En un contexto de profunda polarización política y de un marcado deterioro social en los últimos años, Amnistía Internacional ha constatado la existencia de medidas arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y del sistema de justicia venezolano. Tales medidas apuntan a entorpecer la libertad de expresión, de asociación y de participación política. Asimismo, afectan los derechos a la libertad, a la integridad personal y al debido proceso.