“Patricia”: “Ya no se puede vivir en mi país”

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© Amnesty International / Encarni Pindado

Patricia, mujer transgénero de 32 años, tiene mucho miedo a seguir en su ciudad natal de El Salvador desde que las maras empezaran a amenazarla y acosarla debido a su identidad de género, tras no pagarles la "cuota" que le exigían por el derecho a vender soda.

En junio de 2015, unos policías con el rostro cubierto se presentaron a las tres de la madrugada en la casa que Patricia compartía con su madre y sus hermanos y hermanas. Los agentes preguntaron por otro hermano que hacía más de tres años no vivía allí, y luego golpearon a Patricia con sus armas y le dijeron que disponía de un mes para dejar la casa. Tres meses después, Patricia dijo que un vecino la había avisado de que unos policías se habían presentado dos veces buscándola en esa misma casa la semana anterior, y también la habían buscado en su trabajo.

Denunció los incidentes ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero sin ningún resultado, por lo que decidió huir a México por su propia seguridad.

Patricia dijo que, tras sufrir agresión y robo durante el viaje, le denegaron la solicitud de asilo en México alegando que 12 años antes había cumplido una pena de prisión por delitos de drogas. Fue enviada de vuelta a El Salvador en abril de 2016 y, según afirmó, dijo al funcionario de inmigración salvadoreño que había huido porque temía por su seguridad, pero el funcionario no le dio ninguna respuesta.

Ha vuelto a abandonar su país por miedo a lo que pueda ocurrirle si se queda en El Salvador.

Patricia
Estoy con miedo de que vuelva a pasar lo mismo, de que me vuelvan a agredir.

“Patricia”: “Ya no se puede vivir en mi país”

Protege a las personas centroamericanas frente a la violencia brutal

El Salvador, Honduras y Guatemala deben garantizar que las personas deportadas gozan de protección frente al peligro cuando regresan a sus países de origen.

A los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador

Les pedimos que:

  • protejan a su población frente a la violencia;
  • asuman la responsabilidad central para la protección de las personas deportadas y utilicen los medios necesarios ante la demanda provocada por el incremento del número de personas deportadas;
  • identifiquen a las personas deportadas que se encuentran en situación de riesgo para brindarles una protección especial en función de sus necesidades particulares;
  • garanticen que todos los programas para personas migrantes deportadas tienen en cuenta los derechos y los problemas específicos relativos a la protección de grupos tales como las mujeres, los pueblos indígenas, las personas LGBTI y los menores de edad no acompañados;
  • evalúen los casos individuales de readmisión en procedimientos de asilo.