La lucha contra la represión y la brutalidad en Oriente Medio y el Norte de África

Los defensores y defensoras de los derechos humanos de Oriente Medio y el Norte de África estuvieron expuestos a diversas amenazas por parte de gobiernos y grupos armados en 2018, pero también están en el centro de historias de cambios arduamente conquistados. Destacan en las primeras líneas de la resistencia las defensoras de los derechos humanosque ponen en cuestión la arraigada discriminación de género y otras constantes de violaciones de derechos humanos.

En 2019, el trabajo de quienes defienden los derechos humanos seguirá siendo de vital importancia para frenar las medidas represivas de los gobiernos de la región y presionar para que se rindan cuentas por los abusos.

Samah Hadid, directora de Campañas de Amnistía Internacional en Oriente Medio

El incesante hostigamiento de las autoridades de Arabia Saudí contra las personas que defienden los derechos de las mujeres es totalmente injustificable.

Mujeres en primera línea de la lucha contra la represión

El 24 de junio, Arabia Saudí finalmente levantó la prohibición que impedía a las mujeres conducir automóviles, apenas una de toda una serie de políticas discriminatorias que existen en este país contra las mujeres. La medida, pendiente desde hace mucho tiempo, puso de manifiesto la valentía de las defensoras de los derechos humanos que llevaban decenios llamando la atención de los medios de comunicación internacionales sobre la prohibición.

Fue una amarga ironía que las autoridades sometieran a algunas de las personas que lucharon por el cambio a detención arbitraria y a campañas de desprestigio. Loujain al Hathloul, Iman al Nafjan y Aziza al Yousef son algunas de las activistas recluidas sin cargosdesde su detención en mayo, un mes antes de que se levantara la prohibición, acusadas de “traidoras”.

Su situación es un reflejo de la que viven las personas que defienden los derechos humanos en generalen el país, casi todas condenadas a largas penas de prisión, sometidas a prohibiciones de viajar u obligadas a abandonar el país.

Las activistas de los derechos de las mujeres en Irán también han protestado con valentía contra una costumbre arraigada que forma parte de un conjunto más amplio de prácticas discriminatorias para las mujeres. Decenas de ellas se quitaron el velo en público para protestar contra el uso obligatorio del hiyab y alterar la aparente conformidad de la sociedad iraní con esta práctica abusiva y degradante.

Las violentas medidas represivas de las autoridades forman parte de una oleada general de represión de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Decenas de mujeres han sufrido palizas y detención arbitraria y, en algunos casos, han sido enjuiciadas y encarceladas por sus actividades de campaña pacíficas. Una de ellas, Roya Saghiri, empezó a cumplir una pena de 23 meses de prisión en agosto por “alteración del orden público”.

Sus abogados y quienes la apoyan también han sido objeto de acoso. Por ejemplo, Nasrin Sotoudeh, galardonada abogada de derechos humanos, fue detenida en junio y acusada de delitos graves contra la seguridad nacional.

En Egipto, quienes defienden los derechos humanos han sentido también toda la fuerza de la intención del gobierno de doblegar a quienes cuestionan su legitimidad. Aunque hubo momentos de victoria, como las excarcelaciones de la defensora de los derechos humanos Mahienour el Massry, en enero, y del abogado de derechos humanos Haytham Mohamdeen, en octubre, que aliviaron el clima de represión, son demasiadas las personas que siguen entre rejas por cargos absurdos de terrorismo o relacionados con la seguridad.

Amal Fathy fue condenada a dos años de prisión en septiembre por publicar en Facebook un vídeo en el que condenaba el acoso sexual y la inacción del gobierno para atajarlo. Ezzat Ghoniem, cofundador y director de Coordinación Egipcia por los Derechos y las Libertades, y Azzoz Mahgoub, abogado de derechos humanos de la misma organización, continúan recluidos en régimen de incomunicación a pesar de que un tribunal ordenó su puesta en libertad el 4 de septiembre.

Treinta personas defensoras de los derechos humanos y miembros del personal de organizaciones de la sociedad civil están sujetas a la prohibición de viajar, y se les han congelado sus bienes a 10 de ellas.

Intentos de silencias a quienes protestan

Los defensores y defensoras de los derechos humanos de la región han sido un freno fundamental de los excesos de los gobiernos denunciando abusos de las fuerzas de seguridad en el Magreb, cuestionando medio siglo de ocupación militar israelí de territorios palestinos y diciendo la verdad al poder en el Golfo.

Nawal Benaissa, una de las voces destacadas del movimiento popular Hirak, defendió la justicia social y la mejora de la atención sanitaria en la región del Rif, en Marruecos. Al igual que cientos de personas que protestaban pacíficamente, fue detenida y está bajo custodia. En febrero le impusieron una condena condicional de 10 meses de prisión y una multa por “incitación a cometer delitos”.

En un intento de silenciar las críticas a la gestión por las fuerzas de seguridad de las protestas de Hirak, las autoridades también persiguieron a quienes defendían a las personas que protestaban. En febrero, Abdessadak el Bouchattaoui, abogado de los derechos humanos, fue condenado a 20 meses de prisión y multado por sus publicaciones en Internet.

Las autoridades de Israel llevan tiempo desplegando una conducta brutal contra quienes protestan por su ocupación militar de territorios palestinos y su bloqueo de la Franja de Gaza, una constante que se manifestó en su respuesta letal a la Gran Marcha del Retorno, en la que el ejército mató 18 a más de 150 manifestantes palestinos. En algunos casos, las autoridades recurrieron a los tribunales militares para perseguir a defensores y defensoras palestinos de los derechos humanos. Munther Amira fue condenado en marzo a seis meses de prisión por cargos relacionados con su participación pacífica en protestas.

En mayo, el gobierno decidió expulsar a Omar Shakir, director de país de Human Rights Watch, por apoyar supuestamente boicots a Israel. Shakir recurrió contra la decisión y está en espera de una resolución.

Los defensores y defensoras palestinos de los derechos humanos también vienen cuestionando activamente las sanciones impuestas por el gobierno palestino con sede en Ramala a la Franja de Gaza, administrada por Hamás, y fueron parte de las decenas de manifestantes que las fuerzas de seguridad palestinas dispersaron violentamente el 14 de junio. Laith Abu Zeyad, miembro del personal de Amnistía Internacional, fue uno de los más de 50 manifestantes detenidos y golpeados bajo custodia.

Procesamientos por alzar la voz

En mayo, un Tribunal de Seguridad del Estado de Emiratos Árabes Unidos condenó a Ahmed Mansoor, galardonado defensor de los derechos humanos, a 10 años de prisión por cargos como “insultar el estatus y el prestigio de los Emiratos Árabes Unidos y sus símbolos”.

En Bahréin, la pena de cinco años de prisión impuesta a Nabeel Rajab fue confirmada en apelación en junio. Rajab había sido declarado culpable de delitos relacionados con sus comentarios pacíficos publicados en Internet sobre denuncias de torturas en la prisión de Yaw y las muertes de civiles a manos de la coalición liderada por Arabia Saudí en el conflicto de Yemen.

Arrojar luz sobre los abusos en conflictos armados

En Yemen, quienes defienden los derechos humanos han arrojado luz sobre terribles abusos y han presionado con éxito al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que renueve el mandato del grupo de eminentes expertos en Yemen a pesar de la oposición de los gobiernos de Arabia Saudí y Yemen.

En consecuencia, han sido víctimas de desaparición forzada, detención arbitraria y amenazas de muerte.

En Hudaida, el defensor de los derechos humanos Kamal al Shawish recuperó su libertad en septiembre tras haber estado recluido durante un mes en régimen de incomunicación bajo custodia de las fuerzas huzíes en un lugar desconocido. En Taiz, las autoridades del gobierno yemení y las milicias atacaron a quienes consideraban voces de oposición. Akram al Shawafi, fundador del grupo de observación de derechos humanos Equipo de Vigilancia, tuvo que cambiar de domicilio cinco veces durante el año debido a la intimidación y las amenazas que recibió en Internet tras documentar el trato inadecuado de las autoridades locales a la población civil de la ciudad.

En Libia, las defensoras de los derechos humanos están en la vanguardia de quienes denuncian la corrupción de las autoridades y los abusos que cometen el Ejército Nacional Libio y las milicias, por lo que fueron objeto de violencia de género y de campañas de difamación en las redes sociales.

En enero, Mariam al Tayeb, que criticó a las milicias responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, fue secuestrada y golpeada por una milicia del distrito de Bab Tajoura de la capital, Trípoli.

En Siria, la persecución de defensores y defensoras de los derechos humanos, tanto en las zonas controladas por el gobierno como en las que están en manos de los rebeldes, seguía siendo endémica. A pesar de esto y de que sus colegas Razan Zaitouneh, Samira Khalil, Wael Hamada y Nazem Hamadi (conocidos como los Cuatro de Duma) siguen en paradero desconocido cinco años después de su secuestro, el Centro de Documentación de Violaciones en Siria es una de las varias organizaciones que continúan documentando violaciones de derechos humanos en el país.

En la diáspora siria, en 2018 creció la importancia de Familias por la Libertad, un movimiento liderado por mujeres que trabaja para encontrar a todas las personas detenidas arbitrariamente, sometidas a desaparición forzada o secuestradas por el gobierno sirio y otras partes en el conflicto y obtener su libertad.

Su resiliencia y valentía ante la catástrofe de derechos humanos que vive su país sirven de inspiración a activistas de todo el planeta.