Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrían elevados niveles de violencia. Las autoridades no proporcionaban financiación suficiente para la salud pública. La tala ilegal seguía amenazando el medioambiente. Las autoridades no llevaron ante la justicia a los miembros de las fuerzas de seguridad con presunta responsabilidad penal por el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en 2017.
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