Ante la crisis financiera y política desatada tras el inicio del procedimiento de resolución de una entidad financiera dispuesta por el Banco Central del Paraguay (BCP), que ha provocado movilización pública y derivado en el juicio político del presidente Santiago Peña, Amnistía Internacional llama a las autoridades paraguayas a garantizar la protección de las personas afectadas, la transparencia y respetar el derecho a la protesta pacífica.
“Detrás de esta crisis hay personas que no pueden acceder a sus ahorros, familias que enfrentan incertidumbre y personas trabajadoras y jubiladas cuyos derechos podrían verse comprometidos. La respuesta del Estado debe poner a las personas en el centro, garantizar soluciones efectivas y asegurar que ningún interés económico o político esté por encima de sus derechos”, señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Detrás de esta crisis hay personas que no pueden acceder a sus ahorros, familias que enfrentan incertidumbre y personas trabajadoras y jubiladas cuyos derechos podrían verse comprometidos.”
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La imposibilidad de acceder a los ahorros puede afectar el derecho a un nivel de vida adecuado de miles de familias que dependen de esos recursos para satisfacer sus necesidades básicas. Asimismo, la situación de los fondos jubilatorios y previsionales vinculados a la entidad bancaria bajo observación plantea riesgos para el derecho a la seguridad social, así como afectaciones a los derechos laborales de las personas que trabajan en ella y en las empresas de su grupo empresarial.
En este contexto, Amnistía Internacional recuerda que el Estado tiene la obligación de asegurar la debida diligencia por parte las empresas involucradas, prevenir impactos negativos sobre los derechos humanos y garantizar mecanismos efectivos de reparación. Las medidas de restitución anunciadas deben ser oportunas, efectivas y accesibles, con especial atención a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Asimismo, resulta indispensable que las autoridades competentes realicen investigaciones independientes, imparciales y exhaustivas para esclarecer responsabilidades empresariales, administrativas y regulatorias, así como la existencia de eventuales impactos sobre los derechos humanos derivados de esta crisis. La rendición de cuentas debe garantizarse sin distinción de cargos públicos o posiciones de poder económico, respetando las garantías del debido proceso.
“La confianza del pueblo en las instituciones no se recupera con explicaciones parciales ni con respuestas que se limiten a administrar las consecuencias de una crisis. Se construye con información pública, controles independientes, decisiones transparentes y garantías de que las posibles responsabilidades son investigadas de forma objetiva y clara y, cuando corresponda, sancionadas. También requiere que las personas afectadas tengan acceso a reparaciones efectivas cuando sus derechos hayan sido vulnerados.”, afirmó Ana Piquer.
La confianza del pueblo en las instituciones no se recupera con explicaciones parciales ni con respuestas que se limiten a administrar las consecuencias de una crisis. Se construye con información pública, controles independientes, decisiones transparentes y garantías de que las posibles responsabilidades son investigadas de forma objetiva y clara y, cuando corresponda, sancionadas.”
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional expresa también su preocupación ante los reportes sobre el uso de medios y dispositivos de dispersión de manifestaciones, incluidos gases lacrimógenos y vehículos hidrantes por parte de las fuerzas de seguridad contra personas que protestaban en Asunción la noche del 4 de noviembre. Las autoridades deben proteger el ejercicio de la protesta pacífica e investigar las denuncias sobre posibles usos ilegítimos o desproporcionados de la fuerza, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional insta a las autoridades del Estado a garantizar la restitución oportuna de los depósitos, proteger los fondos jubilatorios y previsionales, salvaguardar los derechos laborales de las personas afectadas y asegurar investigaciones independientes sobre las posibles responsabilidades. Asimismo, exige garantizar el acceso a información pública, investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza y fortalecer los mecanismos de supervisión y control para prevenir nuevas vulneraciones de derechos humanos.
La salida de esta crisis no puede medirse únicamente por la recuperación de los recursos financieros comprometidos. Paraguay debe demostrar que cuenta con mecanismos de control efectivos, autoridades que rindan cuentas y garantías de que los derechos de las personas no quedan subordinados a intereses económicos o políticos. También debe establecer marcos efectivos de supervisión y prevención que garanticen cumplir con su responsabilidad de prevenir, mitigar y rendir cuentas por los impactos en los derechos humanos derivados de sus actividades empresariales y comerciales en el país.
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