Resumen

Se seguían investigando las muertes que habían tenido lugar durante las protestas de 2022 y 2023. Se presentaron al Congreso varios proyectos de ley que podían suponer restricciones para la sociedad civil. Los incendios forestales afectaron amplias zonas y provocaron muertes y destrucción. Los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente quienes tenían liderazgo indígena, seguían corriendo peligro, y faltaban mecanismos de protección. Los establecimientos públicos de salud eran insuficientes y la población recurría cada vez más a los servicios privados sufragando los gastos de su bolsillo. No se tenían en cuenta los derechos de las personas LGBTI, y el “transexualismo” se declaró “problema de salud mental”. El aborto terapéutico era el único legal y el acceso a él era insuficiente. El órgano legislador propuso la eliminación de la educación sexual integral. La violencia sexual y de género seguía siendo generalizada. Los cambios en la legislación efectuados y propuestos podían suponer la impunidad de crímenes de lesa humanidad históricos. Las autoridades seguían expulsando a personas refugiadas y migrantes, y una resolución dificultó a la población venezolana y a otros grupos el acceso a visados.