“Andrés”: “Me aconsejaron que me fuera”

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© Amnesty International / Encarni Pindado

Andrés, de 16 años, vive oculto en El Salvador desde que fue detenido en mayo por las fuerzas de seguridad. Según su relato a Amnistía Internacional, lo torturaron para hacerle confesar que había participado en un tiroteo y que había actuado de vigilante para las maras, en lo que parece un intento desesperado de mostrar que las autoridades están tratando de hacer frente a los alarmantes niveles de delincuencia violenta en el país.

Según contó, los soldados le arrojaron botellas de agua en la boca y la nariz, le metieron la cabeza en un charco, le llenaron la boca de arena, le saltaron sobre el estómago y luego le propinaron patadas y puñetazos y lo amenazaron con matarlo a menos que confesara.

Su madre presentó una denuncia por el trato sufrido por su hijo, y se ha abierto una investigación. Quienes investigan el caso han recomendado a Andrés no volver a casa.

Andrés ahora se traslada constantemente de una casa a otra, pues tiene miedo de que los hombres que lo sometieron a esos abusos lo encuentren, y está desesperado por salir del país.

Andrés
Como somos pobres, se pone la denuncia, no nos escuchan.

“Andrés”: “Me aconsejaron que me fuera”

Protege a las personas centroamericanas frente a la violencia brutal

El Salvador, Honduras y Guatemala deben garantizar que las personas deportadas gozan de protección frente al peligro cuando regresan a sus países de origen.

A los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador

Les pedimos que:

  • protejan a su población frente a la violencia;
  • asuman la responsabilidad central para la protección de las personas deportadas y utilicen los medios necesarios ante la demanda provocada por el incremento del número de personas deportadas;
  • identifiquen a las personas deportadas que se encuentran en situación de riesgo para brindarles una protección especial en función de sus necesidades particulares;
  • garanticen que todos los programas para personas migrantes deportadas tienen en cuenta los derechos y los problemas específicos relativos a la protección de grupos tales como las mujeres, los pueblos indígenas, las personas LGBTI y los menores de edad no acompañados;
  • evalúen los casos individuales de readmisión en procedimientos de asilo.