A pesar de contar con un amparo para que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no le retire la vigilancia que garantice su integridad, el periodista Alberto Amaro, advierte: “sigo enfrentando obstáculos en mi búsqueda de seguridad. A pesar de las adversidades enfrentadas sigo comprometido con mi labor periodística. A pesar de los intentos de intimidación y los riesgos a los que me enfrento diariamente, seguiré trabajando para mantener informada a la población y denunciar la corrupción y la violencia en todas sus formas.
Por Alberto Amaro Jordán*
Mi nombre es Alberto Amaro Jordán, nacido en Apizaco, Tlaxcala. Soy periodista y propietario del periódico Prensa de Tlaxcala. En 2019, fui incorporado al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal debido a las reiteradas amenazas que he recibido por el ejercicio de mi profesión. Desde entonces, los ataques en mi contra continuaron.
En dos ocasiones, personas desconocidas dispararon hacia mi casa, la última ocurrió en septiembre de 2023 mientras mi hijo menor jugaba en el patio. En otra ocasión, mi domicilio fue allanado por al menos tres hombres mientras estaban presentes mi esposa y mis hijos menores. Los escoltas proporcionados por el Mecanismo de Protección sorprendieron y enfrentaron a los agresores quienes huyeron del lugar. Gracias a esa vigilancia se evitó un mal mayor. Además, fui agredido y amenazado de muerte en dos ocasiones por un exalcalde de Tlaxcala, acciones que lamentablemente presenció mi familia.
A raíz de diversos ataques, el Mecanismo de Protección Federal solicitó la colaboración del Gobierno del Estado de Tlaxcala para que elementos de la policía estatal se hicieran cargo de mi seguridad. Sin embargo, esto generó mayor riesgo para mí y para mi familia debido a las críticas periodísticas que yo publicaba contra los mandos de la policía estatal. En este sentido, Alfredo “N” ex Secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala –prófugo de la justicia por el delito de desaparición forzada–, ordenó a los policías estatales que tomaran fotografías de mi familia e hicieran un seguimiento detallado de mis movimientos y le informaran dónde y con quién me reunía.
En noviembre de 2021, fui detenido por grabar a policías estatales de Tlaxcala mientras extorsionaban a ciudadanos. Esta detención injusta y la asignación de policías estatales para proporcionarme seguridad, han demostrado la vulnerabilidad en la que me encuentro debido a la incorrecta implementación de medidas de seguridad por parte del Mecanismo de Protección Federal. A pesar de las agresiones y amenazas que he enfrentado, he seguido con mi labor periodística, exponiendo actos de corrupción y violencia en las corporaciones policiales y grupos políticos.
A finales del mes de noviembre de 2021 me asignaron escoltas de una empresa privada y, a finales de septiembre de 2022, ese apoyo fue sustituido por el Servicio de Protección Federal. Dicha asignación incluyó un vehículo en mal estado que en menos de 24 horas presentó fallas, al grado de quedarnos sin frenos. Esta situación le importó poco al Mecanismo pues sólo respondían, a los diversos correos que les enviaba, señalando que la información sería remitida al área correspondiente. Otra limitante es que los acompañamientos de los escoltas eran únicamente para Tlaxcala, Puebla y Ciudad de México, limitando la seguridad de mi persona sin fundamento legal alguno pese a que el artículo 30 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, señala que en ningún caso las medidas restringirán las actividades de los beneficiarios.
En noviembre de 2022, fui objeto de dos agresiones automovilísticas inusuales. La primera, quedó registrada en la cámara de mi vehículo y fue interpretada como agresión; la segunda, fue reportada por los escoltas en una tarjeta informativa, la misma fue modificada y por tal motivo se tomó como un accidente de tránsito, aun cuando se trató del mismo vehículo que protagonizó el primer incidente, como quedó documentado en la cámara de mi vehículo.
En diciembre de 2022, mi integridad fue amenazada por integrantes de un grupo de la delincuencia organizada quienes intentaron sobornarme para que dejara de publicar informaciones críticas hacia ellos. Ante esta situación, me negué y mantuve mi posición.
En julio de 2023, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas hizo una evaluación de riesgo en mi caso, que no reflejó adecuadamente las amenazas que enfrento como comunicador. El Mecanismo justificó el retiro de escoltas diciendo que ya se tenía a una persona detenida y que ya no estaba en riesgo con la célula delictiva que me había amenazado.
La discusión sobre la retirada de los escoltas asignados para mi protección generó controversia entre las autoridades del Mecanismo de Protección federal y los miembros del Consejo de la Junta de Gobierno del propio Mecanismo. A pesar de obtener un amparo para mantener a los escoltas, sigo enfrentando obstáculos en mi búsqueda de seguridad para seguir llevando la noticia a mi bello estado que es Tlaxcala.
A lo largo de este proceso legal, he contado con el apoyo invaluable de mi familia y de personas defensoras de derechos humanos como Viridiana Bahena, la abogada Beatriz de la O Yerenas y el abogado René Cosme Ramos Limón. Agradezco profundamente su ayuda para proteger a mis seres queridos y buscar justicia en medio de la situación complicada que vivimos los periodistas en México.
Gracias a ellos, mediante procedimientos legales, se logró la asignación de un cuerpo de escoltas para mi esposa e hijos, quienes poco a poco han empezado a salir de casa. El Mecanismo tuvo que acatar una resolución de plano de una segunda instancia que ya es irrevocable, pero sin fundamento alguno limitó la protección de mi familia únicamente para Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México, condicionando una salida al mes a los últimos dos Estados.
Es importante destacar que, a pesar de las adversidades enfrentadas, sigo comprometido con mi labor periodística y con la defensa de los derechos humanos en mi estado. A pesar de los intentos de intimidación y los riesgos a los que me enfrento diariamente seguiré trabajando para mantener informada a la población y denunciar la corrupción y la violencia en todas sus formas.
Todos los mexicanos somos conscientes de la importancia de la libertad de expresión respaldada por nuestra constitución mexicana y la responsabilidad de las autoridades federales de proteger a los profesionales de los medios de comunicación.
Mi compromiso con la verdad y la justicia es inquebrantable, y continuaré luchando por un entorno seguro y transparente en Tlaxcala y más allá. Agradezco a todos los que me han apoyado en este difícil camino y reafirmo mi compromiso con la libertad de expresión y la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos mexicanos. Porque la verdad se protege.
Este relato es sólo una parte de mi historia, una historia de resistencia, valentía y esperanza. A pesar de los desafíos, sigo adelante con la convicción de que un mejor futuro es posible si trabajamos juntos en la construcción de una sociedad justa y equitativa para todos.
¡Es hora de exigir justicia y protección para todos los periodistas en México! ¡Basta de impunidad y complicidad! ¡Nuestro trabajo es informar, no arriesgar nuestras vidas ni la de nuestras familias! ¡Juntos, demandemos un verdadero compromiso con la seguridad y la libertad de prensa en nuestro país!
* Alberto Amaro Jordán ha sufrido agresiones en el ejercicio de su profesión, éstas han sido documentadas en el informe de Amnistía Internacional “Nadie garantiza mi seguridad”: la urgente necesidad de fortalecer las políticas federales de México para la protección de periodistas, dado a conocer el 6 de marzo de 2024.
Publicado originalmente en Animal Político