En respuesta al ataque que habría perpetrado el 28 de septiembre integrantes de la banda armada Kokorat San Ras en Gros-Morne, departamento de Artibonite, en el que al menos 11 personas fueron asesinadas y varias más resultaron heridas según la información disponible, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró:
“Una vez más, una comunidad haitiana está de luto por un ataque brutal de las bandas armadas. Los asesinatos ocurridos en Gros-Morne muestran una realidad insoportable: mientras la violencia continúa extendiéndose más allá de Puerto Príncipe, la población sigue pagando con sus vidas el precio de una profunda crisis».
Los asesinatos ocurridos en Gros-Morne muestran una realidad insoportable: mientras la violencia continúa extendiéndose más allá de Puerto Príncipe, la población sigue pagando con sus vidas el precio de una profunda crisis».
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
“Las autoridades haitianas deben investigar estos asesinatos de manera efectiva y llevar ante la justicia, en juicios justos, a todas las personas sospechosas de responsabilidad penal. Las bandas armadas deben poner fin inmediatamente a los asesinatos, secuestros y demás abusos contra la población.”
Según información disponible, el ataque ocurrió después de una operación de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), un contingente multinacional de apoyo a la seguridad autorizado por Naciones Unidas en 2025, contra posiciones de Kokorat San Ras en la zona. Posteriormente, integrantes de la banda habrían atacado posteriormente a la población en represalia. El 29 de septiembre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas extendió por seis meses el mandato de la GSF, hasta el 31 de marzo de 2027.
“La renovación del mandato de la GSF no protege por sí sola a la población haitiana. Los compromisos asumidos por la comunidad internacional deben traducirse urgentemente en una respuesta efectiva y sostenible que tenga como prioridad la protección de los derechos humanos de las personas, con especial atención en las niñas y niños».
Los compromisos asumidos por la comunidad internacional deben traducirse urgentemente en una respuesta efectiva y sostenible que tenga como prioridad la protección de los derechos humanos de las personas, con especial atención en las niñas y niños».
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
“La respuesta regional a la crisis debe incluir la protección de las personas haitianas que se han visto obligadas a abandonar el país. Existe una profunda incoherencia cuando gobiernos como los de República Dominicana y Estados Unidos reclaman por una parte ante Naciones Unidas una respuesta internacional más contundente para proteger a la población haitiana, mientras continúan realizando deportaciones colectivas de personas a Haití en medio de esta devastadora crisis de derechos humanos y seguridad”.
“Los Estados deben suspender las expulsiones forzadas a Haití y garantizar el acceso efectivo a procedimientos de asilo y protección internacional, respetando plenamente el principio de no devolución. No se puede afirmar ante Naciones Unidas que Haití atraviesa una emergencia que exige una acción extraordinaria y, al mismo tiempo, enviar personas de regreso a enfrentar esos mismos peligros”, concluyó Ana Piquer.
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