Un alarmante número de países recurrieron en 2014 a la pena de muerte en un fallido intento de detener la delincuencia y el terrorismo

China, Irak, Irán y Pakistán ejecutaron a personas acusadas de “terrorismo”. En 2014, las condenas a muerte aumentaron en más de 500 respecto al año anterior, debido en gran parte a que Egipto y Nigeria impusieron cientos de condenas a muerte, algunas de ellas en juicios colectivos. Al menos 2.466 personas fueron condenadas a muerte en el mundo: un 28 por ciento más que en 2013.

Pese a que las condenas a muerte aumentaron, el número de ejecuciones en 2014 disminuyó casi un 22 por ciento: hasta al menos 607. Estas ejecuciones no incluyen a China, donde las cifras sobre pena de muerte se consideran secreto de Estado. Además de China, que ejecuta a más personas que el resto del mundo junto, el quinteto de países que más ejecuciones llevan a cabo lo completan Irán, Arabia Saudí, Irak y Estados Unidos de América.

En 2014 llevaron a cabo ejecuciones tan sólo 22 países, frente a los 41 de hace diez años. Un país más –Madagascar– tomó medidas para abolir la pena de muerte, y confirmó así que el mundo sigue su firme camino de dar la espalda a la pena capital. 

El largo camino de China hacia la reforma de la pena de muerte.

China rechazó una serie de condenas a muerte en 2014 pero, ¿indica esto un progreso real para el país que más ejecuciones lleva a cabo del mundo?

Teng Biao, abogado chino de derechos humanos.

En 2010 fui cofundador de la red sin ánimo de lucro China contra la Pena de Muerte, y he participado en numerosos casos de pena capital. A consecuencia de ello, sé que en el defectuoso sistema judicial chino las absoluciones son muy raras. Por eso me sorprendió que el año pasado se anularan varias declaraciones de culpabilidad y condenas a muerte.

El caso de Hugjiltu, adolescente de Mongolia Interior, fue uno de ellos. Hugjiltu fue absuelto 18 años después de haber sido indebidamente ejecutado por asesinato.

En su caso, su familia llevaba años tratando de demostrar su inocencia. En el caso de Nian Bin, [comerciante] condenado por asesinato, hicieron falta tres apelaciones y seis años para de que el tribunal ordenara un nuevo juicio que concluyó con su publicitada absolución el año pasado.

Si estos periodos parecen largos, lo cierto es que normalmente el proceso dura mucho más. Sé de abogados y familiares que han recopilado pruebas y han presentado apelaciones durante 20 años o más, y aún siguen esperando.

Un juego con la opinión pública

Pese a estas absoluciones tan publicitadas, sigo siendo escéptico. Estos casos atrajeron la atención, pero no los considero un progreso, ya que no son señales de una reforma judicial o política. En cierta medida, las absoluciones van encaminadas a apaciguar la indignación pública por los errores judiciales. En realidad, los máximos dirigentes no quieren un cambio significativo.

Los casos como los de Hugjiltu o Nian Bin reflejan el problema que existe en todo el sistema jurídico y judicial. La tortura está estrictamente prohibida por la ley china, pero en la realidad es una práctica generalizada. Los policías que la infligen rara vez son castigados, y las pruebas y declaraciones obtenidas mediante tortura son utilizadas por los jueces pese a que la ley lo prohíbe. El motivo principal es que el sistema judicial no es independiente. Otro motivo es que a los medios de comunicación, controlados por el Estado, les resulta difícil informar sobre casos de tortura.

Fotos: © William Wan /The Washington Post via Getty Images