Las personas defensoras de derechos humanos que ejercen su trabajo en relación con el acceso a la tierra y los derechos al territorio y al medio ambiente en Perú y Paraguay realizan sus actividades en contextos hostiles. En ambos países, los individuos y las comunidades que luchan por proteger el agua y acceder a la tierra son estigmatizados y su labor es desacreditada a través de declaraciones públicas y rumores. Sus comunidades son desalojadas a la fuerza de donde viven o enfrentan el riesgo de ser desalojadas sin las debidas garantías. Finalmente, las personas defensoras enfrentan procesos penales injustos e infundados. Son procesadas y juzgadas sin pruebas por delitos relacionados únicamente con su trabajo de defensa de los derechos humanos. Estos son los ingredientes de la receta para socavar su trabajo e impedirles seguir con la defensa de los derechos humanos.