“Las autoridades tunecinas deben poner en libertad al destacado político de la oposición Rached Ghannouchi, anular sus sentencias condenatorias y poner fin a los enjuiciamientos por motivos políticos contra él empañados por graves violaciones de las garantías procesales”, ha declarado hoy Amnistía Internacional. Asimismo, la organización pide con urgencia que reciba acceso a atención médica adecuada hasta que sea excarcelado.
El líder de 84 años del Partido Ennahda (Partido del Renacimiento) y ex presidente del Parlamento está recluido arbitrariamente desde su detención en abril de 2023 y viene siendo objeto de numerosos enjuiciamientos por motivos políticos. Las autoridades han iniciado al menos 12 causas penales distintas contra Rached Ghannouchi que han desembocado en múltiples sentencias condenatorias y penas de prisión acumulativas de 107 años, además de la cadena perpetua impuesta el 1 de junio de 2026 en el caso “aparato secreto”.
“La sentencia más reciente dictada contra Rached Ghannouchi es la primera cadena perpetua impuesta a un líder político importante desde la revolución de 2011 en Túnez y supone una escalada significativa del uso indebido por las autoridades del sistema de justicia penal contra figuras de la oposición”, afirmó Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Los juicios y procesamientos sucesivos contra él son emblemáticos de lo lejos que están dispuestas a ir las autoridades para reprimir la disidencia política. También muestran hasta qué punto está politizado el sistema judicial sin tener apenas en cuenta el derecho a un juicio justo”.
Los llamamientos de Amnistía Internacional se hacen eco de las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de la ONU, que, en su opinión núm. 63/2025, declaró arbitraria la detención de Rached Ghannouchi en virtud del derecho internacional, citando la ausencia de fundamentos jurídicos, violaciones de las normas sobre imparcialidad procesal y discriminación basada en la opinión política.
Las diversas sentencias condenatorias de Rached Ghannouchi se dictaron a raíz de actuaciones gravemente afectadas por irregularidades procesales como la denegación del acceso a asistencia letrada, juicios celebrados en su ausencia y sin que se le hubieran notificado, y el uso de vídeos manipulados, testigos anónimos y afirmaciones sin fundamento sin que se permitiera a su defensa impugnar las pruebas. Sus enjuiciamientos —por motivos que van desde delitos relacionados con la libertad de expresión por comentarios públicos protegidos por dicho derecho hasta delitos económicos en relación con un donativo benéfico de 2016 a la Media Luna tunecina revelado públicamente— representan una clara violación de sus derechos a la libertad de expresión y de asociación, a un juicio conforme a las normas internacionales y a la participación política.
La permanencia en prisión de Rached Ghannouchi se ha visto agravada aún más por el drástico deterioro de su salud. Ghannouchi sufre la enfermedad de Parkinson, apnea del sueño y dolor intenso en las piernas que se vieron exacerbados al estar recluido en celdas carcelarias sin ventilación durante olas de calor a temperaturas superiores a 50º C. Perdió el conocimiento dos veces durante una consulta jurídica el 17 de julio y ha sido hospitalizado en cinco ocasiones entre julio y agosto de 2026. Durante sus estancias en el hospital, las autoridades prohibieron arbitrariamente las visitas de su familia y de su equipo jurídico.
“El caso de Rached Ghannouchi ilustra cómo, con el presidente Kais Saied, el país ha sufrido un grave retroceso de los derechos humanos facilitado por la erosión de la independencia judicial. Mientras el presidente Saied acusa reiterada y públicamente a quienes critican al gobierno y se oponen políticamente a él de ‘traidores’ y ‘terroristas’, hemos sido testigos de cómo el poder judicial se subordinaba cada vez más a los intereses políticos del ejecutivo”, concluyó Heba Morayef.
La organización reitera que las autoridades tunecinas deben poner en libertad inmediata a Rached Ghannouchi, dejar de hacer uso indebido del sistema judicial para atacar a figuras de la oposición y cumplir las obligaciones internacionales contraídas por el país en materia de derechos humanos.