Un año más de suministro de armas a la coalición de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos
Ha sido otro penoso año de conflicto en Yemen, un país donde hay millones de personas en riesgo de hambruna y en el que casi 17.000 civiles han resultado muertos o heridos desde que estalló la guerra.
En 2018, las fuerzas aéreas de la coalición de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos sobrevolaron Yemen bombardeando zonas residenciales e infraestructuras civiles, incluso un autobús escolar lleno de niños.
En despiadados ataques por tierra, el grupo armado huzí de Yemen bombardeó indiscriminadamente pueblos y centros urbanos. Y los Estados —sobre todo Estados Unidos y Reino Unido, pero también Francia e Italia, entre otros— continuaron apoyando a las fuerzas de la coalición mediante el envío de sofisticado equipo militar por valor de miles de millones de dólares.
Protesta pública y cambio de política
Sin embargo, en 2018, con el aumento del número de víctimas mortales entre la población civil, se observó un marcado cambio en las políticas y prácticas de los proveedores de armas a la coalición. Gracias a la intensa presión de Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil, así como de periodistas y parlamentarios, algunos Estados empezaron a suspender suministros de armas.
El cambio ya se había iniciado a finales de 2017, cuando Amnistía Internacional Grecia encabezó las protestas por la transferencia prevista de 300.000 proyectiles de tanque de Grecia a Arabia Saudí, dado que existía un riesgo considerable de que fueran utilizados en Yemen. Una comisión parlamentaria canceló el acuerdo, rompiendo todos los precedentes. En enero de 2018, Noruega suspendió envíos de equipo letal a Emiratos Árabes Unidos aduciendo preocupación por la situación en Yemen. Cuando salieron a la luz imágenes de un vehículo blindado Patria de fabricación finlandesa desplegado en Yemen por las fuerzas de Emiratos Árabes Unidos, los ocho candidatos a las elecciones presidenciales de febrero en Finlandia se comprometieron a suspender las ventas.
Más drástico fue el aparente cambio de rumbo adoptado en abril por Alemania, uno de los grandes fabricantes y exportadores de armas. La coalición de gobierno recién formada en el país anunció que en el futuro denegaría las licencias para transferir armas a países directamente implicados en el conflicto de Yemen. Sumándose a lo que parecía una tendencia en auge, el gobierno de España anunció en septiembre su intención de cancelar la venta a Arabia Saudí de 400 bombas de alta precisión guiadas por láser, tras la indignación internacional que provocó el ataque aéreo contra un autobús escolar en la ciudad de Sada, en el norte de Yemen, en el que murieron 40 niños. Dinamarca le siguió y suspendió en noviembre las exportaciones a Arabia Saudí.
Los Estados se retractan de sus promesas
Pero, conforme ha ido avanzando el año, algunos de estos Estados parecen haber dado marcha atrás. Ignorando las promesas electorales y más imágenes de vehículos blindados Patria en acción en Yemen, Finlandia autorizó licencias para suministrar piezas de repuesto de vehículos a Emiratos Árabes Unidos, antes de anunciar en noviembre que no emitiría nuevas licencias para la exportación de armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos debido a “lo alarmante de la situación humanitaria en Yemen”. Alemania, pese a las promesas anteriores de la coalición de gobierno, continuó aprobando ventas de equipo militar a Arabia Saudí.
La situación en España es aún más contradictoria. A los ocho días de haber anunciado la cancelación de la venta de las bombas, el gobierno español cedió a las fuertes presiones tanto nacionales como de Arabia Saudí y dio marcha atrás. Las bombas se enviaron a finales de septiembre y, en un debate parlamentario celebrado en octubre, el gobierno rechazó revocar las licencias concedidas y paralizar las ventas a pesar de las presiones de Amnistía Internacional y otros grupos de la sociedad civil.
Mientras que muchos Estados occidentales empiezan a cuestionar su apoyo a la coalición, Estados Unidos y Reino Unido, los dos mayores proveedores, se mantienen firmes en su postura, no sólo suministrando material que se ha utilizado para bombardear a la población civil y destruir infraestructuras civiles sino, además, proporcionando asistencia técnica y logística imprescindible a la Real Fuerza Aérea Saudí.
Las empresas armamentísticas y los Estados proveerdores, en el punto de mira
Sin embargo, conforme aumenta el número de víctimas civiles y empeora la catastrófica situación humanitaria, crece la presión sobre los gobiernos proveedores de armas. En Reino Unido, los partidos de la oposición han pedido reiteradamente el fin del suministro de armas a Arabia Saudí, y la opinión pública está abrumadoramente en contra de la política actual. Aunque el año pasado fue desestimado un recurso que impugnaba la decisión del gobierno británico de continuar autorizando el suministro de armas a Arabia Saudí, dos jueces del Tribunal de Apelación concedieron permiso para apelar en mayo de 2018. En Estados Unidos está creciendo la oposición en el Congreso, que pone en peligro la transferencia de 120.000 bombas guiadas de precisión a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Por otra parte, en septiembre se reanudaron los intentos de invocar la Ley de Poderes de Guerra de 1973 para poner fin a la participación estadounidense en el conflicto de Yemen, basándose en que el Congreso nunca la autorizó. La ejecución extrajudicial del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí en Estambul (Turquía) ha agravado la preocupación en el Congreso estadounidense y en el Parlamento británico sobre la continuación de los suministros de armas al reino saudí.
Aunque se estaba presionando a los Estados proveedores, las empresas fabricantes de armas también estuvieron en el punto de mira. Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado restos de municiones fabricadas por importantes empresas armamentísticas estadounidenses, como Raytheon y Lockheed Martin, que fueron hallados entre los escombros después de controvertidos ataques aéreos. La empresa británica BAE Systems continúa suministrando armamento y dando servicio a la formidable flota saudí de aviones de combate. Nombres tan conocidos como Boeing, General Electric y Rolls-Royce suministran municiones y motores de aviación.
En abril, una coalición de ONG en Italia y Alemania presentó ante la Fiscalía de Roma una denuncia contra el personal directivo de RWM Italia S.pA., empresa subsidiaria del gigante armamentístico alemán Rheinmetall AG, y contra altos cargos de las autoridades responsables de las exportaciones italianas. La denuncia se refería a la exportación de una bomba fabricada por RWM en Cerdeña y exportada por Italia que había matado a seis civiles en Yemen en un ataque aéreo sobre un pueblo del noroeste del país, Deir al Hajari, en octubre de 2016.
La vergonzosa actitud de dejar las cosas como están
Los hechos acaecidos en Yemen plantean un difícil reto a todas las partes implicadas. La conducta de empresas y Estados proveedores ante la probabilidad de que se cometan crímenes de guerra está sometida a un escrutinio aún mayor y es motivo de airadas protestas. Mientras que algunos Estados —principalmente Estados más pequeños— han decidido suspender los suministros a la coalición basándose en principios,
otros —Estados Unidos y Reino Unido en particular, pero también España, Francia e Italia, entre otros— han adoptado la vergonzosa actitud de dejar las cosas como están, socavando una legislación internacional sobre transferencia de armas que contribuyeron a crear y se comprometieron a respetar. Grandes corporaciones como Raytheon, Lockheed Martin y BAE Systems son sus dispuestos socios en la irresponsabilidad cometida a escala generalizada.
Activistas de todo el mundo deben seguir presionando a gobiernos y empresas. Los Estados deben respetar las obligaciones jurídicas que han contraído en virtud del Tratado sobre el Comercio de Armas y dejar de suministrar armas, municiones, asistencia y tecnología militar para su uso en el conflicto de Yemen. Asimismo, deben aprovechar su influencia como actores clave en la región para presionar a la coalición y hacer que cumpla sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. De lo contrario, corren el riesgo de ser cómplices de violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos en un conflicto que no sólo ha mutilado o causado la muerte a decenas de miles de civiles, sino que además ha provocado el desplazamiento de millones más y ha dejado el país al borde de una catastrófica hambruna.