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TRINIDAD Y TOBAGO 2020

Las autoridades continuaron devolviendo a personas venezolanas que buscaban protección internacional, en violación del derecho internacional de los derechos humanos. El gobierno aprobó enmiendas a la ley sobre violencia de género en el ámbito familiar, pero no hizo extensivas las medidas de protección a las personas que mantuvieran relaciones homosexuales.

Información general

En marzo, en un intento de reducir la propagación de la COVID-19, las autoridades cerraron las fronteras a todos los viajeros procedentes del extranjero, incluidos sus propios ciudadanos, muchos de los cuales quedaron varados en otros países. Quienes pudieron regresar tuvieron que pasar una cuarentena.

Trinidad y Tobago no firmó la Convención de la ONU contra la Tortura ni la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

El gobierno seguía sin aprobar la legislación nacional sobre refugio ni ofrecer otras formas de que los venezolanos y venezolanas que necesitaban protección internacional regularizaran su situación en el país.

Las autoridades denegaron las peticiones de que los migrantes y solicitantes de asilo en detención migratoria únicamente por haber entrado de manera irregular en el país o mientras se tramitaban sus solicitudes de asilo fueran puestos en libertad para protegerlos frente a la COVID-19.1

En julio, el ministro de Seguridad Nacional afirmó que los “inmigrantes ilegales” y quienes se lucraban “introduciendo ilegalmente” en el país a venezolanos representaban un riesgo potencial para la salud debido a la COVID-19. El ministro estableció una línea telefónica de emergencia para denunciar casos sospechosos, y declaró que los venezolanos que se habían registrado y habían recibido permiso legal de residencia y el derecho a trabajar en virtud del denominado proceso de inscripción en registro llevado a cabo por el gobierno en 2019 podrían ver revocado su permiso de residencia y ser expulsados si se descubría que “ocultaban” a migrantes en situación irregular.

Durante el año, un grupo de aproximadamente 25 organizaciones de derechos humanos envió dos cartas abiertas al primer ministro instándolo a considerar la posibilidad de reabrir el proceso de inscripción y dejar de devolver personas al peligro. Sin embargo, las autoridades siguieron devolviendo a venezolanos a su país durante el año. En julio, el gobierno expulsó a unos 165 nacionales de Venezuela, en contra de lo dispuesto por el derecho internacional de los derechos humanos.2

En septiembre, pocos días después de que la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, establecida por la ONU, concluyera que existían motivos razonables para creer que las autoridades de ese país habían cometido violaciones graves de derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, el gobierno de Trinidad y Tobago devolvió a otros 93 venezolanos a la situación humanitaria y de derechos humanos de la que huían, incumpliendo así su obligación de respetar el principio de no devolución (non-refoulement).3

Asimismo, las autoridades expulsaron a Venezuela en noviembre a al menos 16 menores de edad y 12 adultos, que posteriormente regresaron a Trinidad como consecuencia de la indignación suscitada.4 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó después medidas cautelares en favor de algunos de los menores. En diciembre, según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, entre 14 y 21 menores de edad y adultos habían muerto o desaparecido después de que un barco naufragara al parecer mientras se dirigía a Trinidad procedente de Venezuela.5

Violencia por motivos de género

A lo largo del año, las organizaciones de la sociedad civil y los defensores y defensoras de los derechos de las mujeres protestaron contra la extendida violencia de género.

En enero, el Servicio de Policía creó la Unidad de Violencia de Género como respuesta al problema constante de la violencia de género en el ámbito familiar.

En junio el gobierno aprobó, por primera vez en 21 años, enmiendas a la Ley sobre Violencia contra las Mujeres en el Ámbito Familiar.

En agosto, la sociedad civil condenó de forma generalizada un brutal ataque contra una adolescente venezolana y reiteró los llamamientos a las autoridades para que tomaran medidas para poner fin a todos los tipos de violencia de género y discriminación.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

El gobierno continuó apelando contra una sentencia histórica dictada en 2018 por un Tribunal Superior (Jason Jones v. Attorney General of Trinidad and Tobago) que despenalizaba las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo. El gobierno señaló que pretendía que este caso fuera examinado por el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona de Reino Unido, tribunal de máxima instancia del país.

Al modificar la Ley sobre Violencia contra las Mujeres en el Ámbito Familiar, el gobierno no hizo extensivas las medidas de protección a las parejas del mismo sexo, a pesar de las propuestas al respecto que presentaron un miembro del Senado y la sociedad civil. El fiscal general, en el propio Parlamento, durante un debate del Senado sobre el proyecto de ley, manifestó que el gobierno estaba esperando el resultado de la apelación de la sentencia del caso de Jason Jones antes de pronunciarse sobre la previsión de medidas de protección para las personas LGBTI en otros ámbitos legislativos.

Pena de muerte

Trinidad y Tobago continuó manteniendo la pena capital preceptiva para los casos de asesinato.


  1. Américas: Los gobiernos deben poner fin a las detenciones peligrosas y discriminatorias de migrantes y solicitantes de asilo (noticia, 2 de abril)
  2. Trinidad y Tobago: La expulsión de 165 personas venezolanas viola el derecho internacional (noticia, 6 de agosto)
  3. Carta abierta a. Dr. Keith Rowley, primer ministro de Trinidad y Tobago (AMR 49/3188/2020)
  4. Trinidad y Tobago: El regreso de los niños y niñas deportados brinda al gobierno una segunda oportunidad de actuar correctamente (noticia, 25 de noviembre)
  5. Trinidad y Tobago y Venezuela: Las políticas de ambos gobiernos ponen vidas en peligro (noticia, 16 de diciembre)