Resumen

Las autoridades incrementaron la represión del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Acosaron, detuvieron arbitrariamente y procesaron a decenas de personas críticas con el gobierno y defensoras de los derechos humanos, entre las que había activistas de los derechos de las mujeres, miembros de la minoría chií y familiares de activistas. Seguían en curso juicios iniciados contra clérigos y activistas chiíes ante un tribunal antiterrorista por expresar opiniones disidentes. Las autoridades usaron ampliamente la pena de muerte, llevando a cabo decenas de ejecuciones por una amplia diversidad de delitos, incluidos delitos relacionados con drogas. Algunas personas, en su mayoría pertenecientes a la minoría chií del país, fueron ejecutadas tras juicios manifiestamente injustos. Las autoridades introdujeron importantes reformas en el represivo sistema de tutela masculina, entre ellas permitir que las mujeres obtuvieran el pasaporte, viajaran sin el permiso de un tutor masculino y se convirtieran en cabeza de familia; pese a ello, las mujeres continuaron sufriendo discriminación sistemática en la legislación y en la práctica en otros ámbitos, y sin estar debidamente protegidas frente a la violencia sexual y de otra índole. Las autoridades reconocieron a cientos de miles de personas extranjeras el derecho a trabajar y a tener acceso a educación y asistencia médica, pero detuvieron y expulsaron a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras migrantes irregulares, que corrían el riesgo de sufrir explotación y abusos laborales a manos de quienes los empleaban, así como tortura cuando estaban bajo la custodia del Estado. Persistió la arraigada discriminación que sufría la minoría chií.

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