Irán: La vida de dos condenados a muerte de la minoría kurda, en peligro ante una oleada de ejecuciones

Dos condenados a muerte pertenecientes a la minoría kurda corren peligro inminente de ejecución después de que las autoridades iraníes hayan ejecutado 20 condenas de muerte durante el fin de semana. Así lo ha advertido hoy Amnistía Internacional. 

“Esta oleada de ejecuciones muestra que, por detrás de las palabras y las promesas, las autoridades iraníes siguen basándose en los homicidios promovidos por el Estado, y hace temer que Zaniar Moradi y Loghman Moradi, dos condenados a muerte pertenecientes a la minoría kurda, sean los siguientes”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. 

“Es preciso detener de inmediato estas y todas las demás ejecuciones. Aunque las autoridades iraníes tienen el deber de llevar ante la justicia a todos los presuntos delincuentes, la pena de muerte no debe nunca utilizarse, ya que es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.”

Los presos iraníes son condenados habitualmente a muerte tras juicios injustos, y a pesar de las denuncias de que, durante la detención previa al juicio, fueron torturados para extraer de ellos “confesiones”.

Zaniar Moradi y Loghman Moradi, condenados a muerte pertenecientes a la minoría kurda de Irán, afirman haber sido torturados para hacerles “confesar” el asesinato, cometido en 2009, del hijo de un importante clérigo en Marivan, provincia de Kurdistán. Fueron condenados a muerte en diciembre de 2010 tras haber sido declarados culpables de “enemistad con Dios” (moharebeh) y “corrupción en la tierra” por ese asesinato. También fueron declarados culpables de participar en actividades armadas de Komala, grupo kurdo de oposición que mantenía una lucha armada contra la República Islámica de Irán.

“Parecen haberse burlado incluso los requisitos más básicos de la ley iraní, y parece que a los presos y sus familias no se les notificó la ejecución; de hecho, parece que las familias no tuvieron noticia de la ejecución hasta que fueron a visitar a sus seres queridos”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui.

Ejecución de Habibollah Golparipour

Entre los ejecutados durante el fin de semana se encontraba Habibollah Golparipour, otro preso político perteneciente a la minoría kurda en cuyo favor Amnistía Internacional ha hecho campaña. 

La mañana del 25 de octubre fue trasladado del régimen de aislamiento en la prisión de Oroumieh, provincia de Azerbaiyán Occidental, en el noroeste de Irán, a un lugar no revelado. Esa misma tarde fue ejecutado, sin que a su familia se le notificara de antemano. Tras la ejecución, parece ser que las autoridades iraníes se han negado a entregar su cadáver a su familia, lo que agrava aún más la angustia de sus seres queridos.

Habibollah Golparipour fue condenado a muerte en marzo de 2010, en un juicio que duró cinco minutos. Había sido detenido en septiembre del año anterior en el noroeste de Irán y declarado culpable de “enemistad con Dios” (moharebeh) por su presunta cooperación con un grupo proscrito, el Partido por una Vida Libre en Kurdistán (PJAK). Según las actas judiciales, había negado toda participación en actividades armadas. Posteriormente escribió una carta al líder supremo de Irán en la que denunciaba que había sido torturado durante los interrogatorios, pero esas denuncias no se investigaron. 

Homicidios en “represalia”

El 26 de octubre, Ebrahim Hamidi, presidente de la judicatura de la provincia iraní de Sistán Baluchistán, anunció que esa mañana se había ejecutado a 16 personas en “represalia” por un ataque fronterizo ocurrido un día antes. El grupo armado suní Jaish ul Adl (Ejército de Justicia) había matado, según los informes, a 14 guardias fronterizos en la ciudad de Saravan, en esa misma provincia, cerca de la frontera con Pakistán. 

Según el fiscal, Mohammad Marzieh, los ejecutados habían sido condenados a muerte varios años antes. El presidente de la judicatura provincial dijo que ocho de los ejecutados habían sido declarados culpables de “enemistad con Dios” (moharebeh) y “corrupción en la tierra” (ifsad fil arz) por su presunta pertenencia a un grupo armado integrista de la provincia de Sistán Baluchistán. Los otros ocho ejecutados habían sido condenados por delitos de drogas.

“El ejecutar a presos por un ataque en el que claramente no habían estado implicados y el alardear de que esa ejecución es una ‘represalia’ por el ataque pone en duda los principios mismos del derecho penal, el más fundamental de los cuales es que nadie debe ser castigado por un delito que no ha cometido”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui.

Un fuerte aumento de las ejecuciones

La reducción en 2012, respecto al año anterior, del número de ejecuciones en Irán despertó la esperanza de que las autoridades iraníes estuvieran haciendo un esfuerzo por no recurrir tan a menudo a la pena de muerte. Sin embargo, 2013 ha vuelto a ser testigo de un fuerte aumento del número de ejecuciones en el país. 

En lo que va de 2013, las autoridades iraníes han reconocido oficialmente 304 ejecuciones, pero fuentes fiables afirman que durante el año se llevaron a cabo al menos otras 234 ejecuciones no reconocidas.

“El nuevo gobierno iraní ha recibido cautas alabanzas en la escena mundial por sus limitadas señales de progreso, como por ejemplo la liberación de algunos presos de conciencia. Pero la renovada dependencia de la pena de muerte es un ejemplo llamativo de un ámbito en el que las autoridades iraníes se muestran claramente reacias a cambiar”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui.

En su informe del 4 de octubre de 2013, Ahmed Shaheed, relator especial sobre Irán, pidió a las autoridades iraníes que declaren una moratoria de las ejecuciones, prohíban las ejecuciones públicas, incluidas las lapidaciones, y limiten la pena capital a los delitos considerados como graves en el derecho internacional. En su respuesta al borrador de informe del relator especial, las autoridades iraníes defendieron su historial de ejecuciones diciendo que la pena de muerte es un castigo reconocido en los instrumentos internacionales para los delitos más graves. 

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias.