Una delegación de Amnistía Internacional encabezada por la secretaria general de la organización, Agnès Callamard, ha llegado a Perú para presentar las conclusiones completas de una investigación sobre la represión de las protestas generalizadas que comenzaron en el contexto de la crisis política del pasado diciembre.
La organización ha solicitado una reunión con la presidenta Dina Boluarte para hablar sobre las conclusiones del informe, titulado Racismo Letal: Ejecuciones Extrajudiciales y Uso Ilegítimo de la Fuerza por los Cuerpos de Seguridad de Perú. Durante la reunión, Amnistía Internacional entregará una petición con 200.000 firmas en la que se solicita al gobierno que garantice el derecho a la protesta pacífica.
“Estamos aquí para acompañar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en su búsqueda de justicia, y para crear presión con el fin de hacer rendir cuentas a las autoridades peruanas. Esperamos que la presidenta Boluarte escuche nuestras recomendaciones finales de abordar tanto el uso excesivo y letal de la fuerza como el racismo estructural contra manifestantes”, ha manifestado Agnès Callamard.
Estamos aquí para acompañar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en su búsqueda de justicia, y para crear presión con el fin de hacer rendir cuentas a las autoridades peruanas
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, y Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, que se reunieron con la presidenta Boluarte para hablar de las conclusiones preliminares de la investigación en febrero, también forman parte de la delegación. La delegación se reunirá con víctimas de graves violaciones de derechos humanos en distintas partes del país esta semana, antes de regresar a Lima para reunirse con autoridades gubernamentales. El jueves 25 de mayo, Amnistía Internacional presentará las conclusiones del informe en una conferencia de prensa en Lima.
El informe analiza el uso de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas militares de Perú en respuesta a las protestas, un uso que ha dado lugar a graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Tras llevar a cabo investigación inicial en Lima, Ayacucho, Andahuaylas y Chincheros en enero y febrero, la organización ha realizado investigación adicional en Juliaca, otra de las regiones con el número más elevado de protestas y muertes.