Resumen

Las autoridades intensificaron la represión de la libertad de expresión y de todas las formas de disidencia, utilizando leyes opresivas y cargos infundados para procesar y recluir arbitrariamente a figuras de la oposición política, periodistas, sindicalistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de la abogacía y voces críticas. Antes de las elecciones presidenciales, celebradas en octubre, las autoridades reforzaron el hostigamiento a la oposición política; impusieron nuevas restricciones a la labor de periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y ONG, y tomaron medidas para seguir socavando la independencia judicial y el Estado de derecho. Incrementaron las interceptaciones en el mar y efectuaron de manera masiva expulsiones colectivas ilícitas, en el marco de las cuales llevaron a miles de personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes a las fronteras con Argelia y Libia. Las autoridades iniciaron investigaciones contra al menos 14 organizaciones de la sociedad civil que trabajaban en favor de los derechos de las personas refugiadas y migrantes, cuyo acceso a los procedimientos de asilo y a servicios esenciales se vio, por ello, menoscabado. Las personas LGBTI estaban expuestas a sufrir detención arbitraria y enjuiciamiento.