Resumen

Las partes en el conflicto de Yemen siguieron cometiendo con impunidad violaciones del derecho internacional humanitario y abusos contra los derechos humanos. La coalición dirigida por Arabia Saudí, que apoyaba al gobierno yemení reconocido internacionalmente, y las fuerzas huzíes siguieron llevando a cabo ataques en los que se mató e hirió a civiles y se destruyeron bienes civiles de manera ilegítima. Todas las partes en el conflicto llevaron a cabo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, hostigamiento, tortura y otros malos tratos, y juicios injustos de personas a las que perseguían únicamente por sus vínculos políticos, religiosos o profesionales, o por su activismo pacífico. Las partes en el conflicto obstaculizaron la circulación de productos de los que dependían vidas humanas, como alimentos, medicinas y combustible, y las fuerzas huzíes continuaron imponiendo restricciones arbitrarias a los organismos de ayuda humanitaria. El brote de la pandemia de COVID-19 ejerció una presión adicional sobre un sistema de atención de la salud ya mermado, que sólo tenía en funcionamiento el 50% de sus hospitales e instalaciones sanitarias en comparación con 2016. Además, la disminución del 50% del fondo de respuesta humanitaria con respecto a 2019 agravó aún más los efectos de la pandemia en lo que quedaba del sistema de salud, aumentó la inseguridad alimentaria y limitó el acceso a agua apta para el consumo, saneamiento y servicios de salud pública. Las personas con discapacidad y la población trabajadora migrante sufrieron de forma desproporcionada los efectos combinados del conflicto y la pandemia. Se dictaron sentencias de muerte por una amplia variedad de delitos, y se llevaron a cabo ejecuciones.