México está siendo testigo de una crisis oculta de refugiados que se desarrolla a sus puertas. Desde hace años, los ciudadanos y ciudadanas de Guatemala, Honduras y El Salvador que se marchan de su país, que anteriormente atravesaban México en búsqueda de oportunidades económicas, lo hacen porque temen por su vida y su libertad personal. La información presentada demuestra que el gobierno mexicano incumple de manera habitual la obligación que le impone el derecho internacional de proteger a quienes necesitan protección internacional y viola reiteradamente el principio de no devolución (non-refoulement), pilar vinculante del derecho internacional, que prohíbe devolver a las personas a situaciones donde su vida esté amenazada.