Tras la publicación de su condenatorio informe sobre las tres décadas de campaña de desinformación por parte de las autoridades iraníes sobre las masacres de presos de 1988, Amnistía Internacional ha publicado hoy una entrevista en vídeo realizada en diciembre de 1988 en la que se muestra al entonces primer ministro de Irán, Mir Hossein Mousavi, negando y distorsionando la verdad sobre estos crímenes de lesa humanidad.
El vídeo se ha difundido como respuesta a un debate público iniciado desde la publicación del informe respecto a hasta qué punto Mir Hossein Mousavi y su gobierno tenían conocimiento de los homicidios en masa mientras se cometían entre finales de julio y principios de septiembre de 1988, y cuál fue el papel del entonces primer ministro en la campaña oficial para ocultar la verdad sobre lo sucedido.
En la entrevista, retransmitida por primera vez por el ente público de radiodifusión austriaco, ORF, el 13 de diciembre de 1988, se preguntaba a Mir Hossein Mousavi sobre las ejecuciones. Su respuesta fue: “Los reprimimos”, sin explicar qué es lo que está reconociendo, y evitando cualquier referencia explícita a los homicidios en masa. En lugar de eso, se centra en criticar la incursión armada realizada en julio de 1988 por la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán, un grupo de oposición con sede en Irak por aquel entonces, en un aparente intento de tergiversar las ejecuciones como una respuesta legítima a un ataque armado.
Para ver la entrevista, hagan clic aquí. Este vídeo no es para distribución, archivo o reventa. Respecto a la permiso de uso de estas imágenes, pónganse en contacto con ORF.
“La entrevista de Mir Hossein Mousavi con el ente público de radiodifusión austriaco ORF muestra que, a finales de 1988, el entonces primer ministro difundió descaradamente el mismo falso discurso utilizado por otras autoridades iraníes durante décadas para ocultar la verdad de que habían sometido a desaparición forzada y ejecutado extrajudicialmente a al menos 5.000 disidentes políticos como parte de un intento sistemático de eliminar la oposición política”, ha manifestado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
Durante años, las autoridades iraníes de todos los niveles han tratado de desviar la atención de los homicidios en masa de presos centrándose en la incursión armada de la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán de julio de 1988 y defendiendo sus actos como una represión necesaria contra los implicados.
Habida cuenta de la constante negativa a revelar el paradero de los fallecidos, todas las autoridades, actuales y pasadas, que han contribuido al clima de secreto y negación, y han facilitado así la prolongada desaparición forzada de miles de víctimas, también deben rendir cuentas de sus actos.
Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África
La desaparición forzada en masa y las ejecuciones extrajudiciales constituyen crímenes de lesa humanidad en virtud del derecho internacional, y no pueden justificarse en ninguna circunstancia. Aparte de eso, las autoridades nunca han dado una explicación de cómo es posible que miles de presos recluidos en centros de alta seguridad de Irán se comunicaran con miembros de la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán fuera del país o participaran en la incursión armada. Los testimonios de los supervivientes en la prisión confirman que a los presos a los que interrogaron entre julio y septiembre de 1988 no les preguntaron por las acusaciones de connivencia secreta con la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán. Además, las ejecuciones en masa no sólo se dirigieron contra presos que tenían vínculos con la Organización Muyahidín: entre las víctimas había cientos de afiliados a grupos de oposición kurdos y de izquierdas.
La contribución del gobierno de Mir Hossein Mousavi al clima de secreto en torno a los homicidios va más allá de esa única entrevista. Desde septiembre de 1988, después de que la noticia de las ejecuciones en masa atrajera la atención internacional, ministros destacados del gobierno y diplomáticos iraníes se dedicaron activamente a negar, en entrevistas con los medios de comunicación y en conversaciones en la ONU, los homicidios en masa, en un intento de proteger a los responsables para que no tuvieran que rendir cuentas.
Entre los altos cargos implicados se encontraban el entonces ministro del Interior, Abdollah Noori, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Ali Akbar Velayti, los viceministros de Asuntos Exteriores en 1989 y 1990, Mohammad Hossein Lavasani y Manouchehr Mottaki, el entonces representante permanente de Irán ante la ONU en Ginebra, Sirous Nasseri, el entonces representante permanente de Irán ante la ONU en Nueva York, Mohammad Jafar Mahallati, el encargado de negocios de la representación iraní en Londres, Reino Unido, Mohammad Mehdi Akhoundzadeh Basti, y el encargado de negocios de la representación iraní en Ottawa, Canadá, Mohammad Ali Mousavi.
El informe de Amnistía Internacional expone con detalle cómo estos altos cargos, o bien negaron tajantemente los homicidios en masa, rechazando la información como “mera propaganda”, o bien afirmaron que los homicidios se habían producido en el campo de batalla. También dijeron a la ONU que algunas de las víctimas registradas no existían, o estaban en el extranjero, o estudiando en la universidad, o recluidas como prisioneros de guerra, o habían muerto por “causas naturales”.
“Los autores directos de las masacres penitenciarias no son los únicos que deben ser sometidos a investigaciones penales. Habida cuenta de la constante negativa a revelar el paradero de los fallecidos, todas las autoridades, actuales y pasadas, que han contribuido al clima de secreto y negación, y han facilitado así la prolongada desaparición forzada de miles de víctimas, también deben rendir cuentas de sus actos”, ha manifestado Philip Luther.
El informe de Amnistía Internacional da los nombres de cargos clave implicados en los homicidios en masa, incluidos el actual ministro de Justicia de Irán, Alireza Avaei, su predecesor, Mostafa Pour Mohammadi, y los miembros, actuales o pasados, de la fiscalía y el poder judicial Ebrahim Raisi, Hossein Ali Nayyeri y Morteza Eshraghi, entre otros.
Negar el conocimiento de los homicidios en masa
Desde 2009, cuando se reincorporó a la política como líder reformista de la oposición, la respuesta de Mir Hossein Mousavi cuando le han preguntado por las masacres penitenciarias de 1988 ha sido a menudo evitar hacer comentarios o alegar que se cometieron sin el conocimiento de su gobierno. De esta manera, ha tratado de justificar su inacción a la hora de detener, investigar o al menos condenar públicamente los homicidios.
No obstante, los documentos de los archivos de Amnistía Internacional muestran que la organización planteó reiteradamente su preocupación por la información sobre las ejecuciones en masa de presos ante altos cargos del gobierno de Mir Hossein Mousavi, incluidos el ministro de Justicia, Hassan Ebrahim Habibi, y el ministro de Asuntos Exteriores, Ali Akbar Velayati, desde una fecha tan temprana como el 16 de agosto de 1988, cuando la organización emitió su primera Acción Urgente, mientras aún se estaban cometiendo los homicidios. La organización emitió al menos 17 Acciones Urgentes más entre el 16 de agosto y el 22 de diciembre de 1988, y movilizó a activistas de todo el mundo para enviar decenas de miles de llamamientos al gobierno iraní y a sus representantes diplomáticos en el extranjero. El 13 de diciembre de 1988, la organización emitió un comunicado de prensa acompañado de un informe breve.
“A pesar de verse ante las crecientes pruebas de estos crímenes, el gobierno de Mir Hossein Mousavi eludió una y otra vez condenar los homicidios u ordenar investigaciones. Esto, unido a las grotescas negaciones de la verdad por parte de las autoridades, resulta francamente vergonzoso”, ha manifestado Philip Luther.
Todas las autoridades, pasadas y actuales, que siguen tratando los homicidios en masa como secretos de Estado están apoyando de hecho a quienes tienen las manos manchadas de sangre.
Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África
El propio Mir Hossein Mousavi ha soportado el peso del cruel sistema de justicia penal iraní desde 2011, cuando fue puesto bajo arresto domiciliario junto con su esposa, Zahra Rahnavard, y su colega en el liderazgo de la oposición Mehdi Karroubi. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente que ambos sean puestos en libertad de inmediato.
“Todas las autoridades, pasadas y actuales, que siguen tratando los homicidios en masa como secretos de Estado están apoyando de hecho a quienes tienen las manos manchadas de sangre. Mir Hossein Mousavi y todos los demás altos cargos que han ocultado y distorsionado la verdad deben responder a las demandas de las familias atormentadas que buscan verdad y justicia, y deben revelar públicamente cualquier información que tengan sobre los homicidios en masa de presos y el paradero de las víctimas”, ha manifestado Philip Luther.
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