Impunidad e inmunidad: África y la Corte Penal Internacional

De Netsanet Belay, Africa Director, Research and Advocacy at Amnesty International - @NetsanetDBelay

La Corte Penal Internacional (CPI) inaugura hoy en La Haya, con cierta sensación de fracaso, el período de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes, en la que se reúnen los representantes de todos los países que han ratificado el Estatuto de la Corte.

La Corte volvió a toparse una vez más con una situación de desacato, esta vez de Sudáfrica, que no ha cooperado en la ejecución de las órdenes de detención dictadas contra Omar al Bashir, presidente de Sudán y uno de los prófugos que más tiempo lleva huido de la justicia.

El pasado 15 de junio, el gobierno sudafricano desobedeció una orden de su propio Tribunal Superior conforme a la cual se debía impedir que al Bashir abandonase el país. Esa orden se cursó al tiempo que el tribunal decidía si había que obligar al gobierno a cumplir sus obligaciones internacionales y constitucionales de hacer efectivas dos órdenes de detención de la CPI contra el presidente de Sudán, al Bashir. El mandatario sudanés, que visitaba Johannesburgo con motivo de la 25 Cumbre de la Unión Africana (UA), se enfrenta a siete cargos por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y a tres más por genocidio en Darfur.

Sudáfrica pasa a formar parte así de la larga lista de países que no han detenido ni puesto a disposición de la Corte a al Bashir para ser sometido a juicio, y cada vez que esto ocurre, se comete una nueva traición a las miles de víctimas muertas durante el conflicto de Darfur.</p>

Este último desacato, no obstante, ha resultado ser una bofetada especialmente lacerante. Antes de celebrarse la cumbre de la UA, éramos muchos los que pensábamos que al Bashir no se atrevería a acudir a Sudáfrica, que no solo es miembro fundador de la Corte Penal, sino que además ha promulgado leyes nacionales de considerable firmeza para la aplicación de la jurisdicción de la Corte en su territorio. ¡Pero finalmente se presentó allí y fue recibido por autoridades gubernamentales!

Previendo que esto pudiera suceder, el Centro de Estudios Judiciales para el África Meridional, destacado grupo nacional para la defensa de los derechos humanos, actuó con rapidez y presentó un recurso judicial ante el Tribunal Superior de Gauteng solicitando la detención y entrega a la CPI. Precedida de la firme declaración de que no debe haber impunidad para los crímenes previstos por el derecho internacional, el tribunal emitió en primer lugar una orden provisional para que no se permitiera a al Bashir abandonar territorio sudafricano hasta que se adoptara una decisión definitiva sobre el asunto. Hans Fabricius, juez presidente del tribunal, dejó claro que se habían cursado instrucciones a todos los organismos sudafricanos pertinentes para que adoptasen las medidas necesarias destinadas a impedir la salida de al Bashir del país.

Esta orden, sin embargo, no se cumplió.

Sin demora, a la mañana siguiente, el tribunal se reunió para decidir si el gobierno sudafricano debía proceder a la detención del presidente al Bashir y a su puesta a disposición de la CPI. Todavía no había acabado la reunión cuando los medios de comunicación dieron la noticia de que al Bashir, al parecer, se había marchado de Sudáfrica, hecho que no desmintió el gobierno. 

“Hasta donde sabemos en nuestra capacidad como gobierno, todavía se encuentra en nuestro país”, fue la respuesta que recibieron las preguntas del tribunal. En ocasiones se alcanzó el límite de lo absurdo: “…podría encontrarse en la habitación de un hotel, descansando, o podría haber salido de compras”, respondió en cierto momento la fiscalía al juez.

La cuestión decisiva que se debatió en el tribunal fue qué debía prevalecer en Sudáfrica, si la inmunidad o la impunidad.
Netsanet Belay.

La cuestión decisiva que se debatió en el tribunal fue qué debía prevalecer en Sudáfrica, si la inmunidad o la impunidad. El gobierno sudafricano adujo que predominaba la inmunidad diplomática de un jefe de Estado en ejercicio, a costa incluso de la impunidad por crímenes de gravedad tal como el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, por los que al Bashir está requerido. La judicatura sudafricana, sin embargo, fue clara e inequívoca en lo concerniente a la obligación del gobierno del país de combatir la impunidad y garantizar que se haga justicia por crímenes previstos en el derecho internacional, aun cuando el autor pertenezca al selecto club de los mandatarios.

Según el tribunal, la conducta del gobierno sudafricano de no “adoptar las medidas necesarias para detener o poner bajo custodia” a al Bashir” fue “incompatible” con la Constitución de Sudáfrica. El tribunal también confirmó las obligaciones que Sudáfrica tiene contraídas con la CPI al declarar que el gobierno "tenía la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para preparar la detención del presidente al Bashir […] mientras se recibía la solicitud formal para su entrega a la Corte Penal Internacional”.

No obstante, segundos después de dictarse esta resolución, el gobierno sudafricano se desentendió del tribunal y confirmó que el prófugo ya había abandonado el país. En definitiva, mientras la justicia derrotó a la inmunidad, el gobierno de Sudáfrica permitió que prevaleciera la impunidad.

El resultado fue trágico, aunque en otros aspectos también fue una victoria. El sistema judicial y la sociedad civil de Sudáfrica se mantuvieron firmes del lado de las víctimas, del cumplimiento de la justicia internacional y del Estado de derecho.
Netsanet Belay.

El resultado fue trágico, aunque en otros aspectos también fue una victoria. El sistema judicial y la sociedad civil de Sudáfrica se mantuvieron firmes del lado de las víctimas, del cumplimiento de la justicia internacional y del Estado de derecho. Una vez más, la judicatura ha despejado cualquier ambigüedad que pudiera existir sobre la obligación legal de Sudáfrica de combatir la impunidad y garantizar que se hace justicia por crímenes tipificados en el derecho internacional.

En el caso específico de Sudáfrica, ni siquiera la resolución de un tribunal nacional pudo impedir que el gobierno subvirtiera el Estado de derecho y se negara a hacer efectivas las órdenes de detención de la CPI. De todos modos, se ha transmitido el contundente mensaje de que los africanos que estamos de parte de la justicia luchamos y seguiremos luchando por ella en todos los frentes, independientemente de lo que puedan decir algunos de nuestros dirigentes políticos.

Es posible que África todavía no haya inaugurado su edad dorada de la justicia internacional. Pero hay indicios prometedores de que no todo es tan sombrío como parece, y Amnistía Internacional seguirá trabajando con otras ONG y gobiernos de todo el continente para garantizar que se pone a disposición de la justicia a los perpetradores de los peores crímenes recogidos en el derecho internacional, al margen de su lugar de procedencia.