Amnistía Internacional y Human Rights First (HRF) han publicado hoy una carta conjunta dirigida al viceprimer ministro y el ministro del Interior de Polonia para pedir el fin de la cooperación del gobierno polaco con las deportaciones masivas e ilegales de inmigrantes por parte del gobierno estadounidense.
Según la información recopilada por Amnistía Internacional y Human Rights First, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos pasó por aeropuertos polacos y atravesó territorio polaco en al menos dos operaciones para trasladar a más de 50 personas a Ucrania, zona de guerra activa, en noviembre de 2025 y marzo de 2026.
Desde que se envió la carta, otro vuelo del ICE con un número desconocido de personas a bordo aterrizó en el aeropuerto polaco Rzeszów-Jasionka el 30 de abril de 2026, lo que indicaba otro traslado de personas ucranianas a través de Polonia.
Las organizaciones piden al gobierno de Polonia que suspenda su cooperación en las prácticas contra inmigrantes y violaciones del derecho internacional del gobierno de Trump, y que ofrezca reparaciones a las personas sometidas a estos traslados forzosos.
“Polonia se ha posicionado del lado de Ucrania desde que Rusia inició su guerra de agresión, ofreciendo protección temporal a casi un millón de personas refugiadas ucranianas. El país no debería desempeñar ninguna función en estas operaciones ilegales que separan familias, dividen comunidades y ponen en peligro la vida de personas”, ha manifestado Anna Błaszczak-Banasiak, directora de Amnistía Internacional Polonia.
Polonia se ha posicionado del lado de Ucrania desde que Rusia inició su guerra de agresión, ofreciendo protección temporal a casi un millón de personas refugiadas ucranianas. El país no debería desempeñar ninguna función en estas operaciones ilegales que separan familias, dividen comunidades y ponen en peligro la vida de personas.
Anna Błaszczak-Banasiak, directora de Amnistía Internacional Polonia
“El traslado forzoso de personas ucranianas a una zona de guerra activa, con ataques de misiles en toda la nación, sacude la conciencia y vulnera el derecho internacional. Representantes de Human Rights First que han viajado a los frentes del conflicto decenas de veces desde febrero de 2022 pueden atestiguar que no hay una zona segura. Polonia, que ha ofrecido generosamente un refugio seguro a tantas personas refugiadas ucranianas, debe negarse a facilitar los crueles traslados forzosos del gobierno de Trump que devuelven personas ucranianas a lugares donde su vida corre peligro”, ha dicho Uzra Zeya, directora ejecutiva y presidenta de Human Rights First.
En su carta, enviada a las autoridades polacas el 17 de abril de 2026, Amnistía Internacional y Human Rights First exponen con detalle sus motivos de preocupación acerca de dos operaciones realizadas desde Phoenix (Arizona) hasta el aeropuerto Rzeszów-Jasionka. Ante la falta de respuesta de las autoridades polacas a su carta, las organizaciones han decidido publicarla.
El 17 de marzo de 2026, según datos recopilados por el Observatorio de Vuelos del ICE de Human Rights First, dos vuelos del ICE aterrizaron en el aeropuerto Rzeszów-Jasionka con nacionales de Ucrania a bordo, cuyo paradero se desconoce en la actualidad.
El 18 de noviembre de 2025, otro vuelo del ICE aterrizó en Polonia. Las 50 personas que viajaban a bordo fueron trasladadas al puesto de control de fronteras de Sheghini-Medica y conducidas a Ucrania. Según información publicada en medios de comunicación, funcionarios estadounidenses enviaron al grupo en un vuelo a Polonia y a continuación lo trasladaron a la frontera con Ucrania, donde agentes polacos las escoltaron hasta el otro lado.
Otros informes indican que algunas de las personas que iban a bordo habían llegado a Estados Unidos en virtud del programa humanitario “Unidos por Ucrania”, establecido en 2022 por el gobierno de Biden para ofrecer a las personas de este país una vía de permanencia en Estados Unidos, y estaban en espera de respuesta a su solicitud de renovación de la estancia. Como consecuencia de su traslado, se han visto separadas de sus familiares que continúan en Estados Unidos.
En otro caso, el ICE anunció el traslado a Ucrania de un número no revelado de nacionales de ese país y publicó dos fotografías en X el 18 de agosto de 2025. Esta publicación ya ha sido borrada.
Según el derecho internacional, Polonia tiene la obligación de no expulsar ni devolver personas a lugares donde su vida o su libertad corran peligro. Amnistía Internacional y Human Rights First han advertido reiteradamente de que las condiciones actuales en Ucrania no son seguras para el retorno, aunque se espera que un gran número de personas ucranianas puedan regresar a su país en condiciones seguras en el futuro, una vez que haya cambiado la situación sobre el terreno. En vista de la continuación del conflicto armado, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, también ha pedido a los Estados que no lleven a cabo devoluciones a Ucrania.
Amnistía Internacional y Human Rights First piden al gobierno de Polonia que defienda los derechos humanos, la justicia y la dignidad de todas las personas. El gobierno debe negarse a tolerar, facilitar o cooperar de algún modo en la cruel e inhumana campaña de traslados masivos del gobierno de Trump.
“Las autoridades polacas deben investigar estos casos, establecer el paradero de esas personas y garantizar que son protegidas frente a la devolución (refoulement), tratadas con dignidad y provistas de un recurso efectivo”, ha dicho Anna Błaszczak-Banasiak.
Información complementaria
El 20 de enero de 2025, el gobierno de Trump puso en marcha un ataque generalizado contra los derechos de las personas migrantes y su capacidad de permanecer en Estados Unidos al suspender los programas de permisos humanitarios y el Estatus de Protección Temporal para muchas nacionalidades, lo que ha puesto a más de 1,5 millones de personas en riesgo de deportación.
El gobierno de Trump ha tomado medidas contra el programa de permisos humanitarios “Unidos por Ucrania” (U4U), que había permitido la entrada en Estados Unidos de 280.000 personas ucranianas y ha quedado suspendido indefinidamente para nuevas solicitudes. Personas ucranianas han sufrido problemas y retrasos en la tramitación de sus solicitudes a través del U4U. Quienes tienen la nacionalidad ucraniana están abocados cada vez más a un limbo jurídico en el que carecen de opciones de estatus y viven sumidos en la incertidumbre.
Asimismo, Amnistía Internacional y Human Rights First han planteado recientemente sus motivos de preocupación respecto al uso del aeropuerto de Shannon de Irlanda como escala para el repostaje de aviones utilizados por el ICE para traslados ilegales.
Nota para los periodistas
El Observatorio de Vuelos del ICE es una iniciativa basada en datos que rastrea y documenta sistemáticamente los vuelos de control de la inmigración realizados por Estados Unidos y pertenece a Human Rights First; véase ICE Flight Monitor – Human Rights First. Human Rights First es una organización apartidista y sin ánimo de lucro radicada en Estados Unidos que defiende los derechos humanos en todo el mundo y que Estados Unidos cumpla sus compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.