En respuesta al anuncio realizado por Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suecia respecto a que planean restringir el comercio con los asentamientos israelíes ilegales en el Territorio Palestino Ocupado y están considerando adoptar medidas adicionales, Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, ha declarado:
“El anuncio de que 12 Estados planean introducir restricciones al comercio con los asentamientos israelíes, que son ilegales en virtud del derecho internacional humanitario, es una medida bien recibida, aunque debería haberse tomado mucho antes, que debe allanar el camino a la adopción de medidas adicionales para poner fin a la ocupación ilegal israelí y al sistema institucionalizado de apartheid impuesto contra la población palestina”.
“Las medidas anunciadas hasta el momento, aunque son importantes, no cumplen las instrucciones impartidas en julio de 2024 por la Corte Internacional de Justicia a los Estados de ‘no prestar ayuda ni asistencia’ para mantener la ocupación ilegal israelí del Territorio Palestino.”
“La creación y la expansión de los asentamientos —en una situación en la que la violencia de los colonos respaldada por el Estado se ha convertido en una herramienta fundamental que está causando desplazamiento y desposesión en unos niveles sin precedentes durante el actual gobierno israelí— son un componente básico de la política de Israel y no pueden separarse de su sistema general de apartheid.”
“Comunidades palestinas enteras se enfrentan al riesgo inminente de ser borradas del mapa en Cisjordania en el contexto de una campaña de limpieza étnica en curso. Mientras tanto, la población palestina de la Franja de Gaza ocupada sigue luchando por la supervivencia en medio del genocidio que está perpetrando Israel.
Para abordar de verdad las violaciones de derechos derivadas de los asentamientos ilegales, los Estados deben ir más allá; deben actuar contra la propia infraestructura que financia, sostiene y apoya la ocupación ilegal israelí.
Erika Guevara Rosas, Amnistía Internacional
“Para abordar de verdad las violaciones de derechos derivadas de los asentamientos ilegales, los Estados deben ir más allá; deben atacar la infraestructura misma que financia, sostiene y apoya la ocupación ilegal israelí. Para eso es preciso imponer medidas a entidades clave, incluidos los ministerios del gobierno de Israel, implicadas en el establecimiento, el mantenimiento y la provisión de apoyo material a los asentamientos ilegales y su infraestructura, así como emprender acciones efectivas para prevenir y detener toda transferencia forzosa de población palestina.”
“Todos los Estados deben dejar absolutamente claro que no proporcionarán más apoyo político, económico o militar que contribuya a las violaciones graves y sistemáticas del derecho internacional cometidas por Israel.”
“También deben imponer sanciones específicas, incluidas prohibiciones de viajar y congelación de activos, contra Benjamin Netanyahu, Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir, Israel Katz y Orit Strock, como altos cargos de Israel implicados directamente en la limpieza étnica y la transferencia forzada de población palestina en Cisjordania, y en el mantenimiento de la ocupación ilegal y el apartheid israelíes. Asimismo, deben prohibir la transferencia de armas y material de seguridad que corran el riesgo de facilitar violaciones cometidas por Israel.”
“Por su parte, los Estados de la Unión Europea (UE) deben pedir a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que les presente una propuesta para una prohibición general para toda la UE del comercio con asentamientos, y deben pedir a Estados clave, como Italia y Alemania, que la apoyen. También deben dar el siguiente paso lógico y suspender el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea e Israel.”
“Ya no hay lugar para las excusas, las demoras o las medias tintas. La falta de una actuación decidida para abordar las violaciones masivas cometidas por Israel contra la población palestina transmite una peligrosa señal de que los Estados no están dispuestos a cumplir sus propias obligaciones legales. También envalentona a las autoridades israelíes para seguir violando impunemente el derecho internacional al tiempo que niegan a la población palestina una protección significativa.”