Todos los años los conflictos armados y las guerras destrozan la vida de millones de personas.

En muchos de esos conflictos —y, en concreto, en la invasión rusa de Ucrania— intervienen distintos Estados, pero son muchos más los que ocurren dentro de las fronteras de un mismo Estado. En Siria, las fuerzas del gobierno, apoyadas desde hace tiempo por Rusia, continúan luchando con grupos armados apoyados por fuerzas extranjeras para hacerse con el control del territorio. En Somalia, los combatientes del grupo armado Al Shabaab continúan oponiendo resistencia a los intentos del gobierno de ampliar su control.

Sean cuales sean las causas de las guerras o las fuerzas en ellas implicadas, los resultados suelen ser los mismos. Los conflictos armados llevan consigo pérdidas atroces de vidas civiles, desplazamientos masivos y violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

De Afganistán a Yemen, Amnistía Internacional documenta y hace campaña contra las violaciones del derecho internacional ocurridas en los conflictos armados, con independencia de quiénes las cometan o dónde se cometan. Amnistía Internacional pone en evidencia el especial peligro que corren ciertos grupos en situación de riesgo, como las personas de edad avanzada, los niños y niñas y las personas con discapacidad. Además, Amnistía apoya a los y las sobrevivientes en sus demandas de justicia y rendición de cuentas ante autoridades nacionales e instituciones internacionales, como las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional.

Refugiados y refugiadas del conflicto de Tigré, en Etiopía, viajan en autobús a un centro de tránsito junto a la frontera etíope. Miles de personas huyeron de la guerra de Etiopía sin más que lo puesto.

¿Cuáles son las leyes de la guerra?

El derecho internacional humanitario —también conocido como leyes de la guerra— establece lo que pueden y no pueden hacer las partes intervinientes en un conflicto armado. Esas leyes tratan de minimizar el sufrimiento humano y proteger a la población civil y a los combatientes que han dejado de participar en las hostilidades (por ejemplo, los prisioneros de guerra). Los principales tratados de derecho internacional humanitario son los Convenios de Ginebra de 1949 —adoptados tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial— y sus protocolos adicionales.

Aun así, muchas de las más graves violaciones de derechos humanos se cometen en guerras. Entre ellas figuran el empleo de la violación como arma de guerra, el reclutamiento de niños y niñas para servir en primera línea, los ataques directos contra la población y las infraestructuras civiles y los ataques indiscriminados o desproporcionados. Además, las partes beligerantes pueden intentar debilitar a comunidades a modo de represalia, poniendo obstáculos a la ayuda humanitaria —por ejemplo, alimentos y medicinas— o incluso utilizando el hambre como arma de guerra.

De conformidad con las leyes de la guerra, no se puede atacar deliberadamente a civiles, aunque estos sí puedan morir o sufrir lesiones en el marco de un ataque proporcionado contra un objetivo militar. Todas las partes en el conflicto deben adoptar medidas para reducir al mínimo los daños a civiles y bienes de carácter civil (como edificios residenciales, escuelas y hospitales) y deben evitar llevar a cabo ataques en los que no se distinga entre civiles y combatientes, o que causen daños desproporcionados a la población civil.

Algunos de los más graves delitos de derecho internacional se cometen durante conflictos armados. Entre ellos figuran los siguientes:

Crímenes de guerra: violaciones graves del derecho internacional humanitario, incluidos homicidios ilegítimos, ataques directos contra la población civil, torturas, empleo de armas prohibidas, asesinatos de —o empleo de malos tratos contra— prisioneros de guerra u otras personas capturadas, que se hayan entregado o que hayan resultado heridas y delitos de violencia sexual.

Crímenes de lesa humanidad: crímenes cometidos en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil perpetrado por un Estado o una organización, o en su nombre, ya sea en tiempos de paz o de guerra. Los actos considerados crímenes de lesa humanidad son 11, entre ellos asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de una población, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada y apartheid. Pueden cometerse crímenes de lesa humanidad tanto en conflictos armados como en tiempos de paz.

Genocidio: ciertos actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Puede cometerse genocidio tanto en conflictos armados como en tiempos de paz.

A lo largo del tiempo, la comunidad internacional ha ido estableciendo tribunales especializados para pedir cuentas a quienes cometen delitos de derecho internacional, tales como los tribunales especiales para la ex Yugoslavia, Ruanda y Sierra Leona. También imparte justicia internacional la Corte Penal Internacional (CPI), cuya primera sentencia condenatoria —contra Thomas Lubanga, líder de un grupo armado de República Democrática del Congo— quedó registrada en marzo de 2012.

Además, los Estados pueden invocar el principio de jurisdicción universal para procesar por su cuenta a responsables de crímenes de guerra o de otros delitos de derecho internacional.

89,2 mill.
personas desplazadas al concluir 2021 a causa de conflictos, violencia, persecución y violaciones de derechos humanos
7 mill.
personas internamente desplazadas por el conflicto de Ucrania
3,5 mill.
personas internamente desplazadas por el conflicto de Afganistán
20 mill.
personas necesitadas de ayuda humanitaria en Etiopía; por ejemplo, alimentación, atención médica y refugio
31
causas judiciales interpuestas ante la Corte Penal Internacional hasta la fecha
Soldado ruso en el interior de la Sala Filarmónica de Mariúpol (Ucrania), el 12 de agosto de 2022.

Caso práctico: Mariúpol (Ucrania)

Tras una amplia investigación, Amnistía Internacional concluyó que las fuerzas armadas rusas habían cometido un crimen de guerra el 16 de marzo de 2022 al atacar el teatro de Mariúpol (Ucrania), a consecuencia de lo cual murieron decenas de civiles.

Sus conclusiones, basadas en entrevistas a un elevado número de sobrevivientes, en arquitectura forense y en abundantes datos digitales, indicaban que, casi con total seguridad, el ataque había sido perpetrado por un avión de combate ruso, que lanzó dos bombas de 500 kilos, las cuales cayeron una cerca de la otra y detonaron al mismo tiempo.

Amnistía Internacional concluyó que, probablemente, las fuerzas armadas rusas habían atacado el teatro de manera deliberada, pese a ser conscientes de que cientos de civiles se habían refugiado en su interior y que, en consecuencia, el ataque era, sin duda, un crimen de guerra.

¿Qué armas están prohibidas en la guerra?

Tanto la guerra como las armas empleadas en los conflictos están en continua transformación. El derecho internacional humanitario prohíbe expresamente el uso de armas que sean por naturaleza de efecto indiscriminado. El empleo de esas armas no permite distinguir entre civiles y combatientes, ni entre bienes civiles y objetivos militares. Con frecuencia, son poco precisas y los daños que provocan son desproporcionados. De igual forma, el derecho internacional humanitario prohíbe el empleo de armas que provoquen daños superfluos y sufrimiento innecesario.

Las armas prohibidas por los tratados internacionales son, entre otras, las siguientes:

  • armas nucleares
  • armas químicas
  • armas biológicas
  • minas terrestres antipersonal
  • municiones de racimo
  • armas láser cegadoras

Otras armas, como las bombas aéreas de gran tamaño o las descargas de cohetes no guiados pueden no estar prohibidas, pero el daño que provocan cuando se emplean entre grupos amplios de civiles es considerable. Amnistía Internacional apoya firmemente la declaración política sobre armas explosivas en zonas pobladas, que trata de limitar los efectos nocivos de esas armas sobre grupos vulnerables.

Además, Amnistía Internacional lideró la lucha por el Tratado sobre el Comercio de Armas, de carácter vinculante, que ha sido ratificado ya por 111 Estados y entró en vigor en diciembre de 2014. En la actualidad, antes de vender armas a otros Estados, los Estados deben considerar las consecuencias de esa venta en materia de derechos humanos, y con sus sólidas investigaciones y actividades de supervisión de los mecanismos de aplicación, Amnistía Internacional ha contribuido a evitar nocivas transferencias de armas en todo el mundo.

a close up show of a hand holding an M-14 antipersonnel landmine. It is small, about the size of the person's palm and dark green.
Primer plano de una mina terrestre antipersonal retirada de los terrenos de la iglesia de St. Matthew, en la aldea de Daw Ngay Ku, perteneciente al estado de Kayah (antes Karenni) de Myanmar, a mediados de junio de 2022.

Caso práctico: Estado de Kayah (Myanmar)

Amnistía Internacional lleva años documentando y criticando incansablemente violaciones de derechos humanos en Myanmar.

En julio de 2022, la organización reveló que el ejército de Myanmar está cometiendo crímenes de guerra al plantar minas terrestres antipersonal a escala masiva en aldeas del estado de Kayah (antes Karenni) y sus alrededores. Las minas terrestres antipersonal son por naturaleza indiscriminadas y su uso está prohibido internacionalmente.

Las minas terrestres plantadas por el ejército de Myanmar han matado y herido de gravedad a civiles, y tendrán importantes consecuencias a largo plazo, por ejemplo, en la capacidad de las personas desplazadas de volver a sus hogares y de trabajar sus tierras.

Las conclusiones de Amnistía Internacional se basaron en una investigación realizada sobre el terreno en partes del estado afectadas por el conflicto.

¿Quiénes corren más riesgo en el conflicto?

Algunos grupos civiles corren especial peligro de sufrir daños durante las guerras. Entre ellos figuran las mujeres, las personas de edad avanzada, las personas con discapacidad y los niños y niñas.

En 2021, más de 19.000 niños y niñas fueron reclutados como soldados, o víctimas de homicidio o mutilación, o sometidos a violencia sexual o secuestrados en conflictos armados. El mayor número de estas violaciones verificadas por la ONU tuvo lugar en Afganistán, República Democrática del Congo, Israel y los Territorios Ocupados, Myanmar, Somalia, Siria y Yemen. Los ex niños y niñas soldados y otras personas de quienes se piensa que están vinculadas a grupos armados son con frecuencia detenidos ilegítimamente y sometidos a torturas, tal como Amnistía ha documentado en el noreste de Nigeria, o bien reciben escasa o nula ayuda para acceder a educación o satisfacer sus necesidades físicas y mentales, como la organización ha documentado en el norte de Irak.

En numerosos conflictos, las fuerzas combatientes continúan utilizando la violencia sexual contra las mujeres y las niñas para infligir de manera deliberada un daño físico y psicológico duradero. Amnistía Internacional ha documentado cómo tropas y milicias etíopes, soldados eritreos y combatientes del Frente Popular de Liberación de Tigré han sometido a mujeres y niñas a violaciones, violaciones en grupo, esclavitud sexual, mutilaciones sexuales y otras formas de tortura.

Además, Amnistía Internacional ha llevado a cabo amplias investigaciones sobre el impacto de los conflictos en la población de edad avanzada. La organización ha concluido que las personas de edad avanzada del noreste de Nigeria han sufrido de manera especial a causa del conflicto entre el ejército y Boko Haram que estalló hace ya casi 10 años. Amnistía reveló que muchas personas mayores habían muerto de hambre o asesinadas en sus hogares, o bien había muerto abandonadas en miserables centros de detención militar.

Durante sus investigaciones sobre el impacto de la guerra en las personas con discapacidades, Amnistía Internacional concluyó que millones de yemeníes con discapacidades penaban por acceder incluso a la más básica ayuda humanitaria. Muchas de esas personas fueron abandonadas cuando sus familias huyeron de los combates debido, con frecuencia, a la dificultad de escapar con sillas de ruedas, muletas u otros aparatos. Y, como en muchas situaciones de conflicto, era muy difícil acceder a ayuda psicológica.

Agentes de policía húngaros acompañan a niños y niñas refugiados a cruzar las oscuras vías de la estación ferroviarias de Zahony, mientras continúa el flujo de personas refugiadas de Ucrania por la noche, el 3 de marzo de 2022 en Zahony (Hungría).
Migdad Ali Abdullah, de 18 años, con movilidad limitada y dificultades para comunicarse, posa sentado junto a su madre fuera de la tienda en la que viven en el campo de Mishqafa (Yemen).
Imágenes ilustrativas de miembros del Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional que participan en la investigación, Londres (Reino Unido), 21 de agosto de 2019.

¿Qué hace Amnistía para ayudar?

Amnistía Internacional lleva a cabo investigaciones sobre el terreno y a distancia acerca de las violaciones del derecho internacional cometidas durante conflictos armados.

Nuestros equipos de investigación pasan miles de horas al año sobre el terreno en zonas afectadas por conflictos, entrevistando a testigos y sobrevivientes y recabando información de una diversidad de organizaciones y autoridades locales, tanto militares como policiales.

Amnistía Internacional identifica armas y municiones y analiza sus efectos. Utilizamos técnicas de vanguardia para analizar las imágenes satélite y verificar los datos digitales, tales como vídeos y fotografías subidos por testigos, y denunciamos y corroboramos las violaciones de derechos humanos cometidas en conflictos armados en todo el mundo.

El material fotográfico y los testimonios recopilados sobre el terreno, junto con los datos e imágenes recabados a distancia, proporcionan la información fáctica en que se basa el trabajo global de incidencia y campaña de Amnistía Internacional.

El 25 de agosto de 2022, el Pentágono anunció cambios de envergadura con el fin de reducir el número de víctimas civiles en las operaciones militares estadounidenses, tras las innovadoras y amplias investigaciones de Amnistía Internacional sobre la población civil herida en ataques aéreos de Estados Unidos en Afganistán, Somalia, Iraq y Siria.

En 2019, Amnistía y Airwars emprendieron una de las más exhaustivas investigaciones sobre muertes de civiles en conflictos armados de los últimos tiempos, que reveló que la coalición liderada por Estados Unidos había matado a más de 1.600 civiles en ataques aéreos y de artillería en Raqqa (Siria) en 2017.

Para elaborar la página interactiva, Amnistía recopiló y contrastó numerosas secuencias de datos, entrevistó a más de 400 sobrevivientes y testigos, llevó a cabo investigaciones in situ de más de 200 ataques y analizó datos de fuente abierta, incluidas miles de publicaciones de las redes sociales y otros materiales.

Tras la publicación de la investigación, uno de los principales llamamientos de Amnistía Internacional fue que las fuerzas de la coalición dejaran de negar la estremecedora magnitud de las muertes de civiles y la destrucción causadas por su ofensiva en Raqqa. En respuesta, el plan del Departamento de Defensa de Estados Unidos incluye una importante revisión de la forma en que el Pentágono recopila datos sobre víctimas civiles.