Conflictos armados

EPA/OLIVER WEIKEN
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Resumen

Los conflictos armados —las guerras— siguen causando muerte, desplazamientos y sufrimiento en gran escala.

Actualmente tienen lugar numerosos conflictos armados en todo el mundo, incluidos los que implican a partes beligerantes dentro de un solo Estado (conflictos armados no internacionales) y los que implican a fuerzas armadas de dos o más Estados (conflictos armados internacionales). En 2016, más de cien mil personas murieron en los conflictos armados, e innumerables supervivientes sufrieron mutilaciones, tortura, violación, desplazamiento forzado u otras formas de abusos graves. Al finalizar ese año, más de 65 millones de personas de todo el mundo continuaban desplazadas por los conflictos armados. Es la mayor cifra jamás registrada.

Amnistía Internacional documenta y hace campaña contra las violaciones del derecho internacional cometidas durante los conflictos armados, independientemente de quién cometa o dónde se cometan los abusos contra los derechos humanos.

Amnistía apoya a las personas supervivientes en sus demandas de justicia y rendición de cuentas, comenzando ante las autoridades nacionales hasta llegar a instituciones internacionales tales como Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional.

Combatientes jikany nuer del Ejército Blanco en el estado de Alto Nilo (Sudán del Sur), 10 de febrero de 2014. © GORAN TOMASEVIC/Reuters/Corbis

El trabajo de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional realiza investigaciones, in situ o a distancia, sobre violaciones del derecho internacional cometidas durante los conflictos armados.

El equipo de investigación de Amnistía Internacional pasa miles de horas al año sobre el terreno en zonas afectadas por conflictos, entrevistando a testigos y supervivientes y recabando información de diversas organizaciones y del funcionariado local, entre ellos el ejército e instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Los asesores y asesoras de Amnistía Internacional sobre armas y fuerzas armadas identifican las armas y municiones y analizan sus efectos.

Además de informar directamente desde las zonas de conflicto, Amnistía Internacional utiliza diferentes técnicas vanguardistas de teledetección —como el análisis de imágenes satelitales y la verificación de materiales digitales disponibles tales como vídeos y fotografías publicados por testigos— para vigilar los conflictos armados en todo el mundo.

El material fotográfico y los testimonios recopilados sobre el terreno, junto con los datos y las imágenes recabados a distancia, proporcionan la información fáctica en la que se basa el trabajo global de incidencia y de campaña que lleva a cabo Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional realiza trabajo de incidencia de alto nivel y campañas de base específicas para proteger a la población civil en los conflictos y apoyar las demandas de justicia de las personas supervivientes, especialmente mediante el apoyo a la labor de los tribunales nacionales, los tribunales híbridos y la Corte Penal Internacional.

¿Qué dice el derecho?

Los conflictos armados se rigen fundamentalmente por el derecho internacional humanitario (DIH), también conocido como “las leyes de la guerra”. El DIH es un conjunto de normas —codificadas en tratados o reconocidas por la costumbre— que delimitan el comportamiento aceptable de las partes en un conflicto.

Las violaciones graves del derecho internacional humanitario constituyen crímenes de guerra.

Los objetivos primordiales del DIH son minimizar el sufrimiento humano y proteger a la población civil y a excombatientes que ya no participan directamente en las hostilidades como, por ejemplo, las personas prisioneras de guerra.

El DIH exige que las partes en un conflicto distingan entre civiles, que gozan de protección, y combatientes, que son blancos legítimos de ataques. No se puede atacar deliberadamente a civiles, aunque pueden morir o resultar heridos si esto ocurre como parte de un ataque proporcionado contra un objetivo militar. Todas las partes en el conflicto deben adoptar medidas para reducir al mínimo los daños a civiles y bienes de carácter civil (como edificios residenciales, colegios y hospitales) y deben evitar llevar a cabo ataques en los que no se distinga entre civiles y combatientes, o que causen daños desproporcionados a la población civil.

Las violaciones graves de derechos humanos, como los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad (véase el glosario que figura a continuación), pertenecen a una categoría jurídica especial llamada derecho penal internacional. Todos los Estados tienen la obligación de enjuiciar a las personas sobre las que existen sospechas razonables de responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional, incluso mediante el principio de jurisdicción universal, pero muchos de ellos no pueden o no están dispuestos a poner a disposición judicial a los responsables. La comunidad internacional ha establecido tribunales especiales para hacer rendir cuentas a quienes perpetraron este tipo de violaciones de derechos humanos en la ex-Yugoslavia, Ruanda y Sierra Leona. En 2002 se estableció la Corte Penal Internacional (CPI) para poner fin a la impunidad de los delitos de derecho internacional. Hay 124 Estados que son Partes en el documento fundacional de la CPI —el Estatuto de Roma— y están sometidos a la jurisdicción de la Corte. La CPI es un tribunal de última instancia, utilizado cuando los sistemas nacionales de justicia no pueden o no quieren poner a disposición judicial a los responsables. Los casos pueden ser remitidos a la CPI por los Estados Partes o por el Consejo de Seguridad de la ONU, que también puede remitir casos contra Estados que no son Partes en el Estatuto. La fiscalía de la CPI también puede decidir abrir una investigación contra un Estado Parte basándose en pruebas externas. Algunos Estados han establecido tribunales híbridos —tribunales nacionales con elementos internacionales— para exigir responsabilidades a quienes han perpetrado crímenes de derecho internacional.

La primera declaración de culpabilidad de la Corte, en marzo de 2012, fue contra Thomas Lubanga, líder de un grupo armado en República Democrática del Congo.

El derecho internacional de los derechos humanos —corpus jurídico que incluye el derecho internacional consuetudinario, los tratados internacionales de derechos humanos y otros instrumentos, y dota de carácter legal a los derechos inherentes al ser humano— también es aplicable durante las situaciones de conflicto armado.

Amnistía Internacional pide:

No nos detendremos hasta que:

  • se haya acabado con la impunidad por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio;
  • las partes involucradas en los conflictos armados entiendan que nunca está justificado violar las medidas de protección que el derecho internacional brinda a la población civil;
  • se ponga fin al reclutamiento y uso de niños y niñas soldados y se produzca su desmovilización, rehabilitación y reinserción en la sociedad;
  • el innovador Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas cobre vida en la legislación y la práctica nacionales.

Ejemplos de nuestro trabajo:

  1. En 2017, Amnistía Internacional publicó un informe en el que documentaba cómo el gobierno Sirio había cometido crímenes de lesa humanidad —entre ellos asesinato, tortura, desaparición forzada y exterminio— en la prisión de Saydnaya. El informe se publicó tras un año de investigación durante el cual se realizaron entrevistas a exdetenidos, a familiares de detenidos y a funcionarios y guardias penitenciarios que habían trabajado en Saydnaya. La investigación sirvió para sensibilizar más a la opinión pública sobre la situación de las personas detenidas en Siria y para reforzar el compromiso de la Comisión de Investigación de la ONU para Siria con respecto al monitoreo de la detención en el país.
  2. En 2016, gracias a una combinación de testimonios de supervivientes e imágenes satelitales, Amnistía Internacional proporcionó indicios creíbles de que las fuerzas gubernamentales sudanesas había cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad —entre ellos el uso de armas químicas— en la región de Jebel Marra en Darfur (Sudán). Las conclusiones del informe ayudaron en gran medida a que el Consejo de Paz y Seguridad de la UA y el Consejo de Seguridad de la ONU adoptaran resoluciones con el mandato a la fuerza de mantenimiento de la paz en Darfur (UNAMID) de reforzar la protección militar y la ayuda de emergencia en la zona de Jebel Marra.
  3. En 2014, Amnistía Internacional documentó numerosas matanzas de musulmanes en República Centroafricana, así como la violenta expulsión de la población musulmana restante de la mitad occidental del país. La investigación de Amnistía Internacional fue clave a la hora de que el Consejo de Seguridad de la ONU decidiera enviar a una fuerza de mantenimiento de la paz a República Centroafricana para proteger a la población civil.
  4. Amnistía Internacional ha documentado una y otra vez violaciones graves y abusos del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidos en la zona nororiental de Nigeria por el grupo armado Boko Haram y el ejército nigeriano, por ejemplo publicando informes cada año desde 2012. En 2015, Amnistía publicó dos informes en los que se documentaban crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por Boko Haram y el ejército nigeriano; en los informes se facilitaban los nombres de nueve oficiales del ejército de alta graduación que deben ser investigados por su posible responsabilidad penal. Amnistía Internacional sigue ejerciendo presión tanto en el gobierno nigeriano como en la Corte Penal Internacional para garantizar que quienes han cometido crímenes de derecho internacional en este conflicto comparecen ante la justicia.

Glosario

Crímenes de lesa humanidad: crímenes cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil en el marco de una política estatal u organizativa en época de paz o de guerra; entre ellos figuran las desapariciones forzadas, el asesinato, la esclavitud y la deportación o traslado forzoso de población.

Derecho internacional consuetudinario: obligaciones internacionales derivadas de prácticas establecidas de los Estados, que las cumplen porque consideran que les son vinculantes, a diferencia de lo que sucede con las obligaciones derivadas de los tratados internacionales (texto en inglés).

Genocidio: actos cometidos con la intención de destruir, totalmente o en parte, un grupo nacional, étnico, racial o religioso; entre ellos figuran causar la muerte a miembros del grupo, causar lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo, someter intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física —total o parcial—, imponer medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, y trasladar por la fuerza a menores del grupo a otro grupo.

Impunidad: expresión que se emplea cuando alguien puede cometer una infracción (crímenes de guerra, asesinato, crímenes de lesa humanidad, etc.) sin recibir castigo o sufrir consecuencias.

Derecho penal internacional: corpus de derecho internacional público que determina la responsabilidad penal individual y establece la obligación de responder penalmente por crímenes de derecho internacional tales como los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y la tortura.

Derecho internacional humanitario (DIH): conjunto de normas que trata de limitar, por motivos humanitarios, los efectos de los conflictos armados. Estas normas protegen a las personas que ya no participan en las hostilidades y restringen los medios y métodos de guerra.

Derecho internacional de los derechos humanos: corpus jurídico que incluye el derecho internacional consuetudinario, los tratados internacionales de derechos humanos y otros instrumentos, y dota de carácter legal a los derechos inherentes al ser humano.

Conflicto armado internacional: situación en la que se recurre al uso de la fuerza armada entre dos o más Estados, cualesquiera que sean los motivos o la intensidad del enfrentamiento.

Conflicto armado no internacional: enfrentamiento armado prolongado que se produce entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados, o entre estos grupos, y que surge en el territorio de un Estado. El enfrentamiento armado debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en el conflicto deben poseer un nivel mínimo de organización.

Principio de distinción: todas las partes deben distinguir entre objetivos militares y civiles. Cualquier ataque deliberado contra civiles o edificios de carácter civil —como viviendas, centros médicos, escuelas o edificios gubernamentales— es un crimen de guerra (siempre que el edificio no haya sido tomado para uso militar). Si existe alguna duda sobre si el objetivo es civil o militar, deberá presumirse que es civil.

Principio de proporcionalidad: está prohibido lanzar un ataque cuando sea de prever que cause muertos y heridos entre la población civil o daños a bienes de carácter civil que sean excesivos en relación con la ventaja militar que se prevea.

Jurisdicción universal: se refiere al principio según el cual un tribunal nacional puede, y en determinadas circunstancias debe, enjuiciar a personas por crímenes de derecho internacional —como los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el genocidio y la tortura— dondequiera que se hayan cometido, con arreglo al principio de que esos crímenes ponen en peligro a la comunidad internacional o al propio orden internacional, que los Estados pueden decidir proteger emprendiendo acciones a título individual. Ese ejercicio de la competencia se conoce como principio de jurisdicción universal. Amnistía pide a los Estados que garanticen que sus tribunales nacionales pueden ejercer la jurisdicción universal sobre crímenes de derecho internacional, como los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y la tortura.

Crímenes de guerra: crímenes que violan las leyes o costumbres de la guerra definidas en los Convenios de Ginebra y de La Haya; entre ellos figuran los ataques contra población civil, el asesinato, la tortura u otros malos tratos de civiles o personas prisioneras de guerra.

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Cifras básicas

21,2 mill.

personas en Yemen que necesitan ayuda humanitaria (incluidos alimentos, asistencia médica y refugio), de las cuales más de 11 millones son niños y niñas (UNOCHA, 2017)

65,6 mill.

personas desplazadas a consecuencia de la persecución, el conflicto, la violencia o violaciones de derechos humanos (ACNUR, 2017)