¿Hogar dulce hogar? “Si me quedo, me matan.”

La crisis oculta de refugiados de Centroamérica

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© Amnesty International/Encarni Pindado

Cuando les dispararon a él y a sus hijos a quemarropa a plena luz del día en una tranquila calle de Tegucigalpa, la capital de Honduras, el conductor de autobús Saúl*, de 35 años, supo que la única forma de sobrevivir era abandonar juntos el país.

Honduras es una de las naciones más violentas del planeta, en la que cada día asesinan a más personas que en la mayoría de los países. Saúl tenía miedo de que les volvieran a atacar a él y a su familia.

Transcurridos dos meses desde de la agresión, la policía no había hecho nada para protegerlos, así que Saúl reunió todo el dinero que pudo conseguir, empacó una pequeña bolsa y se fue a México.

El plan parecía infalible.

Es bien conocido que los conductores de autobús como Saúl son objeto de ataque para las despiadadas bandas criminales (maras) que controlan gran parte de Honduras. Las maras los amenazan y los obligan a pagar elevados “impuestos” para evitar que los maten.

Como superviviente de varios ataques en los que casi asesinaron a sus hijos, Saúl era el candidato perfecto para recibir asilo en el vecino México. En cuanto lo obtuviera, llevaría también a su mujer y a sus hijos.

Al menos, eso es lo que pensaba.

Saúl
Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras obligan realmente a miles de personas a escapar al norte en busca de seguridad.

¿Hogar dulce hogar? La crisis de refugiados de Centroamérica

Tasas de homicidio

Un salvadoreño espera a un autobús que le llevará al norte de Guatemala, desde donde llegará a Mexico. © Amnesty International/Encarni Pindado
Equipo forense trabajando en el lugar donde se ha cometido un delito en San Pedro Sula, Honduras. © Amnesty International/Encarni Pindado

“Va a volver a pasar algo... Quizás a mí.”

Pero hubo un problema. Como tantas personas en su situación, Saúl no consiguió asilo en México, sino que fue devuelto a Honduras, al mismo barrio en el que los hombres que le habían disparado seguían viviendo y controlaban las vidas de todo el mundo.

De vuelta en casa, Saúl y su familia quedaron totalmente desprotegidos. Saúl contó que la policía le dijo que buscara él mismo a los hombres que le habían atacado.

Me parece que va a volver a pasar algo... Quizás a mí.
Saúl unos días antes de que lo mataran en Tegucigalpa, Honduras

“Me parece que va a volver a pasar algo... Quizás a mí”, nos dijo en su casa de Tegucigalpa, tres semanas después de que lo obligaran a regresar. Sentía que debía marcharse de la ciudad inmediatamente, pero no tenía dinero. Lo había gastado todo en su primer intento de buscar asilo en México.

Nadie pareció pensar que Saúl se encontrara realmente en peligro, pero se equivocaron.

El 10 de julio de 2016, Saúl murió por disparos.

Ahora, su viuda tiene terror de lo que pueda sucederles a ella y a sus hijos.

Deportaciones desde México

Migrantes en el río Suchiate. © Amnesty International/Encarni Pindado
Miembros de maras. © AFP/Getty Images

Violencia bélica

La trágica historia de Saúl ilustra la vida de cientos de miles de hombres, mujeres, niños y niñas en Honduras, El Salvador y Guatemala. Son tres de los países más peligrosos del mundo, con índices de homicidio varias veces superiores a la media mundial.

Despiadadas bandas criminales controlan amplias zonas de estos países: obligan a los niños a unirse a ellos, a las niñas a convertirse en esclavas sexuales, a los tenderos y conductores de autobús a pagar elevados impuestos, y asesinan a cualquiera que se atreva a negarse. Al no abordar esta crisis, los gobiernos realmente obligan a miles de personas a escapar al norte en busca de seguridad.

Las cifras lo dicen todo

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, el ACNUR, el número de personas procedentes de estos tres países que solicitan asilo en el mundo se ha multiplicado por siete desde 2010.

Hay pruebas abrumadoras de que estas personas se enfrentan a la violencia extrema y quizás a la muerte si no se les reconoce la condición de refugiado. Sin embargo, las deportaciones desde algunos países, especialmente México y Estados Unidos de América, han aumentado desde 2012.

El número de personas guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas deportadas desde México aumentó casi un 180 % entre 2010 y 2015.

Miles de personas como Saúl son devueltas al infierno del que se vieron obligadas a escapar y no parece que nadie que tenga el suficiente poder para cambiar la situación esté actuando.

Protege a las personas centroamericanas frente a la violencia brutal

El Salvador, Honduras y Guatemala deben garantizar que las personas deportadas gozan de protección frente al peligro cuando regresan a sus países de origen.

A los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador

Les pedimos que:

  • protejan a su población frente a la violencia;
  • asuman la responsabilidad central para la protección de las personas deportadas y utilicen los medios necesarios ante la demanda provocada por el incremento del número de personas deportadas;
  • identifiquen a las personas deportadas que se encuentran en situación de riesgo para brindarles una protección especial en función de sus necesidades particulares;
  • garanticen que todos los programas para personas migrantes deportadas tienen en cuenta los derechos y los problemas específicos relativos a la protección de grupos tales como las mujeres, los pueblos indígenas, las personas LGBTI y los menores de edad no acompañados;
  • evalúen los casos individuales de readmisión en procedimientos de asilo.

Crisis de refugiados de Centroamérica

Jóvenes en la frontera. © Amnesty International/Sergio Ortiz
Janette. © Amnesty International/Encarni Pindado

Jóvenes a merced de las maras

Amnistía Internacional ha concluido que los países centroamericanos están fallando a su propia ciudadanía por partida doble: no hacen lo suficiente para abordar los alarmantes niveles de violencia que obligan a miles de personas a huir, y las dejan desprotegidas cuando son expulsadas de vuelta.

La historia de Saúl es un durísimo ejemplo de una tendencia creciente que afecta particularmente a la juventud centroamericana: la mitad de las víctimas de homicidio son hombres jóvenes y muchachos.

Los y las adolescentes de estos tres países viven a merced de las brutales bandas criminales, que controlan con eficacia por dónde se puede caminar, qué se puede decir y cómo se debe vestir. Para muchos jóvenes, incluso ir a la escuela se ha vuelto tan peligroso que han tenido que dejar de hacerlo.

Según informes, el Ministerio de Educación de El Salvador ha declarado que 39.000 estudiantes abandonaron la escuela a causa del acoso o las amenazas de las maras en 2015: el triple que en 2014 (13.000). El sindicato de maestros de este país ha dicho que cree que la cifra real podría superar los 100.000.

Andrés* es una de las personas que tratan desesperadamente de marcharse de su país de origen, El Salvador.

Este joven de 16 años dijo que nunca había colaborado con una mara. Eso no les importó a las fuerzas de seguridad que lo detuvieron, le dieron patadas, lo golpearon y lo hicieron desfilar ante las cámaras de televisión en mayo de 2016. Le vertieron agua por la garganta para simular que lo ahogaban y así hacerle confesar que actuaba como vigilante para una de las maras más poderosas de El Salvador.

Cuando Andrés quedó finalmente en libertad, su madre presentó una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República por los malos tratos que le habían infligido. Las personas encargadas de la investigación recomendaron que no regresara a casa, pero no le ofrecieron ninguna forma de protección.Ahora vive escondido, desesperado por abandonar El Salvador.

Soldado hondureño. © Amnesty International/Encarni Pindado

¿Prosperidad para quién?

A menudo, los gobiernos de Centroamérica argumentan que carecen de los recursos necesarios para abordar la abrumadora crisis de seguridad de sus países.

Sin embargo, en 2015, el gobierno de Estados Unidos creó un fondo de 750 millones de dólares para que El Salvador, Honduras y Guatemala aborden la violencia dentro de las fronteras y eviten que sus ciudadanos y ciudadanas intenten llegar a Estados Unidos. La Unión Europea y otros actores siguieron su ejemplo y aprobaron fondos para frenar los factores que impulsan a la migración.

A pesar de ello, en El Salvador, Guatemala y Honduras se hace muy poco para ayudar a las personas cuyas vidas dependen de la protección de las autoridades. La pregunta que queda en el aire es: ¿dónde va el dinero?

No existe ninguna solución sencilla para esta arraigada y oculta crisis de refugiados. Abordar las tasas de homicidio y lograr que estos países sean seguros va ser todo un reto, pero los gobiernos no pueden permitirse no hacer nada. Tienen la responsabilidad de proteger a quienes no les queda otro lugar adonde acudir, y evitar que personas como Saúl sean asesinadas despiadadamente.

* Los nombres se han modificado para proteger la seguridad de las personas y sus familias.