Saúl, de 35 años y padre de cinco hijos, fue asesinado en su Honduras natal menos de tres semanas después de haber sido enviado de vuelta a casa desde México en julio de 2016 cuando se denegó su solicitud de asilo.
Saúl, chófer de autobús –una de las profesiones más peligrosas de Honduras a causa del control que las maras ejercen sobre el sector–, huyó del país en noviembre de 2015 tras haber sobrevivido a un tiroteo junto con sus dos hijos, que resultaron heridos de gravedad. Dijo que la policía no había hecho seguimiento de su denuncia ni le había ofrecido protección.
Cuando Amnistía Internacional habló con él en julio, sus últimas palabras fueron: “me parece que va a volver a pasar algo, pues, entiende, quizá a mí”.
Su esposa y sus hijos viven ahora aterrorizados por lo que pueda sucederles.
Me parece que va a volver a pasar algo… Quizás a mí.
Saúl
“Saúl”: Enviado de vuelta para morir
Protege a las personas centroamericanas frente a la violencia brutal
El Salvador, Honduras y Guatemala deben garantizar que las personas deportadas gozan de protección frente al peligro cuando regresan a sus países de origen.
A los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador
Les pedimos que:
- protejan a su población frente a la violencia;
- asuman la responsabilidad central para la protección de las personas deportadas y utilicen los medios necesarios ante la demanda provocada por el incremento del número de personas deportadas;
- identifiquen a las personas deportadas que se encuentran en situación de riesgo para brindarles una protección especial en función de sus necesidades particulares;
- garanticen que todos los programas para personas migrantes deportadas tienen en cuenta los derechos y los problemas específicos relativos a la protección de grupos tales como las mujeres, los pueblos indígenas, las personas LGBTI y los menores de edad no acompañados;
- evalúen los casos individuales de readmisión en procedimientos de asilo.