Las autoridades socavaron la libertad de expresión y de reunión. Al concluir el año habían muerto al menos 22 personas y decenas más —entre ellas agentes de policía— habían resultado heridas —en muchos casos por armas de fuego— en el contexto de la represión ilícita de manifestaciones. Las autoridades no atendieron las necesidades de las comunidades afectadas por la contaminación ambiental. Seis defensores de los derechos humanos fueron asesinados en departamentos afectados por la tala ilegal y el tráfico de drogas. El derecho a una educación sexual integral se vio amenazado. Las mujeres y las niñas, incluidas las refugiadas venezolanas, seguían sufriendo múltiples formas de violencia. Persistían la discriminación y las agresiones contra las personas LGBTI.
Leer másMantiene la pena de muerte sólo para crímenes graves, como los cometidos en tiempos de guerra
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