Resumen ejecutivo
Lo que está pasando ahora mismo es el borrado de seres humanos, árboles y piedras, de todo lo que sea palestino, por colonos con el apoyo del ejército.
Muntair al Maliki, habitante de Kufr Malik
La población palestina de Jirbet Zanuta (Zanuta), localidad de la Cisjordania ocupada, llevaba generaciones allí, viviendo del pastoreo, el cultivo de la tierra y la elaboración de productos lácteos. En virtud del Acuerdo II de Oslo de 1995, ese lugar forma parte de la denominada “Área C”, por lo que está completamente bajo el control administrativo y militar israelí. Actualmente, Zanuta está siendo devorada por los puestos de avanzada y los asentamientos israelíes y sufre violencia y terror promovidos por el Estado.
A sólo un kilómetro de allí, los colonos israelíes establecieron en 2021 un puesto ilegal de avanzada conocido como Meitarim Farm, y no tardaron en emprender una campaña constante de amenazas y ataques violentos contra la población. Quemaron sus jaimas y escuelas, irrumpieron en sus viviendas, golpearon con fusiles y apedrearon a la gente, rompieron paneles solares y ventanas, vaciaron los depósitos de agua y vertieron lodos residuales en las tierras de cultivo.
El caso de Zanuta refleja la suerte de decenas de comunidades palestinas beduinas y dedicadas al pastoreo que han sido ya desplazadas o corren riesgo inminente de desplazamiento en el Área C. El presente informe expone la magnitud y gravedad de la campaña de limpieza étnica emprendida contra ellas en un contexto de apartheid y ocupación ilegal y en el marco de un genocidio que se está perpetrando en la Franja de Gaza ocupada.
El informe demuestra también que, contrariamente a lo que gran parte de la comunidad internacional sugiere, los responsables de la campaña no son colonos “descontrolados”, organizaciones de colonos o ministros “extremistas” del gobierno. En otras palabras, revela que la violencia de los colonos no es una anomalía, sino parte integrante de una política estatal organizada.
El aumento de la violencia contra Zanuta se produjo tras decenios de discriminación sistemática, ejercida por las autoridades israelíes por medios como amenazas constantes de demolición de viviendas para obligar a sus habitantes a abandonarlas, práctica adoptada de manera habitual por Israel para aplicar su sistema de apartheid. La población de Zanuta denunció reiteradamente los ataques de los colonos ante la policía israelí para pedir protección, pero jamás se tomó medida alguna.
Cuando los colonos de Meitarim Farm asaltaron otra vez la localidad, el 21 de octubre de 2023, acompañados en esta ocasión por fuerzas israelíes, y amenazaron con causar daño a sus habitantes si no se marchaban, éstos comprendieron que no tenían más remedio que huir.
En julio de 2024 y en febrero de 2025, el Tribunal Supremo de Israel tomó la inusitada decisión de ordenar a la policía y el ejército israelíes que facilitaran el regreso de la comunidad y la protegieran de los ataques. Pero no se hizo ni lo uno ni lo otro. Cada vez que los habitantes del Zanuta intentaron regresar toparon con la violencia constante de los colonos y la aquiescencia para ello de las fuerzas israelíes. Hay datos digitales, entrevistas e imágenes de satélite recabados a partir del 30 de marzo de 2025 que confirman el resultado final, a saber: Zanuta ya no existe: ha sido despoblada por la fuerza y destruida terriblemente.
Al mismo tiempo, los colonos recibieron el respaldo del Estado para intensificar su campaña de violencia. En abril de 2025, dos ministros israelíes —Bezalel Smotrich y Orit Strock— celebraron en Meitarim Farm un acto, en el curso del cual repartieron entre los colonos residentes en los puestos de avanzada del Área C de Hebrón 19 vehículos todo terreno, con cámaras y equipos de visión nocturna, financiados por el Estado.
Tras elogiar a los colonos por las ocupaciones de tierras y destacar la utilidad de esos vehículos para llevarlas a cabo, Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, explicó:
“Los colonos heroicos y pioneros que viven aquí están haciendo sionismo y necesitan seguridad […].Estamos aquí para construir con ellos y colonizar la tierra”.
En este informe se demuestra que la campaña de limpieza étnica del Área C está aprobada, impulsada y aplicada por el Estado y que con ella se pretende acelerar la agenda anexionista del gobierno israelí y la expansión de los asentamientos mediante crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Por consiguiente, en sus conclusiones se pide a la comunidad internacional que reconozca y aborde plenamente la cuestión del proyecto israelí impulsado por el Estado y que actúe con decisión para impedir la destrucción de las comunidades palestinas y la anexión de Cisjordania.
Análisis jurídico de Amnistía Internacional
Zanuta es una de las 117 comunidades palestinas de la Cisjordania ocupada predominantemente beduinas y dedicadas al pastoreo que, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), han sufrido desplazamiento total o parcial debido a los ataques de los colonos y las consiguientes restricciones de acceso entre enero de 2023 y abril de 2026. En total, aproximadamente 5.910 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, dejando tras de sí inmensas zonas despobladas. La mayoría de las comunidades afectadas se encuentran en el Área C, que abarca más del 60% de Cisjordania y lleva decenios siendo fundamental para la consecución israelí de dominio territorial y demográfico debido a sus recursos naturales, a sus esenciales tierras de cultivo y pastoreo y al pequeño tamaño de su población palestina.
A finales de diciembre de 2022, el Likud, el partido de Benjamin Netanyahu, formó el 37º gobierno de Israel en coalición con dos grupos políticos ultranacionalistas y religiosos. Aunque la violencia de los colonos respaldada por el Estado ha sido motivo de creciente preocupación para las comunidades palestinas de Cisjordania en los tres últimos decenios, desde entonces el volumen e intensidad de los ataques han experimentado un aumento sin precedentes.
Las tácticas empleadas se volvieron especialmente agresivas tras el ataque lanzado por Hamás y otros grupos armados palestinos en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, cuando mataron a 1.200 personas aproximadamente, en su mayoría civiles, y se llevaron a 251 más a la Franja de Gaza, donde las retuvieron como rehenes y sometieron a abusos. Amnistía Internacional concluyó en un informe que estos actos constituían crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
En respuesta a ellos, Israel emprendió en la Franja de Gaza ocupada una ofensiva militar de magnitud, escala y duración sin precedentes y sometió a su población civil a niveles de destrucción, desplazamiento y hambre catastróficos, hasta del punto de cometer genocidio contra el pueblo palestino allí. Mientras la atención mundial estaba centrada en Gaza, intensificó sus políticas y prácticas abusivas contra la población palestina de la Cisjordania ocupada, llegando las autoridades del gobierno a promover y apoyar abiertamente los ataques de los colonos.
Desplazamiento y desposesión: crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad
Las comunidades palestinas han sido aterrorizadas por colonos israelíes con motivaciones ideológicas, que se han valido para ello de reiterados asaltos a sus viviendas y pueblos, palizas, amenazas de muerte para obligarlas a marcharse, hostigamiento persistente, destrucción de bienes e infraestructuras rurales, cortes de acceso a agua y electricidad y robo de ganado y enseres. Estas prácticas han agravado deliberadamente un entorno ya coercitivo, dirigido a causar el desplazamiento y desposesión de la población palestina y manifiesto en forma de políticas estatales de imposición de restricciones de acceso, demolición de viviendas y expansión de los asentamientos. Las comunidades palestinas que han intentado regresar han encontrado sus pueblos vallados o destruidos o han sufrido nuevos ataques, hostigamiento e intimidaciones de los colonos, lo que las ha obligado a huir otra vez.
Estas agresiones son el resultado directo de una política estatal que ha incorporado e impulsado la visión del “Gran Israel” preconizada por el movimiento de colonos, ideología que considera el Área comprendida entre el mar Mediterráneo y el rio Jordán, incluida la totalidad del Territorio Palestino Ocupado (TPO), parte integrante de Israel.
Altas autoridades del 37º gobierno de Israel han adoptado totalmente esta visión y promovido, facilitado y tolerado de manera explícita la violencia de los colonos contra las comunidades beduinas y dedicadas al pastoreo, en tanto que instrumento deliberado de desplazamiento, con mayor claridad y vigor que sus predecesoras en pos de su objetivo de anexionarse formalmente Cisjordania con arreglo a la legislación israelí.
Desde 1967, Israel ha venido ejerciendo su ocupación por medio de reglamentos y órdenes militares. La situación en el TPO, incluida el Área C de Cisjordania, se halla, por tanto, regulada fundamentalmente por el derecho internacional humanitario (incluidas las normas del derecho relativo a la ocupación) y el derecho internacional de los derechos humanos. Las mismas normas internacionales se aplican al Jerusalén Oriental ocupado, anexionado ilegalmente por Israel desde 1967, a pesar de los intentos israelíes de separarlo del resto de Cisjordania mediante un régimen de fragmentación y segregación jurídica.
En este informe, Amnistía Internacional presenta pruebas concluyentes de que estas violaciones del derecho internacional, perpetradas entre enero de 2023 y diciembre de 2025, son constitutivas del crimen de guerra de deportación o traslado ilegal y del crimen de lesa humanidad de deportación o traslado forzoso, cometidos como parte de una política de limpieza étnica en el Área C de la Cisjordania ocupada mediante el desplazamiento forzoso de comunidades palestinas beduinas y dedicadas al pastoreo y la expansión a su costa de los asentamientos ilegales.
Amnistía Internacional utiliza en este informe el término “limpieza étnica” para describir un patrón deliberado de conducta encaminado a expulsar permanentemente a las comunidades palestinas beduinas y dedicadas al pastoreo de zonas específicas de la Cisjordania ocupada, en particular del Área C. Mientras no se reconozca la limpieza étnica como delito autónomo en el derecho internacional, la organización utiliza el término de acuerdo con la definición de la comisión de expertos de la ONU sobre la ex Yugoslavia, según la cual denota una política deliberada, concebida por un grupo étnico o religioso para eliminar por medio de la violencia y el terror a la población de otro grupo étnico o religioso de determinadas zonas geográficas.
Aunque el presente informe abarca el periodo comprendido entre diciembre de 2022 y diciembre de 2025, estos crímenes atroces continúan cometiéndose y son parte integrante del sistema israelí de apartheid, como muestran la documentación e información continuas de la situación sobre el terreno ofrecidas por Amnistía Internacional.
Metodología de investigación
Para extraer estas conclusiones, Amnistía Internacional determinó primeramente la intención de Israel de formalizar la anexión del Área C con arreglo a la legislación israelí y cambiar su composición demográfica, incluso por medio de violaciones del derecho internacional que constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Con tal fin realizó un extenso análisis de políticas de Israel orientadas históricamente a la anexión, acuerdos gubernamentales, declaraciones oficiales de ministros del gobierno, propuestas de legislación y leyes aprobadas, y cambios de gobernanza en la Cisjordania ocupada. A continuación evaluó cómo afectaban estas políticas a las personas palestinas pertenecientes a comunidades beduinas y dedicadas al pastoreo, centrándose en tres lugares emblemáticos del Área C que habían sufrido o corrían riesgo de sufrir desplazamiento provocado por colonos entre 2023 y 2025, a saber:
- Zanuta, en las colinas del sur de Hebrón;
- Ein Samia, en el centro del valle del Jordán, y
- Al Farisiya, Ein al Hilweh y Majoul, conjunto de pequeñas comunidades del norte del valle del Jordán.
El informe está también basado en investigación documental y de campo sobre sucesos ocurridos en otras 22 comunidades beduinas y dedicadas al pastoreo.
En total Amnistía Internacional entrevistó para este informe a 64 personas, entre ellas 45 mujeres y hombres palestinos de 12 comunidades, que habían sido desplazadas o corrido riesgo de desplazamiento, algunas varias veces. También entrevistó a 19 más que eran profesionales del derecho, activistas israelíes o de otras nacionalidades que mantenían bajo observación la violencia de los colonos, autoridades palestinas, periodistas o representantes de ONG israelíes y palestinas. La organización verificó rigurosamente más de 420 vídeos e imágenes y examinó documentos gubernamentales, decisiones judiciales, mapas, imágenes de satélite, informes de la ONU y de la sociedad civil y otros materiales de acceso público.
El 13 de mayo de 2026, Amnistía Internacional presentó sus conclusiones a los ministerios israelíes de Seguridad Nacional, Defensa, Justicia y Finanzas, así como a la Fiscalía General. En el momento de la publicación del informe, sólo había recibido respuesta de la portavocía del ejército, que, entre otras cosas, afirmó que las fuerzas israelíes responden a los ataques de colonos contra personas palestinas y sus bienes y, si es necesario, detienen a los presuntos responsables hasta la llegada de la policía. Manifestó también que el ejército investiga a sus fuerzas en casos de posible incumplimiento de órdenes o de no intervención para detener la violencia de los colonos. Los datos documentados y analizados por Amnistía Internacional revelan una situación distinta de la descrita en estas afirmaciones. Puede consultarse la respuesta del ejército en un anexo del informe.
La intención de Israel de anexionarse el Área C y expulsar a la población palestina
Desde la ocupación israelí de Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental (anexionado ilegalmente), y la Franja de Gaza en 1967, los sucesivos gobiernos de Israel han promovido planes de anexión que permitían el ejercicio del poder gubernamental israelí sobre la extensión más grande de territorio palestino manteniendo a la vez una presencia palestina mínima.
La formación del 37º gobierno de Israel en diciembre de 2022 comportó un importante cambio de velocidad y escala en la formalización de las medidas de anexión con arreglo a la legislación israelí. Dirigido por el partido Likud, de Benjamin Netanyahu, en coalición con los partidos Poder Judío, de Itamar Ben Gvir, y Sionismo Religioso, de Bezalel Smotrich, el gobierno convirtió en objetivo explícito de sus políticas la anexión formal, con arreglo a la legislación israelí, de otras zonas de la Cisjordania ocupada, además de Jerusalén Oriental.
Se adhirió abiertamente a la visión del «Gran Israel» concebida por el movimiento de colonos e intensificó las políticas de judeización dirigidas a maximizar el control judeo-israelí de las tierras a la vez que se restringía el de la población de la palestina obligándola a vivir en enclaves fragmentados y densamente poblados con objeto de minimizar su presencia y cortarle el acceso a zonas de importancia estratégica. También aceleró la confiscación de tierras por medio fundamentalmente de decisiones por las que se las declaraba de propiedad estatal y expandió los asentamientos y los proyectos conexos de infraestructura a un ritmo sin precedentes. Al hacerlo, continuó violando normas imperativas básicas del derecho internacional, entre ellas la prohibición de la anexión y el establecimiento de asentamientos en territorio ocupado. Asimismo, desobedeció numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU sobre la ilegalidad de los asentamientos adoptadas desde 1967, así como dos opiniones consultivas del Corte Internacional de Justicia (CIJ), en la más reciente de la cuales, de julio de 2024, se declaraba ilegal la ocupación y se ordenaba a Israel poner fin a su presencia en el TPO y desmantelar todos los asentamientos.
Las autoridades israelíes abolieron, además, disposiciones de la legislación sobre retirada que habían hecho posible la evacuación de cuatro asentamientos y puestos de avanzada del norte de Cisjordania casi dos decenios antes y legalizaron retroactivamente puestos de avanzada no autorizados ni siquiera por la legislación israelí, lo que permitió aumentarles la financiación estatal y el apoyo logístico y facilitar a sus habitantes la obtención de licencias de armas de fuego como particulares. De especial gravedad fue la contribución activa del gobierno al mantenimiento de una campaña de violencia sin precedentes de los colonos para provocar el desplazamiento forzado de población palestina del Área C.
Estas prioridades se formalizaron en los acuerdos de coalición firmados entre el Likud y Poder Judío y Sionismo Religiosos, así como en los principios rectores del gobierno. Violando flagrantemente el derecho internacional, estos principios disponen que la Cisjordania ocupada es parte integrante de la “Tierra de Israel”, ordenan al gobierno “promover y desarrollar el asentamiento” y reconocen “el derecho exclusivo e indiscutible del pueblo judío sobre todas las zonas de la Tierra de Israel”, con lo que afianzan aún más la dominación judeo-israelí de la población palestina.
El nombramiento de Itamar Ben Gvir como ministro de Seguridad Nacional, con autoridad sobre la policía de fronteras en Cisjordania, y de Bezalel Smotrich como ministro de Finanzas y ministro adicional de Defensa, responsable de supervisar unidades clave del ejército israelí que se encargan de aplicar las políticas civiles en Cisjordania, situó a destacados colonos y partidarios de la anexión en el núcleo mismo de la toma de decisiones del gobierno.
Además de los acuerdos formales, las declaraciones públicas de algunos altos cargos —entre ellos, el primer ministro Netanyahu— reflejan un afán coordinado y totalmente explícito por impulsar la anexión y el dominio demográfico judío en Cisjordania, concretamente en el Área C.
Por ejemplo, en febrero de 2023, el primer ministro Netanyahu insistió en que “la construcción y la regulación en Judea y Samaria [la Cisjordania ocupada] continuarán de acuerdo con el programa original de planificación y construcción, sin ningún cambio” y en que no había ni habría “ninguna suspensión”. En septiembre de 2025, Bezalel Smotrich anunció un plan de anexión del 82% de Cisjordania, cuya pauta principal debía ser “el máximo de tierra, el mínimo de población árabe”, es decir, básicamente, fomentar la superioridad demográfica judía. En referencia tanto a la Franja de Gaza como a Cisjordania, en septiembre de 2025, Itamar Ben Gvir pidió establecer la “soberanía” israelí y promover el traslado forzoso de las personas palestinas residentes allí, señalando: “porque esta es nuestra tierra y porque tenemos que decirle al mundo entero: ‘es nuestra para siempre jamás’ […] Soberanía, y también fomentar la emigración voluntaria [palestina], que debemos hacer también en Judea y Samaria”.
Medidas aceleradas de expansión de los asentamientos y anexión
Inmediatamente después de su formación, el gobierno procedió a poner en práctica la visión del movimiento de colonos, que, como se expone en los acuerdos de coalición, incluye formalizar la anexión, la expansión de los asentamientos y las apropiaciones aceleradas de tierras. Con tal fin, transfirió rápidamente de organismos militares a organismos civiles la autoridad sobre los asuntos civiles en la Cisjordania ocupada. Un aspecto importante de estas medidas fue que consolidaron la facultad de Bezalel Smotrich de tomar decisiones que afectan a la población palestina del Área C, lo que constituye una violación del derecho internacional humanitario, según el cual, salvo impedimento absoluto para ello, la potencia ocupante debe respetar la legislación vigente.
Febrero de 2023: el Ministerio de Defensa estableció la Administración de Asentamientos, organismo civil subordinado a Bezalel Smotrich que se ocupa de todos los aspectos de la vida en los asentamientos israelíes de Cisjordania. El nuevo organismo tiene autoridad para regularizar puestos de avanzada y aplicar la legislación sobre panificación y construcción a las edificaciones tanto palestinas como israelíes en el Área C, lo que ha dado lugar a la práctica paralización de las operaciones de desmantelamiento de estructuras construidas por colonos sin autorización oficial israelí.
Junio de 2023: la responsabilidad de la planificación y autorización de asentamientos, que recaía en el ministro de Defensa, se transfirió formalmente a Bezalel Smotrich en su calidad de ministro adicional. Esta decisión facilitó la construcción sin restricciones de asentamientos en Cisjordania, pues eliminó los diversos niveles de supervisión política y militar y la necesidad de solicitar la autorización del ministro de Defensa y el primer ministro. Tras la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en noviembre de 2024, las reuniones de autorización de asentamientos, que se celebraban a lo sumo trimestralmente, pasaron a convocarse todas las semanas, con lo que aumentó la frecuencia de las autorizaciones.
Mayo de 2024: el mando militar de Cisjordania autorizó el nombramiento en la Administración Civil de un cargo civil adjunto para los asuntos civiles. Se nombró a un estrecho colaborador de Bezalel Smotrich, que debía responder directamente ante éste, en tanto que jefe de la Administración de Asentamientos, no ante el jefe de la Administración Civil.
Mayo de 2025: Las autoridades israelíes anunciaron la reanudación del registro de tierras en el Área C, medida concebida en la práctica para favorecer a los colonos israelíes, al tratar todas las tierras no registradas como propiedad del Estado y bajo control israelí salvo que se demostrara que eran de propiedad palestina, para lo cual había que satisfacer unos requisitos que era prácticamente imposible cumplir.
Febrero de 2026: Las autoridades israelíes restablecieron un mecanismo de registro de tierras que transfería de la Administración Civil al Ministerio de Justicia la autoridad sobre la cartografía y medición de terrenos en las zonas no registradas. A final del mes, se habían apropiado de la mitad de las tierras no registradas del Área C, que constituyen el 58% de ella.
El gabinete de seguridad aprobó medidas adicionales para afianzar el control israelí de las tierras palestinas, entre ellas: derogar una ley del periodo jordano que impedía a las personas no palestinas adquirir tierras en Cisjordania sin el permiso de las autoridades palestinas y reactivar por medio de un organismo de la Administración Civil un mecanismo que capacita al Estado israelí para adquirir tierras directamente de personas no palestinas sin solicitar ninguna autorización. El gobierno autorizó también procedimientos simplificados de autorización de asentamientos.
Financiación de la expansión de los asentamientos
Desde que llegó al poder, el gobierno ha aumentado exponencialmente la financiación necesaria para poner en práctica la agenda del movimiento de colonos y se ha servido de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 para intensificar considerablemente la aplicación de agresivas medidas y prácticas de anexión en Cisjordania.
Se han canalizado sustanciales recursos a la División de Asentamientos —el organismo encargado de planear y supervisar el establecimiento y la expansión de los asentamientos— y a grandes proyectos de infraestructura, y determinados asentamientos han sido declarados zonas de prioridad nacional acogidas a programas de ayuda económica del gobierno. Entre los principales ministerios que han asignado fondos a la industria de los asentamientos figuran los de Asentamientos y Misiones Nacionales (dirigido por Orit Strock), Defensa, Transporte y Agricultura.
Por ejemplo, en los tres primeros años de mandato del gobierno, el presupuesto anual del Ministerio de Asentamientos y Misiones Nacionales aumentó un 122%, hasta alcanzar los 764 millones de séqueles (alrededor de 254,5 millones de dólares estadounidenses) en 2026. En 2023, el gobierno asignó 3.500 millones de séqueles (alrededor de 1.100 millones de dólares estadounidenses) al Ministerio de Transportes para la mejora y desarrollo de carretas para uso de los colonos en Cisjordania durante cinco años. En diciembre de 2025 se aprobó un plan adicional de consolidación y desarrollo de asentamientos con una asignación presupuestaria de 2.750 millones de séqueles (alrededor de 919 millones de dólares estadounidenses).
Además, el gobierno destinó directamente fondos y material a puestos de avanzada no autorizados. La organización israelí Peace Now encontró indicios de que, en 2023, el gobierno había proporcionado 28 millones de séqueles (alrededor de 8 millones de dólares estadounidenses) a 68 puestos de avanzada dedicados al pastoreo y a 33 más, que los utilizaron para adquirir drones, vehículos, cámaras, paneles solares y verjas eléctricas. En julio de 2024, la ministra de Asentamientos y Misiones Nacionales confirmó que su oficina había destinado 75 millones de séqueles (alrededor de 23 millones de dólares estadounidenses) a mejoras de la infraestructura de seguridad de puestos de avanzada. Entre abril y julio de 2025, el gobierno trasladó al menos 48 vehículos todo terreno a puestos de avanzada no autorizados, junto con gafas de visión nocturna, drones, equipos de comunicación y generadores.
Las autoridades israelíes han financiado también directamente a organizaciones de colonos implicadas en desposesión de comunidades palestinas. Por ejemplo, Hashomer Yosh, que capta a personas para vivir o participar en actividades voluntariamente en puestos de avanzada, ha recibido financiación estatal por valor de al menos tres millones de séqueles (más de un millón de dólares estadounidenses) desde 2023 a pesar de la existencia de vídeos verificados de miembros suyos que hostigan y agreden a personas palestinas pertenecientes comunidades beduinas y dedicadas al pastoreo, destrozan sus bienes e impiden a población palestina desplazada regresar a sus hogares.
Aumento de la construcción en los asentamientos
Ma’ale Adumim es parte integrante de nuestra patria y habrá muchos otros Ma’ale Adumim en nuestra patria.
Palabras del primer ministro Netanyahu sobre la autorización de 3.401 viviendas nuevas en Ma’ale Adumim, pronunciadas durante una visita que hizo a ese lugar el 11 de septiembre de 2025.
Los cambios de política del gobierno provocaron un aumento sin precedentes de la construcción en los asentamientos. Mientras que entre 2012 y 2022 la media anual de viviendas promovidas fue de 5.443, con el 37º gobierno aumentó a 16.928 al año aproximadamente. En el Área C, entre 2023 y 2025 las autoridades israelíes declararon tierras de propiedad estatal 25.959 dunums (alrededor de 2.596 hectáreas).
Según Peace Now, el gobierno promocionó entre 2023 y 2025 planes de construcción de 50.785 viviendas en asentamientos. Sólo en 2025, el Consejo Superior de Urbanismo aprobó 27.941 viviendas, la cifra anual más alta jamás registrada.
Al mismo tiempo, la política consolidada de Israel de restringir la construcción y la urbanización palestinas en Cisjordania, especialmente en el Área C, se intensificó; en 2023 y 2024 no se aprobó ningún plan palestino de vivienda en la zona, y sólo se concedieron permisos para nueve viviendas.
Además, las autoridades israelíes demolieron 3.407 viviendas y estructuras palestinas entre enero de 2023 y abril de 2026, con lo que resultaron desplazadas 2.996 personas.
Tampoco tomaron apenas medidas contra los puestos de avanzada establecidos en Cisjordania por civiles israelíes sin autorización oficial, a pesar de ser considerados ilegales con arreglo también a la legislación israelí. De hecho, desmantelaron sólo seis, mientras que fueron decenas los que se establecieron y legalizaron posteriormente. Estos datos demuestran que la construcción no autorizada de los colonos está fomentada y protegida en la práctica por el gobierno.
Al finalizar abril de 2026, los colonos israelíes habían establecido 363 puestos de avanzada en la Cisjordania ocupada, según Peace Now. De ellos, 212 (más del 58%) han sido creados durante el 37º gobierno, incluidos algunos del Área B, sobre la que, según los Acuerdos de Oslo, se supone que las autoridades palestinas tienen pleno control administrativo. En cambio, 151 se establecieron entre 1996, cuando comenzaron a aparecer puestos de avanzada, y 2023. Entre ellos figuran decenas de puestos de avanzada dedicados al pastoreo que los colonos utilizan para apoderarse de grandes extensiones de tierras palestinas a fin de apacentar en ellas sus rebaños.
Además, desde enero de 2023, las autoridades israelíes han legalizado retroactivamente al menos 39 puestos de avanzada, que han pasado a ser por ello asentamientos. Junto con los creados a raíz de las decisiones del gobierno de declarar asentamientos independientes algunos barrios de asentamientos, restablecer cuatro asentamientos y puestos de avanzada del norte de Cisjordania que habían sido desmantelados en virtud del plan unilateral de retirada de 2005 y reconocer asentamientos completamente nuevos, a fecha de 30 de abril de 2026 el número total de asentamientos nuevos reconocidos por el gobierno ascendía, según Peace Now, a 102. Es con creces la mayor cantidad de asentamientos nuevos autorizados jamás por el gobierno en la historia de Israel.
La violencia de los colonos contra la población palestina como política del Estado
“Estuve casi un año sin cruzar la carretera [Allon Road]. [Los colonos] solían acosarnos, a otros pastores y a mí, y procurábamos evitarlos, pero entonces empezó a aparecer el ejército, que los protegía disparando al aire.” – Ayman Suleiman, palestino desplazado de Ein Samia
Con pleno respaldo político, jurídico y económico del Estado, durante el 37º gobierno los colonos han intensificado las prácticas ya existentes y adoptado tácticas más agresivas para desplazar a las comunidades palestinas y apropiarse de sus tierras. Como consecuencia de ello, el desplazamiento, los homicidios y lesiones, la destrucción de bienes y la apropiación ilegal de tierras han llegado a extremos sin precedentes.
Los colonos utilizan tres tácticas principales para provocar el desplazamiento forzado de las comunidades palestinas, a saber:
- ataques a viviendas, pueblos y bienes;
- hostigamiento, amenazas y agresiones físicas persistentes, y
- ataques sistemáticos contra los medios de vida por vías como restringir el acceso a las tierras de pastoreo y las fuentes de agua, robar o matar ganado y destruir campos de cultivo y cosechas.
Las autoridades israelíes facilitan activamente tales agresiones armando a los colonos y permitiendo que el ejército y la policía las apoyen o participen en ellas. En varios casos documentados por Amnistía Internacional fueron las propias personas palestinas que denunciaron la violencia de los colonos las que acabaron siendo interrogadas, multadas o detenidas.
Tras la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza como respuesta a los ataques liderados por Hamás del 7 de octubre de 2023, el gobierno suavizó los criterios de concesión de licencias de armas de fuego a particulares y formó centenares de unidades de “respuesta rápida” en todo Israel y la Cisjordania ocupada con el fin de armar a civiles para responder a situaciones de “terrorismo” y otras emergencias. Se distribuyeron miles de armas más entre los “batallones regionales de defensa” recién formados, compuestos en gran medida de colonos reclutados por el ejército como reservistas. En enero de 2026 se habían concedido licencias de armas de fuego a más de 240.000 ciudadanos y ciudadanas israelíes, entre quienes había colonos.
En la mayoría de los incidentes documentados por Amnistía Internacional, los colonos iban armados. Incluso cuando no se utilizaban las armas, su presencia alteraba de manera fundamental la naturaleza y gravedad de los ataques que la población palestina llevaba decenios sufriendo, pues permitía a los colonos destruir bienes, robar ganado y aterrorizar a las comunidades beduinas y dedicadas al pastoreo con una intensidad sin precedentes.
Asaltos violentos y ataques físicos
Las personas de comunidades palestinas del Área C dedicadas al pastoreo y el cultivo de la tierra a quienes Amnistía Internacional entrevistó afirmaron que, entre principios de 2023 y finales de 2025, los ataques de colonos contra sus viviendas y estructuras comunitarias se volvieron más frecuentes y más intensos y que estuvieron dirigidos más a menudo que anteriormente contra viviendas, por lo que no había ningún lugar donde sentirse a salvo. Coincidían en explicar que los colonos atacaban sus medios de vida para obligarlas a marcharse, a menudo con el apoyo de soldados israelíes o de representantes de los consejos regionales de asentamientos.
Las imágenes verificadas de algunos de estos ataques muestran a colonos perpetrando allanamientos; vandalismo contra viviendas, vehículos, jaimas, escuelas, tractores y utensilios agrícolas; destrucción de depósitos de agua, paneles solares y reservas de alimentos, e incendios de jaimas y viviendas. En varios casos, los colonos iban acompañados de soldados israelíes o de colonos con uniforme militar, y su asalto provocó directamente el desplazamiento total o parcial de la comunidad atacada. En algunos vídeos se ve a colonos que hostigan a pastores palestinos; embisten a su rebaños con vehículos, y roban o atacan y, en algunos casos, matan a los animales.
Varias de las personas palestinas entrevistas, así como cuatro que trabajaban como voluntarias y a quienes también se entrevistó, habían presenciado o sufrido personalmente la violencia física de los colonos. Dijeron que éstos habían empujado o golpeado a hombres y, a veces, a niños palestinos con las manos, palos o las culatas de los fusiles; les habían arrojado piedras o apuntado con pistolas y fusiles; habían disparado al aire para intimidarlos; habían apuñalado a gente, y habían intentado atropellar con vehículos a personas.
Estos ataques tuvieron lugar en zonas de pastoreo, en tierras de cultivo, dentro de las comunidades, e incluso en viviendas particulares, y con frecuencia estuvieron acompañados de insultos, amenazas de estrangular o disparar a la persona o de ocupar la casa y órdenes expresas de abandonar la comunidad. Además, los colonos hostigaban de manera habitual a las personas palestinas grabándolas sin su consentimiento.
Un pastor de Shib al Butum, aldea situada en Masafer Yatta, en las colinas del sur de Hebrón, contó que, unos tres días después del 7 de octubre de 2023, se presentaron en su casa varios colonos armados y enmascarados y que uno de ellos amenazó con matar a sus hijas si la familia no abandonaba la vivienda. Añadió que, al día siguiente, el mismo colono regresó, le puso un fusil en el pecho, le propinó una patada en el estómago y amenazó con dispararle. Esta violencia tuvo lugar en presencia de sus aterrorizadas hijas. Explicó también que, otro día, ese mismo colono lo obligó a punta de pistola a tumbarse boca abajo y, junto con otro colono que se tapaba la cabeza con una manta, amenazó con matarlo. A continuación destruyeron los depósitos de agua y el tendido eléctrico, robaron el material agrícola y rompieron a la esposa del pastor el teléfono cuando intentó grabar el ataque.
Según la OCHA, las muertes palestinas a manos de colonos registradas ascendieron a una media anual de ocho entre 2023 y 2025, frente a las menos de 1,7 al año de los seis años precedentes. La lesiones aumentaron más del tripe en el mismo periodo, cuando se produjo un acusado incremento de la causadas por arma de fuego. Más en general, en esos tres años los colonos llevaron a cabo al menos 4.575 ataques contra comunidades palestinas en los que se produjeron víctimas o destrozos en bienes.
Ataques deliberados contra medios de vida
Los colonos también han destruido deliberadamente tierras de cultivo y ganado palestinos. Según contaron habitantes de Ein Samia, Majoul y Zanuta, los colonos apacentaban de manera habitual a sus animales en tierras agrícolas palestinas, donde dañaban los cultivos y destruían intencionadamente el terreno. Los vídeos de 10 de incidentes registrados corroboran estos relatos y muestran, además, a los colonos construyendo carreteras y vallando zonas enteras para impedir a las comunidades palestinas cultivar. En un incidente especialmente brutal, el 17 de julio de 2025 unos colonos israelíes dispararon y apuñalaron a entre 180 y 200 ovejas que habían robado en Hammamat al Meyta, pequeña comunidad del norte del valle del Jordán, y mataron al menos a 120 de ellas.
Como consecuencia de la expansión de los asentamientos y la violencia constante de los colonos, el acceso palestino a las tierras de pastoreo del Área C se ha reducido enormemente. Las entrevistas realizadas y los indicios visuales verificados muestran un patrón constante según el cual los colonos han aprovechado la dependencia de las comunidades palestinas beduinas y dedicadas al pastoreo de sus rebaños para obligarlas a desplazarse. Mientras tanto, en lugar de investigar los abusos de los colonos, las autoridades y las fuerzas israelíes han recurrido a las amenazas de confiscación o la confiscación real de los rebaños para impedir a las personas desplazadas regresar a sus hogares o tierras de pastoreo.
Papel de las fuerzas y las autoridades israelíes en la violencia de los colonos
Las autoridades y las fuerzas israelíes llevan decenios si hacer nada para impedir la violencia de los colonos contra la población palestina, cuando no tolerándola, facilitándola o participando directamente en ella. Con el gobierno 37º, este apoyo ha llegado a extremos sin precedentes.
A pesar de la obligación de Israel, como potencia ocupante, de proteger la vida y los medios de subsistencia de la población ocupada, su ejército ha participado directamente en ataques de colonos o se ha abstenido deliberadamente de intervenir, lo que indica la existencia de una política que tiene por objeto permitir tales ataques e impedir que sus autores rindan cuentas.
Amnistía Internacional documentó 14 casos de ataques violentos de colonos en los que habían estado presentes o intervenido directamente soldados israelíes. En ellos, la actuación del ejército abarcó desde no hacer nada mientras se agredía a las víctimas palestinas hasta facilitar o intensificar con su participación activa actos de hostigamiento, intimidación, destrucción de bienes o violencia física contra personas. En algunos de los casos, el ejército llegó junto con los colonos, lo que indica que hubo coordinación previa. También expulsó a pastores de las zonas donde apacentaban sus rebaños, amenazó con disparar contra ellos o confiscarles los animales, llevó a cabo registros violentos e impidió la llegada de activistas al escenario de la violencia de los colonos, permitiendo así que continuaran los ataques. Estas acciones contribuyeron a provocar la huida de las personas palestinas de sus hogares.
Después del 7 de octubre de 2023, las autoridades israelíes proporcionaron armas de fuego y uniformes a miles de colonos, por lo que a las comunidades palestinas les resultaba difícil distinguirlos de los soldados. Esta medida permitió a los colonos aprovechar las autoridad dimanante del atuendo militar para perpetrar abusos. Hay vídeos verificados que muestran que colonos que habían atacado anteriormente a personas palestinas vestidos de civil lo hicieron después llevando uniforme.
Según sus habitantes, en la aldea de Shib al Butum de Masafer Yatta, por ejemplo, desde septiembre de 2024 se vio entrar reiteradamente en ella, para hacer fotografías y destrozar bienes, a un colono del cercano puesto de avanzada de Mitzpe Yair portando un arma y vestido con uniforme militar. Los vídeos grabados muestran a un colono que deambula por la aldea de día y de noche destrozando vallas y verjas. Aunque va armado con un fusil y lleva ropa militar, conduce un vehículo civil todo terreno como los que utilizan normalmente los colonos.
Además de en los ataques, la colusión del Estado con los colonos se ha manifestado en forma de detenciones arbitrarias de personas palestinas por breves periodos, cuyo número aumentó acusadamente después del 7 de octubre de 2023. Las víctimas palestinas de las detenciones afirmaban que las habían acusado de actos como “enfrentamiento con colonos” sin más prueba que los testimonios de éstos, incluso en casos de ataques, hostigamiento o robos cometidos por los colonos contra ellas, mientras que a los responsables no se los investigaba. Algunas habían sido detenidas al intentar presentar una denuncia tras sufrir un ataque de los colonos y acudir para ello a una comisaría de policía, donde las habían tratado como si fueran ellas las responsables del ataque.
A las acusadas de pastorear en zonas prohibidas —como las declaradas por las autoridades israelíes tierras de propiedad estatal, zonas militares cerradas o tierras bajo la jurisdicción de los consejos de los asentamientos, calificaciones todas ellas utilizadas por Israel para apropiarse ilegalmente de tierras palestinas después de 1967—, les imponían además fuertes multas, por lo que se veían obligadas a vender parte de sus rebaños para pagarlas o para recurrirlas en costosos procedimientos judiciales.
Impunidad de los delitos cometidos contra personas palestinas
A pesar de la profusión de vídeos disponibles públicamente y de testimonios de víctimas y testigos, las autoridades israelíes responsables de hacer cumplir la ley se han abstenido sistemáticamente de llevar a cabo investigaciones efectivas de la violencia de los colonos para hacer rendir cuentas a los responsables. Según la organización israelí de derechos humanos Yesh Din, en los casos de los que hizo seguimiento entre 2005 y 2025, alrededor del 94% de las investigaciones sobre delitos cometidos por civiles israelíes contra personas palestinas no dieron lugar a imputaciones formales y sólo el 3% permitieron dictar sentencia condenatoria parcial o totalmente.
La mayoría de las personas palestinas sobrevivientes de ataques entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que no presentaban ya denuncias ante la policía porque era poco probable que prosperaran.
Las medidas adoptadas por las autoridades del gobierno también han afianzado la impunidad. Según información publicada en medios de comunicación, en noviembre de 2023 el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ordenó a los mandos policiales de Cisjordania que se abstuvieran de hacer cumplir ley en el caso de los colonos extremistas y los grupos de extrema derecha que cometieran delitos contra personas palestinas. Un año después, en noviembre de 2024, el ministro de Defensa, Israel Katz, anunció que iban dejar de dictarse órdenes de detención administrativa contra colonos violentos —aunque llevaban decenios dictándose casi exclusivamente contra personas palestinas— porque de este modo se enviaba “un claro mensaje de refuerzo y apoyo a los asentamientos, que están en primer línea de la lucha contra el terrorismo palestino”.
Aunque algunos Estados han impuesto sanciones, como congelaciones de activos y prohibiciones de entrada, a colonos u organizaciones de colonos, en Israel ha habido muy pocas o ninguna consecuencia para ellos, a pesar de la amplia documentación de la violencia que han cometido o incitado a cometer. De hecho, han continuado implicados en abusos contra la población palestina.
Un caso emblemático es el de Yinon Levi, fundador de Meitarim Farm, que fue grabado cuanto mataba de un disparo a un activista palestino desarmado, Awda al Hathaleen, en Umm al Jair el 28 de julio de 2025. Las autoridades israelíes lo detuvieron como sospechoso de homicidio involuntario, pero lo dejaron en libertad a la mañana siguiente para ponerlo bajo arresto domiciliario durante sólo tres días. Hay vídeos de él regresando posteriormente a Umm al Jair para hostigar a sus habitantes palestinos y preparar el terreno para un nuevo puesto de avanzada no autorizado. En el momento de redactar el presente informe, Yinon Levi no había sido imputado todavía por el homicidio de Awda al Hathaleen, aun cuando la fiscalía había expresado su intención de hacerlo en febrero de 2026. Aunque existen vídeos en que aparece cometiendo abusos contra habitantes de Umm al Jair, Zanuta y otras comunidades, no se ha abierto ninguna investigación. Este hecho pone de manifiesto la existencia de un patrón más general de falta de rendición de cuentas de los colonos que establecen puestos de avanzada no autorizados.
En los contados casos en que los tribunales han ofrecido reparación parcial —como ordenar que se permita a las personas palestinas desplazadas regresar a su hogar (como en el caso de la decisión del Tribunal Supremo sobre Zanuta) o emitir órdenes de alejamiento contra colonos concretos—, la policía y el ejército israelíes han ignorado sistemáticamente la decisión judicial, dejando a las víctimas sin perspectivas de justicia.
Políticas del gobierno que facilitan el desplazamiento forzado de la población palestina
A la creciente violencia de los colonos respaldada o tolerada por las autoridades israelíes se suma el desplazamiento forzado de la población palestina que facilitan otras políticas del gobierno de Israel, como la regulación discriminatoria de la zonificación y la construcción, la expansión de los asentamientos, las demoliciones y las restricciones de acceso a las tierras y al agua.
Buen ejemplo de ello es el caso de la comunidad de Ein Samia, asentada en las tierras de Kufr Malik del Área C, al noreste de Ramala. La zona de Ein Samia fue durante generaciones un centro de cultivo y pastoreo del que dependían los agricultores y ganaderos de Kufr Malik y las localidades vecinas, incluida la comunidad beduina de Ein Samia. Con el tiempo se fue reduciendo cada vez más debido las discriminatorias medidas israelíes de apropiación de tierras, agravadas por la expansión constante de los asentamientos y puestos de avanzada israelíes de las inmediaciones, entre ellos Kochav HaShahar, asentamiento establecido a menos de dos kilómetros de allí en 1977 y en torno al cual, en abril de 2026, había instalados ya 12 puestos de avanzada como mínimo, que habían ido rodeando progresivamente Ein Samia y consolidando el control de los colonos sobre la tierra y los recursos.
La comunidad beduina, dedicada principalmente al pastoreo, llevaba, además, decenios soportando órdenes de demolición emitidas en virtud de un régimen discriminatorio de urbanismo que hacía que para la población palestina fuera prácticamente imposible conseguir un permiso de construcción. Las autoridades imponían cuantiosas multas por pastorear en tierras declaradas propiedad del Estado y amenazaban con confiscar los rebaños de la comunidad.
A medida que se expandían los puestos de avanzada y se intensificaban las demoliciones, la violencia de los colonos se agravó. “Rahma” (nombre ficticio, utilizado por motivos de seguridad) mujer palestina que había sido desplazada entonces de Ein Samia, contó a Amnistía Internacional:
“Los colonos empezaron a venir día tras día. Vuelcan los depósitos de agua, hostigan a los jóvenes y vienen de día y de noche. Ya no podemos respirar. No estamos nunca tranquilos, ni de noche ni de día. Soy vieja; por Dios que no duermo. Me quedo sentada en una silla. Si vienen, no se libra nadie.”
La violencia y las amenazas confinaron a la población palestina en una porción cada vez menor de sus antiguas zonas de pastoreo, lo que la obligó a comprar la comida y el agua, redujo su producción de leche y sus ingresos y provocó la degradación de las tierras. Tras haber sufrido ataques a diario, el 22 de mayo de 2023 la comunidad fue expulsada de Ein Samia. Cuando ha intentado regresar, los ataques de los colonos, las detenciones, la demolición de la escuela por la autoridades y la destrucción o interrupción de los sistemas de suministro de agua la han disuadido de hacerlo o se lo han impedido.
Comunidades en situación de riesgo
Muchas comunidades corren un grave riesgo de desplazamiento forzado.
Sólo en el norte del valle del Jordán, al menos 38 comunidades palestinas dedicadas al pastoreo, que acogen a 7.000 personas aproximadamente, se enfrentan a la amenaza de desplazamiento a medida que Israel ejecuta sus políticas de anexión. Esta región, que constituye alrededor del 75% de la gobernación de Tubas, está clasificada en su mayor parte como Área C, y las autoridades israelíes han declarado casi el 90% de ella tierras de propiedad estatal, “zonas militares cerradas”, reservas naturales y yacimientos arqueológicos. Las autoridades israelíes utilizan estas clasificaciones como excusa para dictar órdenes de demolición contra comunidades palestinas e impedirles pastorear. Desde enero de 2023, Israel ha declarado tierras de propiedad estatal más de 20.000 dunums (2.000 hectáreas) en el valle del Jordán.
La expansión de los asentamientos fragmenta aún más las comunidades palestinas. Ocho asentamientos y al menos 19 puestos de avanzada israelíes, junto con la ampliación de las infraestructuras y las carreteras para uso exclusivo de los colonos, mantienen a la población palestina confinada en enclaves cada vez más reducidos y la dejan expuesta sufrir la intensificación de la violencia de los colonos y el hostigamiento del ejército.
Las comunidades palestinas en situación de riesgo son plenamente conscientes de la suerte que pueden correr. Ein al Hilweh, pequeña comunidad de alrededor de 50 personas dedicada al pastoreo, sufrió una intensificación de la violencia de los colonos desde finales de 2023, así como detenciones e intimidación de las fuerzas israelíes y un aumento de la presencia de los puestos de avanzada y los asentamientos próximos acompañado de vallados que restringían la circulación. En julio y agosto de 2025, las fuerzas israelíes demolieron todas las estructuras de la comunidad, cuyos miembros quedaron en la práctica si techo.
Majoul ha sufrido una dinámica de desplazamiento similar durante un periodo más largo. Formada una vez por decenas de familias, quedó reducida a cuatro tras la demolición de sus 58 estructuras en 2013 y de nuevas demoliciones posteriores. Rodeada ahora de base militares, asentamientos y puestos de avanzada, sus miembros afirman sufrir intimidación constante. Desde finales de 2023, la violencia de los colonos se ha intensificado acusadamente y va dirigida contra el ganado en forma de agresiones a quienes lo apacientan, incendios provocados, robos de animales, atropellos de rebaños con vehículos y amenazas a niños y niñas. La comunidad ha sufrido también reiteradas entradas ilegales de colonos, actos de hostigamiento y construcciones de estructuras cerca de las viviendas, así como un pastoreo nocturno sistemático de colonos que destruye los cultivos. Sus miembros dicen que viven con miedo a ausentarse siquiera un momento por si les confiscan las tierras para siempre.
Conclusiones y recomendaciones
La investigación de Amnistía Internacional muestra de manera concluyente que, en el contexto de la ocupación ilegal mantenida por Israel y su imposición de un sistema de apartheid a la población palestina y en el marco del genocidio que se está perpetrando en Gaza, las autoridades israelíes están cometiendo violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y humanitario en aplicación de una política de limpieza étnica en el Área C de la Cisjordania ocupada. Esta política se lleva a la práctica por medio del desplazamiento forzado de comunidades palestinas beduinas y dedicadas al pastoreo, acto que constituye el crimen de guerra de deportación o traslado ilegal y el crimen de lesa humanidad de deportación o traslado forzoso, así como de la creación y ampliación de asentamientos, lo que constituye el crimen de guerra de traslado ilegal.
En septiembre de 2024, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que se pedía a Israel que pusiera fin a su presencia ilegal en el TPO en el plazo de 12 meses, en cumplimiento de la opinión histórica de la CIJ en que se exponen las obligaciones dimanantes para terceros Estados de la ocupación ilegal israelí del territorio palestino. Se instó a los Estados a no prestar ayuda ni asistencia a la presencia ilegal israelí en ningún acuerdo diplomático, político, jurídico, militar, económico, comercial ni financiero con Israel. Entre otras medidas, se exhortó a imponer sanciones selectivas a las personas y entidades que contribuyan al mantenimiento de la ocupación, incluso en relación con la violencia de los colonos, y a poner fin a las importaciones de productos de los asentamientos israelíes y a las transferencias de armas.
La mayoría de los Estados no ha tomado medidas efectivas para que no se preste ayuda ni asistencia al mantenimiento de la presencia ilegal de Israel en el TPO ni a sus asentamientos ilegales, ni tampoco han brindado su cooperación para poner fin al sistema israelí de apartheid de la población palestina y garantizar la rendición de cuentas por los crímenes de derecho internacional cometidos. Cuando se han tomado medidas, han consistido únicamente en sanciones a un pequeño número de colonos concretos conocidos por atacar o incitar a atacar a personas palestinas, a algunos puestos de avanzada que habían establecido y a varias organizaciones de colonos que han contribuido a financiar, apoyar o construir puestos de avanzada o a entablar acciones judiciales para desposeer a personas palestinas.
Al estar centradas sólo en los puestos de avanzada y en los denominados “extremistas”, estas medidas han hecho que se califique erróneamente la violencia de los colonos como una anomalía, en vez de abordarla como lo que es realmente, a saber: un elemento fundamental y aprobado por el Estado de una campaña de limpieza étnica que sirve para afianzar el sistema israelí de apartheid de la población palestina y para ampliar el control de Israel sobre el territorio palestino, aumentar su fragmentación y, a la larga, lograr su anexión, todo lo cual está prohibido por el derecho internacional y por varias resoluciones adoptadas por la comunidad internacional.
Entre las muchas recomendaciones formuladas en este informe, Amnistía Internacional pide:
- A terceros Estados, prohibir el comercio, las inversiones y las actividades que contribuyan o estén vinculadas directamente al mantenimiento de la ocupación ilegal israelí, el sistema de apartheid y la limpieza étnica de la población palestina, además de prohibir la aportación de fondos o cualquier otra forma de asistencia a organizaciones que sean parte integrante de la industria de los asentamientos y el sistema de apartheid. En particular, la Unión Europea debe acelerar la largamente demorada suspensión de su acuerdo de asociación con Israel y suspender la entrada sin visado a todos los colonos israelíes residentes en el TPO. Para impedir que continúe el despoblamiento palestino del Área C por el desplazamiento de sus comunidades beduinas y dedicadas al pastoreo, los Estados deben garantizar que su presencia diplomática protege activamente los derechos de estas comunidades por medios como visitar y apoyar a las que hayan sido desplazadas o estén expuestas a serlo. Deben utilizar todos los medios de que dispongan para presionar a Israel con miras a que ponga fin a su campaña de limpieza étnica y su ocupación ilegal y desmantele su sistema de apartheid de la población palestina.
- A terceros Estados, imponer unilateral y selectivamente sanciones a las altas autoridades israelíes implicadas directamente en la campaña de limpieza étnica, incluidos Benjamin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, Israel Katz, Bezalel Smotrich y Orit Strock; también por su presunta responsabilidad en graves crímenes de derecho internacional perpetrados contra la población palestina en Cisjordania, incluidos el traslado forzoso de comunidades beduinas y dedicadas al pastoreo, y por mantener una ocupación ilegal y el sistema y crimen de lesa humanidad de apartheid. Entre estas medidas deben figurar prohibiciones de entrada y congelaciones de activos y otras restricciones financieras selectivas, conforme a las obligaciones contraídas por los Estados en virtud del derecho internacional. Las sanciones selectivas son una respuesta necesaria y lícita a la persistente impunidad y a la inutilidad de los mecanismos existentes para impedir que continúen cometiéndose crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
- A las autoridades israelíes, detener de inmediato el traslado forzoso de comunidades palestinas beduinas y dedicadas al pastoreo del Área C de la Cisjordania ocupada y de cualquier otra parte del TPO, lo que incluye desmantelar todos los asentamientos y puestos de avanzada israelíes y permitir el regreso de las comunidades desplazadas a sus hogares. Hasta que regresen, debe garantizarse que se atienden las necesidades humanitarias de todas las personas civiles desplazadas, incluido el acceso a agua, alimentos, cobijo y atención sanitaria, de conformidad con las obligaciones de Israel como potencia ocupante, y que se proporciona reparación a todas aquellas cuyos bienes hayan sido daños, destruidos o confiscados ilícitamente. Todas las víctimas palestinas deben recibir reparación plena por los daños sufridos, en especial los homicidios y las lesiones graves, y los responsables de estos crímenes deben rendir cuentas.