Trinidad y Tobago y Venezuela: Las políticas de ambos gobiernos ponen vidas en peligro

De Louise Tillotson

Cuando se va conociendo la información inicial sobre un nuevo naufragio frente a la costa de Venezuela, Louise Tillotson, investigadora de Amnistía Internacional sobre el Caribe, escribe acerca de la obligación de los gobiernos de dar protección internacional a las personas refugiadas.

Es febrero de 2020 y, en el parque de Savannah de Puerto España, Trinidad, un vendedor ambulante de cocos habla de “el virus” que ha aparecido en China. Le preocupa el Carnaval de la isla, mundialmente famoso, que está a la vuelta de la esquina y que lleguen casos importados.

Trinidad y Tobago es uno de los países más diversos del Caribe desde el punto de vista cultural y étnico, y al vendedor le preocupaba que la diáspora del país —llegada de lugares lejanos como China y más próximos como Canadá— aumentara la población de la isla como durante cada Carnaval. Los trinitenses, como la mayoría de la gente del Caribe, sabe que la migración es parte de la vida.

Al mismo tiempo que no condenan las violaciones masivas de derechos humanos que se cometen en Venezuela, las autoridades de Trinidad y Tobago vienen dando prioridad a una respuesta centrada en proteger la seguridad nacional y la “protección de las fronteras” en lugar de buscar formas de cumplir sus compromisos en materia de derechos humanos.

Justo antes de que se implantara el confinamiento en muchos países de la región, Amnistía Internacional visitó Trinidad para llevar a cabo una investigación de campo con refugiadas venezolanas. Entrevistamos a decenas de mujeres; muchas se identificaron como víctimas de trata, y buena parte de ellas dijeron que conocían los riesgos, pero que harían cualquier cosa para alimentar a su familia o huir de las violaciones de derechos humanos en su país de origen. También nos reunimos con autoridades, incluidos la policía y el fiscal general, varias ONG y académicos.

A escasas millas de la costa de Venezuela, Trinidad y Tobago alberga ya al menos a 16.500 personas procedentes de aquel país (el ACNUR había inscrito a casi 20.000 en octubre de 2020) que huyen de una devastadora y bien documentada mezcla de hambre, falta de medicinas y una política de represión en vigor desde al menos 2014. Un reciente informe de 400 páginas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, de la ONU, ha concluido que hay motivos razonables para afirmar que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en este país.

En respuesta, numerosas personas de Trinidad y Tobago, organizaciones religiosas y ONG se han movilizado para acoger y albergar a los venezolanos y venezolanas que necesitan protección internacional. Sin embargo, el gobierno habla en gran medida otro idioma.

Al mismo tiempo que no condenan las violaciones masivas de derechos humanos que se cometen en Venezuela, las autoridades de Trinidad y Tobago vienen dando prioridad a una respuesta centrada en proteger la seguridad nacional y la “protección de las fronteras” en lugar de buscar formas de cumplir sus compromisos en materia de derechos humanos, contraídos al adherirse a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. Siguen escondiéndose tras la excusa de que no existe legislación nacional sobre refugio y alegando que quienes huyen para salvar la vida están cometiendo “delitos”, afirmación que también es contraria al derecho internacional de los derechos humanos.

Hace apenas unas semanas, las autoridades de Trinidad y Tobago enviaron al menos a 16 menores de edad y 12 personas adultas a alta mar, después de que hubieran llegado a Trinidad y Tobago en busca de seguridad. Aunque el grupo fue devuelto más tarde a Trinidad, la imagen de un bebé del grupo tras los barrotes de una prisión, publicada en el Trinidad and Tobago Guardian, plantea la pregunta: ¿Puede un bebé ser realmente un “delincuente”? Posteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas cautelares, una forma de protección frente a un daño inminente, a favor de algunos de los menores ahora devueltos,.

El domingo, Amnistía Internacional empezó a recibir noticias de otro naufragio frente a la costa de Venezuela, uno de los varios acaecidos en los últimos años. Aunque todavía no está claro qué ha pasado exactamente, la información inicial indica que han perdido la vida o han desaparecido entre 14 y 21 personas entre menores y adultas.

Desde nuestra visita en febrero, hemos recibido informes que coincidían en que los venezolanos y venezolanas siguen huyendo. Las violaciones masivas de derechos humanos y la crisis humanitaria en Venezuela no acaban con una pandemia. Y mientras, comprensiblemente, Trinidad y Tobago quiere tomar medidas para prevenir la COVID-19, las buenas prácticas de otros países demuestran que es del todo posible mantener abierto el acceso al asilo al mismo tiempo que se aplican unos protocolos sanitarios estrictos.

En los últimos meses, Amnistía Internacional, el Centro Caribeño de Derechos Humanos y más de otras 20 organizaciones han escrito dos cartas abiertas al primer ministro Keith Rowley, pidiendo que su gobierno reconozca la gravedad de las violaciones de derechos humanos de las que huye la población venezolana y busque formas de dar protección, sea mediante otra “amnistía” –como hizo el gobierno en 2019– o aprobando legislación sobre refugio que oriente a las autoridades de inmigración y al poder judicial sobre cómo abordar estos casos.

Algunos días, cuando empezamos a recibir informes de cuerpos encontrados en el mar, cuerpos de niños y niñas y de personas adultas que, más que probablemente, huían de unas violaciones de derechos humanos horrorosas y bien documentadas, nos detenemos un minuto para sentir el desconsuelo.

Hasta la fecha, no hemos recibido respuesta a ninguna de nuestras dos cartas.

Quienes trabajamos en derechos humanos documentamos material duro y violento a diario. Nuestra labor es mantener la objetividad y recabar datos. Pero algunos días, cuando empezamos a recibir informes de cuerpos encontrados en el mar, cuerpos de niños y niñas y de personas adultas que, más que probablemente, huían de unas violaciones de derechos humanos horrorosas y bien documentadas, nos detenemos un minuto para sentir el desconsuelo.

Sean cuales sean los datos del naufragio más reciente, los venezolanos y venezolanas seguirán corriendo riesgos, seguirán enfrentándose a la franja de siete millas de agua que separa Venezuela de Trinidad, seguirán sometiéndose a la explotación laboral y la trata de personas y a otras formas de humillación en los países donde han buscado protección porque no tienen alternativa. Cualquiera que haya leído el sobrecogedor informe independiente de la ONU lo entenderá.

Es responsabilidad de todos los gobiernos implementar leyes y prácticas que protejan a las personas. Debería darles vergüenza no hacerlo.