Introducción
El comercio imprudente de armas devasta vidas. Se fabrican y se venden cantidades escandalosamente altas de armas y munición. De hecho, en el mundo hay más de mil millones de armas de fuego. En 2024, el gasto militar global superó los 2,7 billones de dólares estadounidenses: un incremento del 9,4% respecto al año anterior. Esa cifra es casi medio billón más que el producto interior bruto total de Canadá ese mismo año.
Cada día, miles de personas son víctimas de homicidio, resultan heridas o se ven obligadas a abandonar sus hogares a causa de la violencia armada. Las guerras modernas dañan sobre todo a la población civil. Las bombas y misiles destruyen hospitales, hogares y mercados, devastando la vida cotidiana y el acceso de la población a sus derechos humanos.
La violencia con armas de fuego es una tragedia cotidiana que afecta a la vida de personas en todo el mundo, sobre todo en lugares que no están directamente implicados en un conflicto armado.
Amnistía Internacional hace campaña para impedir que las armas —desde las pistolas no registradas hasta los drones armados, pasando por los tanques— lleguen a las manos de quienes las utilizarán de forma indebida.
¿Por qué el control de armas es un problema de derechos humanos?
Existe una relación directa entre el comercio irresponsable de armas y los derechos humanos. Siguen vendiéndose armas a partes en conflictos armados en los que proliferan los crímenes de guerra y otros crímenes de derecho internacional. Fuera de los conflictos armados, la violencia armada puede crear una inestabilidad crónica e impedir que la gente viva con libertad y seguridad.
El comercio incontrolado de armas puede violar varios derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre ellos:
- el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona
- el derecho a no ser sometido a tortura y otros malos tratos
- y el derecho a la salud
El impacto de las armas es profundo y va más allá de los daños directos. La violencia armada socava la economía, perturba a las comunidades y hace más peligrosa la vida de todas las personas. Puede afectar seriamente a la infancia, las mujeres y otros grupos marginados.
El uso indebido del material policial también puede dar lugar a la represión de la disidencia. Fuerzas militares y policiales de todo el mundo utilizan tácticas y armas ilegales contra manifestantes, creando un clima de temor que viola los derechos civiles y políticos de la población.
Caso: Violencia de bandas en Haití
En Haití, las transferencias de armas no reguladas han avivado las llamas de una violencia de bandas cada vez más intensa en toda la zona metropolitana de Puerto Príncipe y las regiones vecinas. Aunque los datos sobre las transferencias ilícitas son escasos, los expertos estiman que en Haití hay en circulación unas 600.000 armas de fuego ilegales. La violencia de bandas ha creado una crisis humanitaria de enorme magnitud, caracterizada por el desplazamiento masivo y el colapso de los servicios esenciales.
La investigación muestra que, en Haití, las bandas utilizan una variedad de armas para cometer abusos contra los derechos humanos. Los menores corren especial peligro, ya que las bandas armadas los reclutan y utilizan para tareas peligrosas —como actuar de vigías o hacer recados tales como transportar armas— y los amenazan con someterlos a violencia si se niegan a obedecer. La violencia sexual contra las mujeres y las niñas, ejercida entre otros medios a punta de pistola, se utiliza como herramienta para intimidar y controlar a las comunidades.
¿Qué leyes existen para regular las armas?
Existen varios instrumentos legislativos internacionales y regionales que controlan la transferencia y el uso de armas. Algunos de los más importantes para los derechos humanos son:
- El Tratado sobre el Comercio de Armas: Establece unas normas globales para el comercio de armas convencionales, y prohíbe su exportación cuando exista un riesgo sustancial de que las armas se utilicen para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos.
- La Posición Común de la UE sobre la exportación de armas: Prohíbe la exportación, por parte de los Estados miembros de la UE, de armas que podrían utilizarse para cometer violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos o ejercer represión interna.
- El Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra, artículo 35: Prohíbe el uso de “armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios”.
- La Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal: Prohíbe el uso, el almacenamiento, la producción y la transferencia de minas antipersonal y dispone la destrucción de los arsenales, la limpieza de las zonas contaminadas y la asistencia a las víctimas.
- La Convención sobre Municiones en Racimo: Prohíbe el uso, el almacenamiento, la producción y la transferencia de municiones en racimo y dispone la destrucción de los arsenales, la limpieza de las zonas contaminadas y la asistencia a las víctimas.
- La Convención sobre las Armas Químicas: Prohíbe el desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y dispone su destrucción.
Tratado sobre el Comercio de Armas
Después de más de 20 años de campaña por parte de Amnistía Internacional y ONG asociadas, el Tratado sobre el Comercio de Armas se convirtió en norma de derecho internacional el 24 de diciembre de 2014. El Tratado fue concebido para impedir que llegaran armas mortíferas a manos de personas que las utilizarán para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos, como genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
En virtud del Tratado, los Estados Partes no deben exportar armas a ningún lugar si tienen conocimiento de que podrían utilizarse para cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad. Tampoco deben exportar armas a lugares en los que exista un riesgo “preponderante” (es decir, sustancial) de que sean utilizadas para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos. Este riesgo es el único factor que determina si las armas se pueden exportar. A la hora de tomar la decisión no pueden tenerse en cuenta otras consideraciones, ni políticas ni de ningún otro tipo.
Esta evaluación no puede nunca incluir el sopesar el riesgo de uso indebido frente a otros factores, como las supuestas contribuciones a la paz y la seguridad, o consideraciones políticas.
Por desgracia, a menudo se hace caso omiso del Tratado. Hay Estados partes y signatarios, entre ellos algunos de los mayores exportadores de armas del mundo que, mediante la realización de transferencias ilegítimas, siguen burlando abiertamente las normas establecidas en el Tratado sobre el Comercio de Armas. El Tratado sólo funcionará si los países cumplen las normas y rinden cuentas cuando las infringen.
Prohibiciones de las armas de efectos indiscriminados
Es ilegal utilizar armas cuyo efecto sea inherentemente indiscriminado, que no puedan dirigirse contra un objetivo militar específico y legítimo o cuyos efectos no puedan limitarse como dispone el derecho internacional humanitario. Esto se debe a que su uso hace que sea prácticamente inevitable causar daños a la población o destruir bienes e infraestructuras civiles (hogares, hospitales y escuelas). Estas armas incluyen, entre otras:
- Municiones de racimo
- Minas antipersonal
- Armas nucleares
- Armas químicas
- Sistemas de armas totalmente autónomos
Municiones de racimo
Las municiones de racimo pueden contener cientos de submuniciones que se liberan en el aire y se esparcen indiscriminadamente en una zona de cientos de metros cuadrados. Pueden arrojarse o dispararse desde un avión o desde misiles tierra-tierra.
Las submuniciones de racimo tienen a menudo un alto índice de fallo, lo que significa que un elevado porcentaje no estalla al hacer impacto. Estos artefactos sin explotar constituyen una amenaza para la gente años después de haberse arrojado la bomba. El empleo, la producción, la venta y la transferencia de municiones de racimo están prohibidos en virtud de la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008, que cuenta con más de 100 Estados Partes.
Minas antipersonal (minas terrestres)
Las minas antipersonal son artefactos explosivos diseñados para detonar automáticamente cuando alguien se acerca a ellos. Normalmente se activan cuando se pisan o mediante un cable trampa. Estas minas pueden seguir mutilando, hiriendo o matando a personas decenios después de terminar el conflicto.
Una vez que se activan, la explosión puede provocar la pérdida de múltiples extremidades, pues proyecta esquirlas que impactan en las víctimas, causando profundas heridas.
La Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal (conocida también como Convención de Ottawa) fue aprobada en 1997 y ahora cuenta con más de 150 Estados Partes. Desde entonces se han destruido más de 55 millones de minas almacenadas, se han limpiado enormes extensiones de terreno y se ha reducido notablemente la producción y transferencia de estas mortíferas armas.
Armas nucleares
Las armas nucleares son las más destructivas, inhumanas e indiscriminadas jamás creadas, tanto por la magnitud de la devastación inmediata que producen como por la amenaza de una lluvia radioactiva extraordinariamente persistente, generalizada y con nocivos efectos genéticos.
El 7 de julio de 2017, las Naciones Unidas adoptaron el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que prohíbe el desarrollo, las pruebas, la producción, la adquisición, la posesión, el almacenamiento, el uso o la amenaza de uso de armas nucleares. El Tratado cuenta con más de 70 Estados Partes, aunque no se ha unido a él ningún Estado del que se sepa que posee armas nucleares.
Armas químicas
Las armas químicas se definen como productos químicos que se utilizan para causar intencionadamente daño o la muerte a consecuencia de sus propiedades tóxicas. Esto no sólo incluye los productos químicos tóxicos en sí, sino también equipos como morteros, granadas de artillería y bombas especialmente diseñados para infligir daño mediante el lanzamiento de esos productos químicos.
Estas armas están prohibidas por la Convención sobre las Armas Químicas, que entró en vigor en 1997 y que ahora cuenta con una adhesión casi universal, con más de 190 Estados Partes. Sólo Egipto, Corea del Norte y Sudán del Sur han optado por no firmar ni ratificarla.
“Robots asesinos” (Sistemas de armas autónomos)
Los sistemas de armas autónomos, que seleccionan y atacan objetivos basándose en datos de sensores, y no en decisiones humanas, ya no son cosa de ciencia ficción.
Algunos países —como China, Estados Unidos, Israel, República de Corea, Reino Unido y Rusia— ya han desarrollado armas con una autonomía cada vez mayor, que avanza hacia la eliminación de la función humana en decisiones de vida o muerte. Estos sistemas de armas plantean serias cuestiones morales, legales, de rendición de cuentas y de seguridad.
Permitir que las máquinas causen daños a personas basándose en el procesamiento de datos de sensores es deshumanizador y viola el derecho a la dignidad humana. Las máquinas responden a señales ambientales y no son conscientes del valor intrínseco de la humanidad. Nunca se debe permitir que los sistemas de armas autónomos ataquen a seres humanos. Además, también deben prohibirse los que tienen la capacidad de ser utilizados sin un control humano significativo.
Instrumentos de tortura
En todo el mundo, a las personas detenidas se las golpea con porras, se las obliga a adoptar posturas en tensión mediante instrumentos de inmovilización o se las tortura con dispositivos de descarga eléctrica. Miles de personas que se manifestaban han sufrido lesiones oculares derivadas del empleo indiscriminado de balas de goma, y otras han sido alcanzadas por granadas de gas lacrimógeno o rociadas con dosis excesivas de sustancias químicas irritantes.
Estos abusos están propiciados por “instrumentos de tortura” que dejan cicatrices físicas y psicológicas duraderas en quienes defienden los derechos humanos, quienes se manifiestan y los grupos que ya de por sí sufren marginación y discriminación.
Cuando se utiliza indebidamente, el material estándar para hacer cumplir la ley puede convertirse en un instrumento de tortura. Por tanto, el comercio internacional de estos materiales debe regularse para impedir que se utilicen con el fin de infligir tortura u otros malos tratos. Parte del material utilizado por las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley, como las armas de descarga eléctrica de contacto directo o las porras con pinchos, constituye por su propia naturaleza un abuso y sencillamente no debería existir.
La magnitud y el poder de la industria internacional de armamento
Las empresas armamentísticas suministran grandes volúmenes de material militar a algunas de las zonas más violentas e inestables del mundo. Este material se utiliza a menudo ilegalmente en situaciones de conflicto armado y agitación política enturbiadas por graves violaciones de derechos humanos. En 2024, el gasto militar global superó los 2,7 billones de dólares estadounidenses: un incremento del 9,4% respecto al año anterior. Esa cifra es casi medio billón más que el producto interior bruto total de Canadá ese mismo año. Mientras los conflictos siguen causando devastación en todo el mundo, las empresas de armamento aumentan sus beneficios.
Por desgracia, los Estados que más poder tienen para frenar esta escalada de conflictos y gasto militar son también los mismos que dominan el comercio de armas. Entre 2020 y 2024, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU —China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia— fueron responsables del 70% de las grandes ventas de armas convencionales del mundo.
La proliferación de armas, especialmente en regiones envueltas en conflictos, incrementa el riesgo de que se cometan violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y sitúa los beneficios por delante de las personas.
¿Qué hace Amnistía Internacional para ayudar?
Utilizando nuestra red global de activistas, Amnistía Internacional sigue presionando a los gobiernos y las empresas para que cumplan con sus obligaciones internacionales y dejen de vender armas ilegalmente.
Los expertos de Amnistía Internacional en armas y verificación digital trabajan para identificar municiones y otros restos de armas con el fin de que podamos seguirles el rastro hasta su fuente de origen; por su parte, los expertos de Amnistía en cuestiones legales han respaldado los esfuerzos realizados mediante los tribunales para detener los suministros irresponsables de armas.
Petición de un embargo de armas a Israel, Hamás y otros grupos armados palestinos
Las fuerzas israelíes llevan a cabo ataques ilegítimos en Gaza, algunos de ellos indiscriminados, que contribuyen a una pérdida sobrecogedora de vidas humanas, a una enorme destrucción y daños a infraestructuras civiles y al desplazamiento ilícito de población civil. Para cometer estos abusos, las fuerzas israelíes utilizan aviones de combate, misiles, bombas guiadas y no guiadas, proyectiles de tanque y proyectiles de artillería de fósforo blanco, entre otros tipos de armas. En diciembre de 2024, Amnistía Internacional concluyó que Israel está cometiendo genocidio en Gaza.
En junio de 2024, personas expertas de la ONU emitieron una declaración en la que piden que los fabricantes de armas que suministran a Israel pongan fin a las transferencias o incurrirán en complicidad en violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Amnistía Internacional ha documentado el uso de armas fabricadas por una serie de empresas.
Amnistía Internacional hace campaña para que se dicte un embargo integral de armas a Israel, Hamás y otros grupos armados palestinos, en respuesta al largo historial israelí de violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, entre ellas el crimen de lesa humanidad de apartheid contra toda la población palestina cuyos derechos controla, y su ocupación ilegal de territorio palestino; esta campaña es también respuesta a los graves abusos contra los derechos humanos cometidos por Hamás y otros grupos armados palestinos, abusos que incluyen homicidios deliberados de civiles, secuestros y ataques indiscriminados.
La campaña pide a los Estados que cumplan con su obligación internacional de cooperar en los esfuerzos para poner fin a la ocupación ilegal llevada a cabo por Israel, tal como se expone con detalle en la opinión consultiva de julio de 2024 de la Corte Internacional de Justicia. También respalda el litigio estratégico en varias jurisdicciones para bloquear la transferencia y el tránsito de armas a Israel —incluidas piezas y componentes de aviones de combate F-35— y para suspender toda forma de ayuda militar a Israel.
Llamamiento para que se amplíe y se haga cumplir el embargo de armas a Sudán para impedir nuevos abusos contra los derechos humanos.
Desde la escalada del conflicto en abril de 2023, Sudán se ha visto inmerso en una enorme crisis humanitaria y de derechos humanos. Los combates entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido y sus aliados han causado la muerte de decenas de miles de personas y han desplazado a millones más, lo que convierte la situación de Sudán en la mayor crisis de desplazamiento del mundo.
A pesar del embargo obligatorio de armas impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU a Darfur, que lleva en vigor dos decenios,se han importado a Sudán grandes cantidades de armas y material militar de reciente fabricación procedentes de países como China, Emiratos Árabes Unidos, India, Rusia y Turquía, que luego han sido utilizados por las partes del conflicto en Darfur, violando el embargo. También se han introducido de contrabando en el país armas y munición directamente a través de Darfur, algunas después de abril de 2023. Entre ellas se encuentran armas pequeñas, drones armados, vehículos blindados y diversos tipos de munición, desde munición de pequeño calibre hasta avanzadas bombas guiadas de precisión.
Emiratos Árabes Unidos ha proporcionado armamento chino avanzado que las Fuerzas de Apoyo Rápido han utilizado en Sudán. Además, en los campos de batalla sudaneses también se ha utilizado tecnología militar de fabricación francesa incorporada en vehículos blindados para transporte de personal fabricados en Emiratos, en lo que podría constituir una violación del embargo.
Amnistía Internacional ha estado haciendo campaña para que el Consejo de Seguridad de la ONU amplíe el embargo de armas existente a todo Sudán.
Promoción de un tratado jurídicamente vinculante que regule los sistemas de armas autónomos
Como parte de la Campaña contra los Robots Asesinos, Amnistía Internacional pide que se adopte un tratado global jurídicamente vinculante que garantice que se mantiene un control humano significativo sobre el uso de la fuerza.
Amnistía Internacional participa activamente en debates tanto en Ginebra como en Nueva York, y también en organismos regionales, con el fin de lograr apoyo internacional para la negociación de un tratado con el que regular los sistemas de armas autónomos. Un área en la que Amnistía Internacional se ha centrado es la de los peligros de la creciente autonomía de las armas utilizadas para hacer cumplir la ley.
Campaña para un tratado sobre el comercio sin tortura
Amnistía Internacional hace campaña en favor de un tratado global jurídicamente vinculante que prohíba la fabricación de dispositivos de tortura abusivos como los dispositivos de descarga eléctrica por contacto directo y las porras con púas. Este tipo de material está diseñado específicamente para infligir dolor y sufrimiento graves, lo cual está considerado tortura u otros malos tratos y contraviene lo establecido en la Convención de la ONU contra la Tortura.
Un tratado sobre el comercio sin tortura también debe introducir estrictos controles comerciales sobre otro material de cumplimiento de la ley, como las balas de goma, las porras policiales o el gas lacrimógeno. Este material puede tener una función legítima en el cumplimiento de la ley si se utiliza responsablemente y de acuerdo con el derecho y las normas internacionales. Sin embargo, existen innumerables casos en los que fuerzas policiales represivas lo utilizan para infligir tortura u otros malos tratos contra manifestantes y personas detenidas.