Tras años de labor de incidencia de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y activistas, Líbano ha aprobado una nueva ley de medios de comunicación que introduce importantes reformas basadas en los derechos humanos, pero que no llega a incorporar todos los cambios necesarios para garantizar que el derecho a la libertad de expresión se respete, se proteja y se haga efectivo en el país, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
El Parlamento libanés aprobó el 11 de agosto de 2026 la tan esperada Ley de Medios de Comunicación, que sustituye a la legislación obsoleta de 1962 y 1994. La ley, publicada en el boletín oficial el 3 de septiembre, introduce varias garantías muy esperadas para periodistas, personal de los medios de comunicación y personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión en línea. Entre las modificaciones se incluyen la despenalización de las injurias y la difamación en algunos supuestos, una protección más sólida de las fuentes, la prohibición de la detención en espera de juicio en casos relacionados con los medios de comunicación, la restricción de la competencia de los tribunales militares en esos casos y la ampliación de las garantías para la expresión en línea.
Sin embargo, el Parlamento ha desaprovechado la oportunidad de abordar otras amenazas al derecho a la libertad de expresión: ha mantenido en el Código Penal disposiciones que prevén penas de prisión por expresiones protegidas, como “insultar” o difamar a Estados extranjeros, y ha introducido además un nuevo delito de “noticias falsas o perjudiciales”.
“Tras años de esfuerzos de Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos en favor de una reforma legislativa que proteja la libertad de expresión en Líbano, la nueva ley de medios de comunicación da varios pasos adelante, entre ellos la supresión de las sanciones penales para determinados delitos de injurias y difamación y la ampliación de las garantías para la expresión en línea. Sin embargo, siguen vigentes disposiciones de larga data de la legislación libanesa que penalizan expresiones protegidas y que podrían acabar socavando los avances hacia la despenalización que el Parlamento ha tardado años en negociar”, ha declarado Reina Wehbi, responsable de campañas sobre Líbano de Amnistía Internacional.
“En los últimos años, quienes en Líbano han publicado o escrito sobre temas controvertidos o han criticado a actores poderosos han recibido citaciones para comparecer en investigaciones penales o han sido llevados ante los tribunales por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, sobre la base de artículos imprecisos sobre injurias y difamación. El Parlamento libanés no debe desentenderse de las disposiciones legales que aún podrían utilizarse para procesar e intimidar a quienes expresan pacíficamente sus opiniones, y debe completar el proceso de reforma: derogar el delito de ‘noticias falsas y perjudiciales’, que no es un delito reconocido por el derecho internacional, despenalizar por completo la difamación y derogar también los delitos de injurias.”
Dado que la nueva ley regula la expresión difundida a través de medios de comunicación, publicaciones, sitios web, plataformas en línea y otros medios electrónicos, las protecciones y exenciones que establece no se aplican necesariamente en otros contextos en los que pueda ejercerse la libertad de expresión.
Nuevas garantías introducidas
Uno de los aspectos positivos de la nueva ley de medios de comunicación es que introduce garantías para reducir el riesgo de que se utilicen el derecho penal, las instituciones militares o las facultades de investigación para reprimir la crítica o el periodismo.
El artículo 114 prohíbe la detención en espera de juicio por delitos cometidos a través de los medios de comunicación y los medios electrónicos que regula la ley, con independencia de la condición o la profesión de la persona acusada. Al extender expresamente esta protección a la expresión en línea, la disposición resuelve una ambigüedad de larga data del marco anterior, en virtud del cual podían ser procesados con arreglo al Código Penal periodistas, creadores de contenidos y otras personas que publicaban en línea, a quienes se privaba de las garantías procesales previstas para los casos relacionados con las publicaciones.
La ley mejora las disposiciones vigentes en la legislación libanesa relativas a la “incitación al conflicto sectario o a la violencia contra personas o grupos por su afiliación racial, religiosa, sectaria o étnica, su color o su sexo, reales o percibidos, o a causa de ellos”, al exigir a los tribunales que tengan en cuenta factores como el contexto, la intención, la influencia, la difusión y la probabilidad de causar daño a la hora de evaluar si una expresión constituye incitación ilícita, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Estas garantías ayudan a distinguir la incitación real de la expresión protegida, aunque persiste la preocupación por el concepto indefinido de “conflicto sectario”.
El artículo 113 retira a los tribunales militares la competencia sobre todos los casos relativos a los medios de comunicación y a la libertad de expresión que regula la ley. La medida responde a un motivo de preocupación de Amnistía Internacional, que ha señalado casos de civiles, entre ellos periodistas, enfrentados a procesos ante la justicia militar por delitos relacionados con la libertad de expresión.
Los artículos 115 y 116 establecen garantías explícitas de independencia editorial, protegen a los periodistas frente a injerencias, intimidaciones y represalias destinadas a influir en su trabajo, salvaguardan su derecho de sindicación y ofrecen una sólida protección a las fuentes confidenciales al restringir las medidas de divulgación, vigilancia, registro e incautación que puedan revelar la identidad de una fuente, salvo en circunstancias estrictamente definidas y sujetas a supervisión judicial.
Además, la ley moderniza el marco de los medios de comunicación de Líbano al reconocer expresamente los medios digitales y establecer un sistema claro de registro basado en la notificación para los sitios web y las plataformas de medios de comunicación, que no están sujetos a autorización previa ni a licencia. También elimina los requisitos de autorización previa para las publicaciones periódicas, deroga las restricciones sobre el número de publicaciones periódicas políticas, suprime la distinción entre publicaciones políticas y no políticas, permite que los medios de comunicación por internet y por satélite operen mediante un proceso de notificación en lugar de un régimen de licencias, y suprime la censura previa sobre la impresión, la publicación y la distribución de publicaciones no periódicas.
El artículo 98 otorga un peso jurídico significativo al interés público y protege explícitamente la información que saca a la luz casos de corrupción, somete a escrutinio a los funcionarios públicos o aborda otros asuntos de interés público legítimo.
“Estas nuevas garantías son fruto de años de trabajo diligente y entregado de activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas para mejorar el entorno de la libertad de expresión en Líbano. Ahora corresponde al Estado asegurarse de que estas garantías se cumplan con rigor en los próximos días y meses”, ha declarado Wehbi.
Persisten graves lagunas en materia de libertad de expresión
Aunque los avances positivos son significativos, hay también una serie de lagunas que no ha abordado la ley, por lo que siguen vigentes disposiciones problemáticas que vulneran la libertad de expresión.
La nueva ley da un paso atrás al tipificar como delito la desinformación sin definirla con claridad. El artículo 104.b de la nueva ley crea un nuevo delito que penaliza la “invención intencionada de falsedades y la difusión de noticias falsas o perjudiciales”, castigado con hasta tres años de prisión.
La disposición resulta problemática porque se presta a abusos: términos imprecisos e indefinidos como “noticias perjudiciales” crean un alto riesgo de citaciones, investigaciones y procesamientos arbitrarios de periodistas, personal de los medios de comunicación y otras personas.
“La desinformación tiene efectos perjudiciales para los derechos humanos y es importante que los Estados adopten medidas para prevenirla, detectarla y contrarrestarla; ahora bien, tipificarla como delito no es una forma eficaz de abordarla. Dado que el alcance de este delito será a menudo poco claro, la disposición corre el riesgo de convertirse en una nueva herramienta para perseguir a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión”, ha declarado Reina Wehbi.
“El Parlamento debe modificar con urgencia la ley para garantizar que toda disposición relativa a las noticias falsas esté definida de forma estricta y sea plenamente coherente con las normas internacionales sobre libertad de expresión. Tras años de debate, esta ley debe marcar un abandono decisivo de las sanciones penales por actos de expresión y no crear nuevas herramientas de censura y enjuiciamiento.”
El Código Penal y el Código de Justicia Militar de Líbano contemplan una serie de delitos relacionados con la libertad de expresión que se han utilizado para restringir las críticas a funcionarios públicos, instituciones del Estado y otros actores poderosos.
En un paso adelante, la nueva ley de medios de comunicación deroga los delitos contra el sentimiento religioso o nacional y traslada el marco aplicable a una serie de delitos relacionados con la libertad de expresión (injurias, difamación y calumnia) del ámbito de la responsabilidad penal al de la responsabilidad civil para los medios de expresión que regula la ley. La ley también amplía la protección de las críticas a funcionarios públicos y figuras públicas al permitir que las personas acusadas se amparen en pruebas, indicios de veracidad y consideraciones de interés público en su defensa.
Sin embargo, la nueva ley de medios de comunicación se queda corta al excluir de ese traslado una serie de delitos penales relacionados con la libertad de expresión. Por ejemplo, sigue en vigor el artículo 292 del Código Penal, que tipifica como delito las injurias y la difamación dirigidas contra Estados extranjeros, sus jefes de Estado o sus representantes políticos en Líbano.
Además, persiste la ambigüedad sobre si los casos de difamación y calumnia dirigidas contra autoridades y funcionarios públicos han pasado del marco de responsabilidad penal al de responsabilidad civil para los medios de expresión que regula la ley.
Los artículos 107 y 108, relativos al nuevo marco de responsabilidad civil, incluyen la difamación y la calumnia en los casos que afectan a funcionarios públicos y figuras públicas. Ahora bien, en su lista de delitos relacionados con la libertad de expresión cuyas sanciones penales quedaban derogadas, el artículo 105 no hacía referencia explícita a los artículos 385 a 387 del Código Penal, que tipifican como delito la difamación y la calumnia contra funcionarios públicos, jueces, instituciones públicas, el ejército y el presidente. Especialistas en derecho consultados por Amnistía Internacional afirmaron que, en su opinión, es probable que el legislador pretendiera trasladar estos delitos al nuevo marco civil, pero que la ausencia de una referencia explícita deja margen para que las autoridades judiciales sigan aplicándolos.
Amnistía Internacional sigue pidiendo la derogación de las leyes que tipifican como delito las injurias dirigidas a jefes de Estado, funcionarios públicos u otras figuras públicas. Las figuras públicas están legítimamente expuestas a la crítica y a la oposición política, y deben tolerar más críticas que los particulares.
Información complementaria
Amnistía Internacional ha documentado reiteradamente el uso que hacen las autoridades de las leyes libanesas sobre difamación, injurias y otros delitos relacionados con la libertad de expresión, que emplean como arma para investigar, procesar y hostigar a periodistas, activistas y quienes critican al gobierno. En 2023, la organización lanzó la campaña #MyOpinionIsNotaCrime, en la que exigía la despenalización de los delitos de difamación, el fin de la competencia de los tribunales militares sobre la expresión de civiles y el pleno cumplimiento de las normas jurídicas internacionales.
El proceso de reforma de la legislación que regula los medios de comunicación comenzó en 2010 con un proyecto de ley presentado por el exdiputado Ghassan Moukheiber y la Fundación Maharat para sustituir a la Ley de Publicaciones de 1962. A lo largo de 16 años, el proyecto fue objeto de amplias revisiones en las subcomisiones parlamentarias antes de su aprobación definitiva el 11 de agosto de 2026. A lo largo de este proceso, Amnistía Internacional y las organizaciones asociadas en la Coalición por la Libertad de Expresión en Líbano han hecho campaña de forma continua para que la legislación libanesa proteja, en lugar de reprimir, el debate pacífico y la libertad de los medios de comunicación.