Resumen

Las autoridades restringieron severamente la libertad de expresión, de asociación y de reunión. Se detuvo a muchos defensores y defensoras de los derechos humanos y personas críticas con el gobierno, y algunos fueron condenados a largas penas de cárcel en juicios sin las debidas garantías. Varios activistas chiíes fueron ejecutados, y muchos más fueron condenados a muerte en juicios manifiestamente injustos ante el Tribunal Penal Especializado. La tortura y otros malos tratos bajo custodia continuaban siendo práctica habitual. Pese a limitadas reformas, las mujeres sufrían una discriminación sistémica en la ley y en la práctica y no recibían protección adecuada contra la violencia sexual y de otros tipos. Las autoridades hicieron amplio uso de la pena de muerte y llevaron a cabo decenas de ejecuciones. La coalición dirigida por Arabia Saudí siguió cometiendo violaciones graves del derecho internacional en Yemen.

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