Desapariciones

LLUIS GENE/AFP/Getty Images
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Resumen

El término legal –“desaparición forzada”– puede sonar algo tosco, pero la historia humana que subyace es sencilla: las personas desaparecen, literalmente, de entre sus seres queridos y de su comunidad, cuando agentes estatales (o con el consentimiento del Estado) las detienen por la calle o en su casa y después lo niegan o rehúsan decir dónde se encuentran. Es un delito de derecho internacional.

A menudo, estas personas nunca son puestas de nuevo en libertad, y no llega a conocerse su suerte. Muchas veces, las víctimas sufren tortura y viven con el temor constante de que las maten. Saben que sus familias desconocen por completo su paradero, y que no es probable que alguien acuda en su ayuda. Incluso si escapan de la muerte y son liberadas, las cicatrices físicas y psicológicas permanecerán.

Durante el último decenio hicimos algunos logros. En 2010 celebramos la llegada de una convención internacional contra las desapariciones, y todos los años cientos de miles de simpatizantes de Amnistía enviaron cartas personales a familias o llamamientos a gobiernos.

“Cada vez que llego a casa y veo todas las postales y cartas, me acuerdo de que hay gente trabajando en ello. Me da fuerza para seguir adelante”. Sandya Eknaligoda, esposa del periodista srilankés Prageeth Eknaligoda, que lleva desaparecido casi cinco años.

Sandya Eknaligoda, esposa del periodista desaparecido Prageeth Eknaligoda, con sus dos hijos, Sathyajith Sanjaya y Harith Danajaya, Sri Lanka, 10 de enero de 2011. © Particular

El problema

La desaparición forzada se usa a menudo como una estrategia para sembrar el terror en la sociedad. La sensación de inseguridad y miedo que genera no se limita a los familiares cercanos de las personas desaparecidas, sino que afecta también a las comunidades y a la sociedad en su conjunto.

Su uso se ha convertido en un problema mundial. Ampliamente utilizadas por las dictaduras militares en su momento, ahora se producen desapariciones en muchos conflictos internos, especialmente cuando se intenta reprimir a la oposición política.

Parecen ir dirigidas específicamente contra defensores y defensoras de los derechos humanos, familiares de víctimas, testigos y profesionales del derecho, pero las personas vulnerables, como los niños y las niñas y las personas con discapacidad, también corren peligro..

Cada desaparición supone la violación de una serie de derechos humanos, entre ellos:

• derecho a la seguridad y la dignidad personales
• derecho a no sufrir tortura ni otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes
• derecho a unas condiciones de detención humanas
• derecho a la personalidad jurídica
• derecho a un juicio justo
• derecho a la vida familiar
• derecho a la vida (si matan a la persona desaparecida o se ignora su suerte)

Amnistía Internacional pide:

Si los gobiernos no saben realmente dónde están recluidas las personas desaparecidas, deben hacer un mayor esfuerzo para averiguarlo. Si lo saben, deben dejarlas en libertad, o, si han muerto, ofrecer información detallada sobre el lugar donde ocurrió.

Los gobiernos deben:

• investigar y procesar a los responsables en un juicio justo;
• legislar para incorporar la Convención Internacional a la legislación nacional;
• aplicar la Convención Internacional y aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada;
• cumplir con las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional;
• asegurarse de que quienes han sobrevivido a la desaparición forzada y quienes han perdido a sus seres queridos reciben reparación, que incluya indemnización, rehabilitación, restitución y garantías de no repetición.

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Vivir en la incertidumbre

Los familiares y amistades de las personas que han desaparecido sufren una lenta angustia psicológica, sin saber si su hijo o hija, madre o padre todavía viven, dónde están recluidos ni qué trato reciben. Buscar la verdad puede comportar gran peligro para toda la familia.

Las mujeres son quienes generalmente encabezan la lucha por averiguar lo ocurrido durante los minutos, días y años que transcurren desde la desaparición, exponiéndose ellas mismas a sufrir intimidación, persecución y violencia.

Además, cuando un miembro fundamental de la familia desaparece, la seguridad económica puede esfumarse. La persona desaparecida suele ser el principal sostén económico de la familia, la única capaz de cultivar el campo o llevar el negocio familiar. Esta situación puede llegar a empeorar debido a algunas leyes nacionales que no permiten cobrar una pensión ni ninguna otra ayuda si no se presenta el certificado de defunción.

Sin saber si su ser querido volverá alguna vez, la familia vive en una situación de absoluta incertidumbre.

Convención contra las desapariciones

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas entró en vigor en 2010. Su objetivo es evitar las desapariciones forzadas, descubrir la verdad cuando ocurren y garantizar que los supervivientes y las familias de las víctimas obtienen justicia y reparación.

La Convención es uno de los tratados de derechos humanos más firmes jamás adoptados por la ONU.

Cifras básicas

94

Un total de 94 Estados han firmado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y 44 la han ratificado.

26K

En México se registraron más de 26.000 casos de personas en paradero desconocido o desaparecidas entre 2006 y 2012.

12K

En Sri Lanka, desde la década de 1980 se han presentado en la ONU 12.000 denuncias de desaparición forzada. El número real es de, al menos, 30.000 casos más.