de una banda armada, deben ser liberados de inmediato y sin sufrir daño. La respuesta a la violencia de las bandas no puede reproducir los abusos y la impunidad que han marcado anteriores intervenciones en Haití”.
La respuesta a la violencia de las bandas no puede reproducir los abusos y la impunidad que han marcado anteriores intervenciones en Haití”.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
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