Resumen

Las partes en el conflicto de Yemen siguieron cometiendo con impunidad violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. La coalición dirigida por Arabia Saudí, que apoyaba al gobierno yemení reconocido internacionalmente, y las fuerzas huzíes siguieron llevando a cabo ataques en los que, ilegítimamente, se mató e hirió a civiles y se destruyeron bienes civiles, incluida infraestructura de producción y distribución de alimentos. Las fuerzas del Consejo de Transición del Sur llevaron a cabo ejecuciones sumarias. Las partes en el conflicto llevaron a cabo hostigamiento, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos, y juicios injustos de personas a causa de sus vínculos políticos, religiosos o profesionales, su activismo pacífico o su género. Todas las partes cometieron actos de violencia y discriminación por motivos de género. El gobierno y el Consejo de Transición del Sur emplearon violencia letal para reprimir protestas mayoritariamente pacíficas que exigían medidas para abordar el deterioro de la situación económica. Las partes en el conflicto obstaculizaron la circulación de alimentos, medicamentos, combustible y ayuda humanitaria. Las autoridades de facto huzíes impidieron la vacunación contra la COVID-19. Arabia Saudí y Bahréin captaron apoyos entre los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU contra la renovación del Grupo de Eminentes Expertos Internacionales y Regionales sobre Yemen de la ONU, con lo que forzaron el fin del único mecanismo internacional imparcial de investigación sobre Yemen. Todas las partes en el conflicto contribuyeron a la degradación medioambiental. Se impusieron condenas a muerte y se llevaron a cabo ejecuciones.