La sucesión de muertes sospechosas en Ucrania debe ir seguida de investigaciones verosímiles

Foto: La muerte por disparos del periodista Oles Buzyna ha sido la última de una sucesión de muertes sospechosas en Ucrania en los últimos meses. © EPA

John Dalhuisen, director del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central

El asesinato del periodista Oles Buzyna en una calle de Kiev esta semana es un hecho alarmante per se.

Según el Ministerio del Interior ucraniano, varios agresores con el rostro cubierto abatieron a disparos desde un vehículo en marcha al periodista, de 45 años, muy conocido por sus opiniones afines al gobierno ruso.

Pero además, su asesinato es especialmente inquietante debido a que viene precedido de una sucesión de muertes sospechosas de ex aliados del presidente ucraniano depuesto Víctor Yanukovich. Sucedió cuando sólo había transcurrido un día desde la aparición de un miembro de la oposición política ucraniana, Oleg Kalashnikov, muerto a tiros en la capital.

Y las muertes de esta semana no son casos aislados. Desde finales de enero, varios aliados del presidente ucraniano depuesto Yanukovich han aparecido muertos, muchos de ellos en circunstancias sospechosas.

Oleksandr Peklushenko, ex gobernador regional, y Stanislav Melnyk, ex parlamentario, también murieron por disparos. Mykhaylo Chechetov, ex vicepresidente del Partido de las Regiones de Yanukovich, supuestamente saltó desde la ventana de su piso, en la decimoséptimo planta. Serhiy Valter, alcalde de la ciudad suroriental de Melitopol, apareció ahorcado, igual que Oleksiy Kolesnyk, ex jefe del gobierno regional de Járkov. El cadáver de Oleksandr Bordyuh, ex jefe adjunto de la policía de Melitopol, apareció en su domicilio.

La sucesión de muertes ha puesto bajo sospecha a las autoridades ucranianas.

La sucesión de muertes ha puesto bajo sospecha a las autoridades ucranianas.
John Dalhuisen

La policía se apresuró a calificar muchas de ellas de suicidios.

Sin duda es plausible que algunas de las muertes fueran suicidios o accidentes. Pero, al no existir investigaciones verosímiles, y dada la rápida sucesión de muertes en el clima político actual de Ucrania, no se puede descartar que otras fueran homicidios por motivos políticos. Pero, ¿cometidos por quién? Nadie lo sabrá si no se llevan a cabo investigaciones independientes, imparciales y exhaustivas.

La mayoría de estas muertes ocurrieron en circunstancias misteriosas. Las autoridades, tal vez a modo de reconocimiento, han iniciado indagaciones sobre alguno de los casos. Pero Amnistía Internacional aún no tiene constancia de resultados verosímiles de ninguna de ellas.

Deben ir seguidas de investigaciones prontas, imparciales y eficaces, y éstas deben ser creíbles para que Ucrania pueda empezar a resolver el problema de su falta generalizada de rendición de cuentas por las violaciones graves de derechos humanos cometidas. Por ejemplo, según un informe reciente de Amnistía Internacional, no se ha obligado a rendir cuentas prácticamente a nadie por los más de 100 homicidios de manifestantes –y el número aún mayor de casos de golpes y otros malos tratos a manos de la policía– durante las protestas del Euromaidán en febrero de 2014.

Aparte de la persistente falta de justicia por las muertes del Euromaidán, y de la reciente oleada de muertes de miembros de la oposición de este año, la organización ha documentado un preocupante aumento de otras formas de persecución.

Políticos de la oposición sufren ataques violentos a manos de grupos o personas normalmente afines a la ultraderecha.

Al mismo tiempo, trabajadores de los medios de comunicación sufren acoso por parte de las autoridades. Uno de ellos es el periodista y destacado bloguero Ruslan Kotsaba, adoptado recientemente por Amnistía Internacional como preso de conciencia, el primero en cinco años. Se enfrenta a cumplir más de 10 años de cárcel por el cargo de "alta traición" y por sus opiniones sobre el conflicto armado en el este de Ucrania.

Ruslan Kotsaba fue detenido el 7 de febrero en Ivano-Frankivsk, localidad situada 130 kilómetros al este de Lviv, tras publicar un vídeo en el que calificaba el conflicto de "guerra civil fratricida de Donbass". También expresaba su oposición al reclutamiento obligatorio de ucranianos por el ejército para participar en el conflicto.

El 31 de marzo fue acusado formalmente de "alta traición" y se enfrenta a 15 años de prisión, así como a otra pena de 8 años por el delito de "obstaculizar la actividad legítima de las fuerzas armadas". Amnistía Internacional ha pedido su liberación inmediata e incondicional y considera que el trato que recibe es una restricción descarada del derecho a la libertad de expresión. 

Una de las reivindicaciones fundamentales de los manifestantes del Euromaidán en sus consignas era la libertad para ejercer pacíficamente ese derecho.

Negar ahora ese mismo derecho a los aliados de Yanukovich o a los miembros de la oposición, mediante la cárcel o la muerte, o la ausencia de investigaciones eficaces, sería el colmo de la hipocresía. Además, es una traición a los derechos humanos, que deben ser protegidos para todas las personas, con independencia de sus colores políticos.