A consecuencia de una prolongada crisis política, Perú ha entrado en una espiral de violencia que ha incluido varias violaciones de derechos humanos, especialmente contra manifestantes en Lima y otras grandes ciudades relevantes. Esta crisis política experimentó una escalada con el anuncio hecho por el entonces presidente Castillo sobre la disolución del Congreso de la República el 7 de diciembre. Las protestas y la violencia siguen aumentando en todo el país, en oposición al Congreso y a las nuevas fuerzas políticas en el poder.
