Cinco activistas siguen bajo cargos tras participar en un piquete pacífico contra la empresa de servicios de limpieza de un hospital en junio de 2020. El acto de protesta pretendía llamar la atención sobre el presunto trato injusto de sindicalistas y el suministro insuficiente de equipo de protección individual (EPI) a las personas encargadas de las tareas de limpieza. La policía detuvo a cinco activistas y los acusó de “reunión no autorizada”. Un elemento esencial del derecho a la libertad de asociación es que nadie debe ser procesado por reunirse de forma pacífica.
