En respuesta a la condena de 10 años de prisión dictada contra el activista hongkonés Joshua Wong por “connivencia con fuerzas extranjeras”, Sarah Brooks, directora regional adjunta de Amnistía Internacional, ha declarado:
“La persecución a la que las autoridades de Hong Kong han sometido a Joshua Wong continúa con esta última condena por motivos de seguridad nacional que, de forma cruel —y quizá deliberada—, se ha dictado tan sólo unos meses antes de que Wong pudiera optar a la libertad por su condena anterior”.
“La valentía de Joshua Wong al decir las verdades al poder es algo que merece alabanza; sin embargo, en Hong Kong, esa conducta lo convierte, por el contrario, en un delincuente. La condena dictada hoy es un sombrío recordatorio más de cómo la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong se ha convertido en una herramienta para castigar la disidencia, en lugar de proteger realmente la seguridad nacional.”
“La comunidad internacional no debe aceptar como la nueva normalidad de Hong Kong la criminalización constante del activismo legítimo. Los gobiernos deben seguir presionando para que se protejan los derechos humanos y se ponga en libertad a las personas encarceladas exclusivamente por ejercer sus derechos.”
“Amnistía Internacional reitera su llamamiento a las autoridades hongkonesas para que anulen las condenas dictadas contra Joshua Wong por motivos de seguridad nacional y deroguen toda la legislación que viole las obligaciones internacionales contraídas por Hong Kong en materia de derechos humanos.”
Información complementaria
Joshua Wong ha sido condenado hoy a 10 años de prisión tras declararse culpable, en virtud de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín a Hong Kong, de conspiración para actuar en connivencia con fuerzas extranjeras.
La segunda condena de Nathan Wong por motivos de seguridad nacional se ha basado en la acusación de conspirar con el activista autoexiliado Nathan Law y “otras personas desconocidas” entre julio y noviembre de 2020 para solicitar a países u organizaciones extranjeros que impusieran sanciones y bloqueos o emprendieran otras actividades hostiles contra Hong Kong o China.
Este destacado activista había sido condenado en 2024, en el procesamiento colectivo más grande en virtud de la Ley de Seguridad Nacional hasta la fecha, a cuatro años y ocho meses por “conspiración para cometer actos subversivos”. Fue una de las 45 figuras de la oposición encarceladas a causa de su participación en “primarias” no oficiales en 2020, por cargos que personas expertas de la ONU consideraron que estaban relacionados con actividades protegidas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
Esta condena previa se cumpliría en enero de 2027.
La situación de los derechos humanos en Hong Kong se ha deteriorado drásticamente desde 2020, y más de 300 personas han sido detenidas por infringir la Ley de Seguridad Nacional o una ley de “sedición” de la época colonial. Además, la iniciativa legislativa sobre el artículo 23 aprobada en 2024 por las autoridades locales ha agravado aún más la represión y silenciado las voces de la oposición en la ciudad.