Las autoridades continuaron restringiendo el acceso de las personas solicitantes de asilo a la protección internacional. Las mujeres que solicitaban asilo seguían expuestas a un mayor riesgo de sufrir violencia de género. El gobierno no proporcionó protección jurídica a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) ni abolió la pena de muerte preceptiva.
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