“Yomara”: “Si me quedo aquí me matan”

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© Amnesty International / Encarni Pindado

Yomara, de 30 años, tuvo que huir de su Honduras natal al ser agredida y acosada por personas de su barrio en Tegucigalpa, tras testificar contra dos hombres acusados de matar a golpes a un muchacho.

Esa misma semana, cuando, en un caso que no guardaba relación con este, se acusó y se detuvo a dos hombres por aquel delito, el hermano de 16 años de Yomara fue secuestrado, en mayo de 2014, mientras trabajaba cobrando tarifas en los autobuses. Fue hallado muerto más tarde.

Ante la falta de progresos en la investigación sobre la muerte de su hermano, Yomara decidió indagar sobre el asesinato ella misma.

No presentó una denuncia ante la policía por ninguno de los hechos, pero pidió ayuda a una organización no gubernamental local que ayuda a la Fiscalía con las investigaciones criminales y que había organizado su participación como testigo. Sin embargo, nadie pudo garantizarle su seguridad.

Y ahora se encuentra en México, donde ha iniciado procedimientos de asilo y está en espera de una respuesta.

Yomara
Entonces, tal vez en el camino voy arriesgando mi vida porque igual en Honduras no estoy segura.

“Yomara”: “Si me quedo aquí, me matan”

Protege a las personas centroamericanas frente a la violencia brutal

El Salvador, Honduras y Guatemala deben garantizar que las personas deportadas gozan de protección frente al peligro cuando regresan a sus países de origen.

A los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador

Les pedimos que:

  • protejan a su población frente a la violencia;
  • asuman la responsabilidad central para la protección de las personas deportadas y utilicen los medios necesarios ante la demanda provocada por el incremento del número de personas deportadas;
  • identifiquen a las personas deportadas que se encuentran en situación de riesgo para brindarles una protección especial en función de sus necesidades particulares;
  • garanticen que todos los programas para personas migrantes deportadas tienen en cuenta los derechos y los problemas específicos relativos a la protección de grupos tales como las mujeres, los pueblos indígenas, las personas LGBTI y los menores de edad no acompañados;
  • evalúen los casos individuales de readmisión en procedimientos de asilo.