Resumen

Todas las partes en el prolongado conflicto de Yemen siguieron cometiendo con impunidad violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. A pesar del acuerdo de alto el fuego, siguieron llevando a cabo ataques ilegítimos que mataron e hirieron a civiles, interfirieron en su acceso a la ayuda humanitaria y destruyeron bienes de carácter civil. El gobierno de Yemen reconocido internacionalmente y las autoridades de facto huzíes continuaron hostigando, deteniendo arbitrariamente y procesando a periodistas y activistas por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión o por su afiliación política. Todas las partes cometieron actos de discriminación y violencia por motivos de género. Las autoridades de facto huzíes prohibieron a las mujeres viajar sin un tutor masculino, lo que dificultaba cada vez más a las yemeníes trabajar y entregar o recibir ayuda humanitaria. Todas las partes continuaron sometiendo a las personas LGBTI a detenciones arbitrarias, tortura —incluidas violaciones y otras formas de violencia sexual—, amenazas y hostigamiento. Todas las partes en el conflicto contribuyeron a la degradación ambiental.