Control de armas
© Amnesty International
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El comercio imprudente de armas devasta vidas. Se fabrican y se venden cantidades escandalosamente altas de armas y munición.

Cada año se fabrican 12.000 millones de balas. Esa cantidad es casi suficiente para matar dos veces a todos los habitantes del mundo. Cada día, miles de personas son víctimas de homicidio, resultan heridas y se ven obligadas abandonar sus hogares a causa de la violencia por arma de fuego y los conflictos armados.

Hace cinco años que está en vigor un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas que impone estrictas normas a las transferencias internacionales de armas, pero aun así el comercio internacional de armas sigue en aumento y continúa alimentando abusos contra los derechos humanos. Esto se debe a que algunos de los mayores exportadores de armas, como China, Rusia y Estados Unidos, no han ratificado el tratado. E incluso hay países que han ratificado el tratado y no lo cumplen, y transfieren armas y municiones a lugares donde existe el peligro de que se utilicen para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario, incluidos posibles crímenes de guerra.

La población civil suele ser la que sufre las peores consecuencias de los conflictos modernos. Hay armas como la artillería, los morteros, las bombas guiadas y los misiles que destruyen hospitales, hogares, mercados y sistemas de transporte, y hunden en la pobreza a quienes sobreviven. Destruyen las vidas de la gente. Este es el coste de una industria de comercio de armas no regulada.

El comercio irresponsable de armas afecta a quienes viven tanto dentro como fuera de las zonas de conflicto armado e inestabilidad política. La violencia por arma de fuego es una tragedia cotidiana que afecta a personas de todo el mundo; de ellas, la gran mayoría no vive en zonas de conflicto. En el mundo, más de 500 personas mueren cada día a causa de la violencia ejercida con armas de fuego.

Es por eso por lo que Amnistía hace campaña para detener el flujo no regulado de todas las armas, ya sea una pistola no registrada en Estados Unidos o un avión de combate en Yemen o Siria.

Caso práctico: Coalición saudí en Yemen

La guerra de Yemen sigue destruyendo las vidas de civiles años después de que las fuerzas huzíes se hicieran con la capital del país, Saná, en 2015. Poco después de la caída de Saná, una coalición encabezada por Arabia Saudí intervino para restaurar el gobierno del país reconocido por la ONU.

Desde que estalló el conflicto, la población civil ha soportado la carga de la violencia en Yemen. Además de causar miles de muertes y heridas, las partes del conflicto han exacerbado una crisis humanitaria ya de por sí grave, producto de años de pobreza y mal gobierno, y han causado un inmenso sufrimiento humano.

Todas las partes del conflicto han cometido graves violaciones de derechos humanos. La coalición encabezada por Arabia Saudí ha llevado a cabo numerosos ataques aéreos indiscriminados y desproporcionados en zonas civiles: han alcanzado viviendas, escuelas, hospitales, mercados, mezquitas, bodas y entierros. De igual modo, Amnistía Internacional ha documentado casos en los que las fuerzas huzíes han bombardeado indiscriminadamente zonas civiles y han utilizado armas poco precisas.

El conflicto de Yemen ha sido alimentado en gran medida por una serie de países que siguen suministrando armas a las fuerzas de la coalición dirigida por Arabia Saudí. Estas ventas suman ya más de 18.000 millones de dólares estadounidenses desde que comenzó el conflicto.

Habida cuenta del riesgo sustancial de que estas armas se utilicen para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, los Estados, en virtud del Tratado sobre el Comercio de Armas (y en virtud también de la legislación tanto de la UE como nacional), tienen estrictamente prohibido seguir suministrando armas a los miembros de la Coalición para su uso en Yemen.

Amnistía Internacional está haciendo campaña para detener estos flujos de armas. A consecuencia de la intensa presión ejercida por activistas de todo el mundo, muchos países de Europa han anunciado suspensiones de futuras ventas de armas. No obstante, muchos de los principales exportadores de armas, como Reino Unido, Francia y Estados Unidos, siguen burlando tanto el derecho internacional como su propia legislación nacional para continuar suministrando material militar a Arabia Saudí y otros miembros de la Coalición.

Amnistía Internacional Reino Unido conmemoró el cuarto aniversario del conflicto de Yemen conduciendo alrededor del Parlamento británico una réplica a escala 1/6 del avión Eurofighter Typhoon con misiles Paveway IV: las mismas armas utilizadas por Arabia Saudí para lanzar ataques aéreos en Yemen y que Reino Unido sigue vendiendo. © Jon Cornejo

El Tratado sobre el Comercio de Armas

Después de más de 20 años de campaña por parte de Amnistía Internacional y ONG asociadas, el Tratado sobre el Comercio de Armas se convirtió en norma de derecho internacional el 24 de diciembre de 2014.

Todos los Estados que sean partes en el Tratado deben obedecer unas estrictas normas sobre transferencias internacionales de armas. El Tratado fue concebido para impedir que llegaran armas mortíferas a manos de personas que las utilizarán para cometer violaciones de derechos humanos, incluidos el genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Más de un centenar de países se han unido al Tratado, y otros más de 30 lo han firmado: el primer paso para convertirse en Estados Partes.

El Tratado puede ayudar a salvar vidas, pero sólo si se aplica adecuadamente y si los Estados rinden cuentas cuando lo vulneren.

La industria internacional de armas

Se calcula que el valor total del comercio internacional de armas es de al menos 95.000 millones de dólares estadounidenses. Aunque los Estados, como cedentes de las licencias para transferencias de armas, desempeñan un papel fundamental en el comercio, la industria de la defensa está profundamente implicada en todos los aspectos del suministro de armas en todo el mundo.

Cada año, una parte del sector empresarial suministra grandes volúmenes de material militar a algunas de las zonas más violentas e inestables del mundo. Este material se utiliza a menudo ilegalmente en el contexto de conflictos armados y en situaciones de agitación política enturbiadas por graves violaciones de derechos humanos.

En septiembre de 2019, Amnistía contactó con 22 empresas de armas y les pidió que explicaran cómo cumplen con su obligación de respetar los derechos humanos en sus actividades empresariales. Ninguna fue capaz de dar una respuesta adecuada.

Muchas empresas dedicadas a la defensa siguen beneficiándose de la venta de armas que se utilizan para cometer violaciones graves de derechos humanos o del derecho humanitario.

En cualquier situación en la que sea imposible eludir el riesgo de que las armas se utilicen para cometer abusos contra los derechos humanos, las empresas deberán detener por completo el suministro de armas.

Armas de efectos indiscriminados

Es ilegal utilizar armas cuyo efecto sea inherentemente indiscriminado, que no puedan dirigirse contra un objetivo militar específico o cuyos efectos no puedan limitarse como dispone el derecho internacional humanitario. Esto se debe a que su uso hace que sea prácticamente inevitable dañar o destruir a personas o infraestructuras civiles (hogares, hospitales y escuelas).

Bombas de racimo

Las bombas y las municiones de racimo pueden contener cientos de submuniciones que se liberan en el aire y se esparcen indiscriminadamente en una zona de cientos de metros cuadrados. Pueden arrojarse o dispararse desde un avión o desde misiles tierra-tierra.

La submunición de racimo tiene también un alto índice de fallo, lo que significa que un elevado porcentaje no estalla al hacer impacto. Estos artefactos sin explotar constituyen una amenaza para la gente años después de haberse arrojado la bomba.

El empleo, la producción, la venta y la transferencia de municiones de racimo están prohibidos en la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008, que cuenta con más de 100 Estados partes.

Minas antipersonas

Las minas antipersonas son artefactos explosivos diseñados para detonar cuando alguien se acerca a ellos. Normalmente se activan cuando se pisan o mediante un cable detonador. Las minas terrestres pueden permanecer en su lugar durante décadas, lo que significa que todavía pueden mutilar, herir o matar a gente años después de terminado el conflicto.

Una vez que se activan, la explosión puede destruir múltiples extremidades, pues proyecta restos que rocían a las víctimas con fragmentos que pueden causar profundas heridas.

Resulta imposible saber cuántas minas hay enterradas en el mundo, porque permanecen sin detectar hasta el momento en que estallan. Sin embargo, la magnitud del problema puede medirse por el número de minas terrestres que ya se han descubierto y desactivado. Desde que en 1977 se adoptó la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, se han destruido 53 millones de minas. Aunque no cabe duda de que se trata de un logro notable, aún queda trabajo por hacer. Hasta noviembre de 2018, 56 países habían identificado zonas que tienen alto riesgo de estar contaminadas con minas antipersonas.

Como miembro de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, Amnistía Internacional insta a todos los gobiernos a prohibir el empleo, la producción, el almacenamiento, la venta, la transferencia o la exportación de minas terrestres antipersonas y a convertirse en Estados Partes en la Convención sobre la Prohibición de Minas Terrestres de 1997, aplicarla y vigilar su cumplimiento.

Armas nucleares

Las armas nucleares son las más destructivas, inhumanas e indiscriminadas jamás creadas, tanto por la magnitud de la devastación inmediata que producen como por la amenaza de una lluvia radioactiva extraordinariamente persistente, generalizada y con nocivos efectos genéticos.

El 7 de julio de 2017, las Naciones Unidas adoptaron el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, un tratado que prohíbe las armas nucleares y que abrió la puerta a una nueva era de no proliferación y abolición de las armas nucleares.

Amnistía Internacional apoya el trabajo de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) para ayudar a conseguir que los Estados se hagan partes en este tratado y a vigilar su aplicación.

Armas químicas

Las armas químicas se definen como productos químicos que se utilizan para causar intencionadamente daño o la muerte a consecuencia de sus propiedades tóxicas. No incluyen sólo los productos químicos tóxicos en sí, sino también materiales como morteros, granadas de artillería y bombas especialmente diseñados para infligir daño mediante el lanzamiento de esos productos químicos. Estas armas están prohibidas por la Convención sobre las Armas Químicas, que entró en vigor en 1997.

Caso práctico: Armas químicas en Darfur

En 2016, Amnistía descubrió indicios que sugerían que el gobierno sudanés estaba utilizando armas químicas contra su propia población. Mediante una combinación de imágenes por satélite, fotos de heridas y más de 200 entrevistas en profundidad con supervivientes, la investigación concluyó que se habían perpetrado al menos 30 ataques químicos en Jebel Marra, una de las partes más remotas de Darfur. Como consecuencia de ello murieron entre 200 y 250 personas.

Las víctimas de los ataques sufrieron lesiones espantosas, que incluían pérdida de visión, problemas respiratorios, vómitos con sangre y diarrea, ampollas y sarpullidos. Para empeorar aún más las cosas, la mayoría de las personas expuestas a estas peligrosas sustancias —muchas de ellas niños y niñas— no tenían acceso a atención médica adecuada.

Robots asesinos

Los robots asesinos, o sistemas de armas autónomos, ya no son cosa de ciencia ficción.

Algunos países —como China, Israel, Corea del Sur, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos— ya están desarrollando armas con una autonomía cada vez mayor, que toman importantes decisiones de vida y muerte en lugar de los humanos. Estos sistemas de armas plantean diversas cuestiones morales, legales, de rendición de cuentas y de seguridad.

Los robots asesinos sin control humano carecerían del criterio humano necesario para aplicar la ley al utilizar la fuerza. Podrían cometer trágicos errores y poner en peligro vidas de civiles. Permitir que un robot tenga poder de decisión sobre la vida y la muerte supone también cruzar una línea moral básica.

No está claro quién sería —si acaso lo fuera alguien— responsable de los actos ilegítimos de los robots asesinos: el programador, el fabricante, la persona al mando o el agente de policía. El uso de armas totalmente autónomas sin un control humano significativo podría crear un vacío en cuanto a la rendición de cuentas si las armas se diseñan para tomar sus propias decisiones sobre el uso de la fuerza, ya que dificultaría la administración de justicia, especialmente para las víctimas.

Amnistía y sus socios en la Campaña contra los Robots Asesinos piden un nuevo instrumento internacional vinculante que garantice que se mantiene un control humano significativo sobre el uso de la fuerza prohibiendo el desarrollo, la fabricación y el uso de armas totalmente autónomas.

¿Qué está haciendo Amnistía respecto al comercio de armas?

Utilizando una red global de activistas especializada en cuestiones relacionadas con el comercio de armas, Amnistía sigue presionando a gobiernos y empresas hasta que dejen de vender armas ilegalmente. Los expertos de Amnistía en armas y verificación digital trabajan para identificar municiones y otros restos de armas para que podamos seguirles el rastro hasta su fuente de origen; por su parte, los expertos de Amnistía en cuestiones legales han respaldado los esfuerzos realizados mediante los tribunales para detener los suministros irresponsables de armas.

Amnistía Internacional y otras ONG de derechos humanos apoyan la Campaña contra el Comercio de Armas en una acción legal para impedir que el gobierno de Reino Unido suministre armas a Yemen. En junio de 2019, el Tribunal de Apelación de Reino Unido concluyó que la decisión del gobierno británico de seguir concediendo licencias de exportación de material militar a Arabia Saudí era ilegal. A consecuencia de ello, el gobierno de Reino Unido se ha visto obligado a dejar de emitir nuevas licencias para exportaciones de armas a Arabia Saudí.

En lo que constituye un paso muy necesario hacia la rendición de cuentas de las empresas del sector de la defensa, Amnistía apoyó una comunicación conjunta a la Corte Penal Internacional (CPI) por parte del Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR, por sus siglas en inglés). La comunicación pide que la CPI investigue el papel de empresas de armamento europeas como cómplices de presuntos crímenes de guerra en Yemen. La organización también está utilizando información de fuentes de acceso público para encontrar imágenes de armas y vehículos que se están utilizando para cometer abusos contra los derechos humanos durante el conflicto y seguirles el rastro hasta fabricantes de armas franceses, y está documentando el uso de armas pequeñas y vehículos blindados búlgaros, serbios, estadounidenses y finlandeses por fuerzas que no rinden cuentas respaldadas por Emiratos Árabes Unidos en Yemen.

Además, realizando otro tipo de trabajo, Amnistía Internacional ha hecho campaña con éxito para que se imponga un embargo de armas en el Sudán del Sur desgarrado por la guerra, ha documentado violaciones del embargo de armas en Libia, y ha documentado también las bajas civiles causadas por ataques estadounidenses con drones en Somalia.

Cifras básicas

80%

Porcentaje mundial de armas procedentes de solo seis países: Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia.

36.521

Cifra de tanques y vehículos blindados exportados a escala mundial entre 2008 y 2018.

39.723

Cifra de misiles guiados y bombas exportados entre 2008 y 2018.