Japón debe investigar a la empresa cervecera Kirin por el pago realizado a las fuerzas armadas de Myanmar durante la limpieza étnica de población rohingya

  • La empresa cervecera japonesa admitió que su filial realizó tres donaciones durante los recientes episodios de violencia en el estado de Rajine.
  • Se filmó a un alto mando militar recibiendo una donación que, según señaló, estaba destinada a las fuerzas de seguridad.
  • Kirin reconoce que no sabe cómo se han utilizado las donaciones realizadas.

Las autoridades japonesas deben iniciar urgentemente una investigación sobre los pagos que una filial de la gran multinacional cervecera Kirin realizó a las fuerzas armadas y autoridades de Myanmar en el punto álgido de la campaña de limpieza étnica contra la población rohingya a finales de 2017, ha afirmado Amnistía Internacional hoy.

En la correspondencia mantenida con Amnistía Internacional (incluida una nota aclaratoria enviada el 13 de junio), Kirin Holdings Company, Inc. señaló que su subsidiaria Myanmar Brewery realizó, entre el 1 de septiembre y el 3 de octubre de 2017, tres donaciones a las autoridades que ascendieron a 30.000 dólares estadounidenses.

Kirin afirmó que los pagos estaban destinados a asistir a las víctimas de la violencia. Sin embargo, Amnistía Internacional ha sabido a través de la página de Facebook del general en jefe Min Aung Hlaing, comandante en jefe de las fuerzas armadas de Myanmar, que la primera donación que realizó el personal de Myanmar Brewery se le entregó al propio general el 1 de septiembre de 2017 durante una ceremonia televisada en la capital, Nay Pyi Taw. Kirin confirmó más tarde que se había hecho una donación de 6.000 dólares estadounidenses en esa fecha. Min Aung Hlaing indicó que las donaciones se destinarían en parte al “personal de seguridad y de servicios públicos” que trabajaba en el estado de Rajine.

“Resulta totalmente increíble que un inversor internacional haga donaciones a las fuerzas armadas de Myanmar en el momento en que esos mismos militares llevan a cabo actos de limpieza étnica contra la población rohingya en el norte del estado de Rajine”, ha señalado Seema Joshi, responsable del equipo de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

Resulta totalmente increíble que un inversor internacional haga donaciones a las fuerzas armadas de Myanmar en el momento en que esos mismos militares llevan a cabo actos de limpieza étnica contra la población rohingya en el norte del estado de Rajine.
Seema Joshi, responsable del equipo de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional

“No solo existe el riesgo de que esas donaciones hayan, de hecho, financiado las actividades de las unidades militares involucradas en crímenes de lesa humanidad, sino que la decisión de aparecer en la ceremonia de donación con militares de altos rango de las fuerzas armadas de Myanmar transmite, además, el preocupante mensaje de que Myanmar Brewery apoya sus acciones contra la población rohingya.

Japón tiene la responsabilidad de garantizar que sus empresas, independientemente de dónde operen, no contribuyen a los abusos contra los derechos humanos. Las autoridades japonesas deben investigar urgentemente estos regalos de dudosa naturaleza.”

Las inversiones de Kirin en Myanmar

En 2015, Kirin compró por 560 millones de dólares estadounidenses el 55% de las acciones de Myanmar Brewery, la mayor productora de cerveza del país. Union of Myanmar Economic Holdings Limited (UMEHL, también conocida como Myanmar Economic Holdings Limited), un poderoso conglomerado que pertenece a miembros de las fuerzas armadas jubilados y en activo, es el propietario del resto de las acciones. El 29 de agosto de 2017, el gobierno de Myanmar autorizó a Kirin a invertir 4,3 millones de dólares estadounidenses en la compra de una participación del 51% en Mandalay Brewery, en una iniciativa conjunta con UMEHL. A través de estas inversiones, Kirin afirma que controla el 80% del creciente mercado de la cerveza en Myanmar.

Kirin es una importante empresa cervecera internacional que, además de tener sus propias marcas, es dueña de la empresa de bebidas Lion, en Australia y Nueva Zelanda, y del 48,6% de las acciones de San Miguel en Filipinas.

Estas donaciones se realizaron en un momento en que los medios de comunicación internacionales estaban abarrotados de informes sobre las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad de Myanmar contra las mujeres, los hombres y las niñas y niños rohingya, decenas de miles de los cuales ya huían rumbo al vecino Bangladesh.

El 11 de septiembre de 2017, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos describió el ataque contra la población rohingya como “una limpieza étnica de manual” y la extensa investigación que llevó a cabo Amnistía Internacional documentó posteriormente múltiples crímenes de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas de seguridad de Myanmar. Aunque estas violaciones de derechos humanos se difundieron ampliamente a nivel internacional, Kirin continuó haciendo donaciones a las autoridades del estado de Rajine incluso después de estos informes, el 23 de septiembre y el 3 de octubre, según ha revelado la empresa.

Los datos obtenidos a través de fuentes de acceso público desmienten que las donaciones tuvieran fines humanitarios

En una carta de abril de 2018 dirigida a Amnistía Internacional, Kirin señaló que las tres donaciones (dos contribuciones económicas, así como una donación en especie de arroz y aceite para cocinar) se entregaron al gobierno del estado de Rajine en respuesta a una solicitud de ayuda humanitaria para las víctimas de la violencia. Sin embargo, la información obtenida a través de fuentes de acceso público, incluidas las declaraciones que ha publicado en línea el comandante en jefe de Myanmar, el general Min Aung Hlaing, contradicen las afirmaciones de la empresa, según las cuales las donaciones no se entregaron a las fuerzas armadas.

El Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional analizó y verificó los vídeos publicados en la cuenta de Facebook del general, en uno de los cuales aparecen él y otros oficiales de las fuerzas armadas vestidos de uniforme aceptando regalos de representantes de varias empresas de Myanmar en una ceremonia oficial celebrada el 1 de septiembre.

La ceremonia tuvo lugar una semana después del inicio de la crisis más reciente en el estado de Rajine, cuando se produjo una serie de ataques por parte del grupo armado Ejército de Salvación Rohingya de Arakán el 25 de agosto de 2017. Amnistía Internacional y otros actores han documentado detalladamente la manera en que la brutal respuesta de las fuerzas armadas de Myanmar se caracterizó por los homicidios, las violaciones y otros actos de violencia sexual, la tortura, el incendio de pueblos, las tácticas de hambruna forzada y otras violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad en virtud del derecho internacional. Más de 702.000 rohingyas tuvieron que huir a Bangladesh, donde aún permanecen.

En su discurso televisado del 1 de septiembre de 2017, Min Aung Hlaing justificó las operaciones militares y afirmó que los regalos de las empresas eran “donaciones en efectivo para el personal de seguridad y de servicios públicos que arriesgaban su vida asumiendo tareas de defensa y seguridad nacional, y para las etnias indígenas que habían huido de sus hogares como consecuencia de los brutales ataques del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán”.

Donaciones procedentes de la empresa conjunta

Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que el general haya hecho declaraciones públicas sobre las otras donaciones que Kirin ha reconocido haber realizado.
Sin embargo, Min Aung Hlang sí publicó comentarios en Facebook, el 11 de septiembre, sobre otra ceremonia en la que UMEHL y 18 de sus empresas conjuntas donaron otros 19.200 dólares a las fuerzas armadas. Kirin no ha señalado si también contribuyó en esa ocasión.

Según Min Aung Hlang, estas donaciones eran “para las tropas de las fuerzas de seguridad y el personal de los departamentos que se encontraban realizando tareas de defensa y seguridad del Estado y corrían el riesgo de perder la vida en el estado de Rajine, y para la población local que había huido de sus lugares natales como consecuencia de los ataques terroristas del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán [...], así como para cercar la zona de la frontera.”

Solo unos días antes, Amnistía Internacional y los informes de los medios de comunicación habían documentado que las fuerzas de seguridad utilizaban minas terrestres prohibidas internacionalmente a lo largo de la valla fronteriza. El gobierno de Bangladesh presentó una queja formal ante Myanmar por la utilización de dichas minas.

Sin respaldo documental

Según Kirin, Myanmar Brewery “nunca ha realizado donaciones con la intención de apoyar las operaciones militares en el estado de Rajine ni en ningún otro lugar, ya sea directamente o a través de [U]MEHL”.

Kirin señaló, asimismo, que en virtud de los términos del contrato de asociación con UMEHL, hay una cláusula “que prohíbe expresamente la utilización de los fondos de Myanmar Brewery con fines militares”. Sin embargo, la empresa no proporcionó ninguna prueba que indicara que realizó controles para garantizar el cumplimiento de dicha cláusula por parte de UMEHL. Cuando se le solicitó más información, Kirin afirmó que los términos del contrato eran confidenciales. Además, no es seguro que las donaciones de esta naturaleza estuvieran contempladas en el contrato de empresa conjunta de Kirin con UMEHL.

Kirin indicó a Amnistía Internacional que UMEHL había solicitado las donaciones y después les informó de que las había depositado en una cuenta bancaria del gobierno del estado de Rajine. No obstante, la empresa no proporcionó ninguna prueba documental que respaldase dichos depósitos bancarios ni pudo explicar la forma en que se gastó finalmente el dinero, y admitió que no realizaron “suficientes esfuerzos para informarse de quién sería en última instancia responsable [de que el dinero llegase a las víctimas del conflicto]”.

Aunque el beneficiario de las donaciones fuera el gobierno del estado de Rajine y no las fuerzas armadas, la entrega de estas donaciones seguiría suscitando serias preocupaciones en materia de derechos: Amnistía Internacional considera que esas autoridades son responsables de crear y sustentar desde hace tiempo un régimen de apartheid contra la población rohingya, lo cual constituye un crimen de lesa humanidad.

“Al realizar donaciones a las fuerzas armadas y/o a las autoridades del estado de Rajine, Myanmar Brewery habría podido empeorar la situación de derechos humanos de la población rohingya y de otras etnias que son objeto de discriminación desde hace tiempo. Es sumamente preocupante que la empresa no haya podido explicar dónde han acabado estos fondos”, ha afirmado Seema Joshi.

Responsabilidad de las empresas

La responsabilidad de Kirin de respetar los derechos humanos se establece en los Principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos. En virtud de estas normas reconocidas a nivel internacional, las compañías como Kirin tienen la responsabilidad de respetar todos los derechos humanos dondequiera que operen.

Para cumplir con esta responsabilidad, deben asegurarse de que sus actividades empresariales no causen abusos de derechos humanos ni contribuyan a ellos. Deben identificar y evaluar el impacto real o potencial de sus actividades sobre los derechos humanos mediante la realización de un análisis de diligencia debida basado en los riesgos.

De acuerdo a la información que Kirin ha facilitado en sus cartas a Amnistía Internacional, la empresa no ha adoptado tales medidas y, como resultado, habría podido contribuir a los abusos de derechos humanos en Myanmar, tanto a través de la concesión de donaciones a las autoridades como del aparente respaldo a las actividades de las fuerzas armadas en el estado de Rajine.

En febrero de 2018, Kirin estableció una nueva política de derechos humanos global e informó a Amnistía Internacional de que tenía intención de priorizar la revisión de la actuación de Myanmar Brewery en el país. Asimismo, anunció la suspensión de todas las donaciones.

“Una revisión interna en este momento, basada en una política que se adoptó cuatro meses después de que se realizaran estas donaciones sospechosas, es sencillamente una medida demasiado limitada y tardía. Cualquier posible daño es probable que ya se haya producido”, ha afirmado Seema Joshi.

Una revisión interna en este momento, basada en una política que se adoptó cuatro meses después de que se realizaran estas donaciones sospechosas, es sencillamente una medida demasiado limitada y tardía. Cualquier posible daño es probable que ya se haya producido. Este es un ejemplo de manual de por qué las empresas deben actuar con la diligencia debida en materia de derechos humanos.
Seema Joshi

“Este es un ejemplo de manual de por qué las empresas deben actuar con la diligencia debida en materia de derechos humanos. Que quede claro: Amnistía Internacional no está instando a las empresas a boicotear a Myanmar. Tampoco nos oponemos a que las empresas extranjeras inviertan en el país. No obstante, pedimos a Kirin, como a otras empresas, que actúe de forma responsable y haga públicas las medidas que adopta para evitar contribuir a las violaciones de derechos humanos en entornos de alto riesgo.

Japón tiene también la obligación de garantizar que las empresas de este país que realizan actividades comerciales en Myanmar no causan abusos contra los derechos humanos ni contribuyen a ellos. Las autoridades japonesas deben investigar estos pagos y exigir, asimismo, a las empresas de este país que lleven a cabo un proceso de diligencia debida antes de invertir o emprender actividades comerciales en Myanmar.

Información general

En 2016, el gobierno de Japón anunció que tenía intención de formular un Plan de Acción Nacional sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Los esfuerzos encaminados a regular la conducta de las empresas y garantizar que se respeten los derechos humanos son —por supuesto— necesarios, y Amnistía Internacional pide que se finalice el Plan de Acción a la mayor brevedad. Sin embargo, el gobierno de Japón no debe utilizar la elaboración de dicho Plan como excusa para retrasar la toma de medidas inmediatas dirigidas a abordar las actuaciones indebidas por parte de las empresas.