La abogada de la familia Chaupe – Acuña, Mirtha Vásquez, denunció que en horas de la madrugada del viernes 17 de febrero de 2017, se registró una nueva incursión del personal de seguridad de la empresa minera Yanacocha para destruir cultivos que mantenía la familia para su propia subsistencia.
El hecho ocurrió a dos días de la visita de la Ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, a Tragadero Grande para supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de Máxima Acuña.
“Este ataque contra Máxima Acuña y su familia no es más que una vil provocación y una forma de intentar detener su campaña legítima para proteger su tierra,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Este ataque contra Máxima Acuña y su familia no es más que una vil provocación y una forma de intentar detener su campaña legítima para proteger su tierra
Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional
“Las autoridades Peruanas no deben perder un segundo más y cumplir con su responsabilidad de brindar a Máxima y a su familia la protección que necesitan desesperadamente.”
Durante el incidente, dos familiares de Máxima se encontraban en la casa. Máxima y su esposo estaban haciendo diligencias en la ciudad de Cajamarca.
“Otra vez nos dejaron sin comida, otra vez destruyen nuestro trabajo,” manifestó Máxima Acuña al enterarse de lo sucedido.
Otra vez nos dejaron sin comida, otra vez destruyen nuestro trabajo
Máxima Acuña
El pasado martes 14 de febrero, un equipo de Amnistía Internacional, encabezado por Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas, visitó a Máxima Acuña y a su familia para entregarle más de 150 mil mensajes de apoyo y solidaridad recogidos en todo el mundo pidiendo al Estado peruano que la proteja de todo ataque, acto de acoso e intimidación.
Entre los años 2011 y 2014 Máxima Acuña denunció diversos actos de acoso, agresiones e intentos de desalojo por parte de efectivos de la Policía Nacional de Perú. Durante el 2016 Amnistía Internacional llamó la atención al Estado cuando efectivos de seguridad de la empresa minera Yanacocha destruyeron cultivos que mantenía la familia Chaupe – Acuña para su propio consumo alegando el derecho de defensa posesoria sobre las tierras.