A principios de este año, el Gobierno de Chile envió al Congreso Nacional un proyecto de ley que propone despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de riesgo presente o futuro para la vida de la mujer, violación e inviabilidad fetal. Para Amnistía Internacional, esta propuesta, si bien es limitada, es un punto de partida para avanzar en la protección de los derechos de las mujeres y las niñas.